El del padre de José fue el primer caso de eutanasia en la ciudad de Cádiz. Murió el 3 de agosto de 2021, pero hacerlo le costó más de cinco meses, a pesar de que ese era su deseo y así lo había manifestado en varias ocasiones y ante cinco médicos diferentes, según recuerda su hijo. "Mi padre podía argumentar y razonar y así lo hacía", cuenta, desde el otro lado del teléfono. Sin embargo, su estado físico hacía que su caso entrara dentro de lo que la ley, aprobada ahora hace dos años, considera "padecimiento grave, crónico e imposibilitante". "Mi padre estaba ciego y ya no podía moverse ni salir de la cama. Lo que le quedaba de vida iba a ser todo sufrimiento", rememora José.
El 23 de febrero presentaron la solicitud para acogerse a la muerte digna, algo que, según los plazos de la normativa, tendría que haberse resuelto en torno a los 30 ó 40 días. Pero no fue así. Desde el primer momento, critica José, todo estuvo lleno de "incidencias". Casi ningún médico sabía cómo tenía que proceder, en el centro de salud de su padre le comunicaron que "todos habían objetado" y encontrar a los dos médicos necesarios por ley para llevar a cabo el proceso —el responsable y el consultor— también fue un camino lleno de obstáculos.
"Yo sé que es una ley nueva y muy delicada, pero estoy seguro de que en el fondo lo que pasa es que la Administración no facilita el proceso al no informar a los profesionales", lamenta José.
Lo cierto es que no en todas las comunidades ocurre lo mismo. Así lo certifica un documento presentado este jueves en Madrid por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que concluye que, dos años después de la entrada en vigor de la norma, los obstáculos para acogerse a este derecho siguen demasiado presentes, aunque no en todas las autonomías parecen ser iguales, a la luz de las pocas cifras que, critica la organización, están disponibles. "La información ofrecida por las administraciones implicadas" en la aplicación de la normativa, que entró en vigor el 25 de junio de 2021, "es escasa, heterogénea y, a menudo, hueca". "Los datos disponibles no permiten analizar la situación más que de manera superficial", lamentan desde Derecho a Morir Dignamente.
Según informan fuentes de la asociación, sólo disponen de datos de las solicitudes denegadas hasta el mes de julio de 2022, poco más de un año después de la entrada en vigor de la Ley. Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja no detallaron estas cifras, pero según el cómputo que maneja la organización, son Aragón y Andalucía, las que más peticiones de eutanasia han rechazado (un 44% y un 32%, respectivamente). Cataluña, con un 6%, y Asturias, con un 8%, son las que menos solicitudes denegaron.
Además de estos datos, la Asociación afirma que Navarra y Cataluña son las regiones en las que ha habido un mayor porcentaje de eutanasias sobre el total de fallecimientos registrados en 2022 —0,2% y 0,1%, respectivamente. En cambio, Murcia y Galicia —0,01% y 0,02%— son las autonomías que se encuentran a la cola en el número de peticiones llevadas a cabo. A nivel nacional, el porcentaje se sitúa en el 0,07%, un número "muy alejado del de países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado", donde representa, dicen, entre el 1% y el 4%".
"La implantación va despacio con respecto a otros países cercanos al nuestro que legislaron antes. Pero lo importante es que tenemos el derecho, no importa tanto la cantidad. Siempre será una forma minoritaria de morir. La propia Ley la define como una excepción", ha comentado el portavoz de DMD Fernando Sanz, que ha comparecido en la rueda de prensa de este jueves junto a Fernando Marín.
Sanidad privada, objeción de conciencia y plazos
La diferencia radica en las dificultades a las que, como el padre de J., se enfrentan muchas de las personas que quieren acogerse a la muerte digna.
El Tribunal Constitucional avala la ley de eutanasia
La primera, afirman desde Derecho a Morir Dignamente, es la sanidad privada, pues todavía hay muchas aseguradoras que no dan respuesta a las solicitudes. La segunda tiene que ver con un mal manejo de la objeción de conciencia, debido a que algunos facultativos se niegan a informar de su condición al paciente y de remitir la solicitud a sus superiores para que atienda el caso otro compañero o compañera. La tercera, por último, está relacionada con los excesivos plazos a los que se somete a quienes ya han mostrado su deseo de someterse a una eutanasia. "No es razonable que todavía haya personas que requieren de varios meses para completar un proceso que, en las circunstancias adecuadas, puede hacerse con todas las garantías en menos de 25 días", critican desde Derecho a Morir Dignamente.
Por todo ello, desde la Asociación exigen actualizar el Manual de buenas prácticas en eutanasia que se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud para que todos los centros sanitarios y sociosanitarios, sean públicos y privados, tengan un protocolo para dar respuesta a estas peticiones. Piden, además, que la figura del médico consultor, que es quien aprueba la solicitud, no tenga que ser una persona ajena al paciente, "un obstáculo innecesario y perjudicial". Y ven necesario, por último, implantar "un sistema de referentes en todas las comunidades", una de las medidas que se han demostrado eficaces para dar una respuesta adecuada a este derecho que, además, acaba de ser avalado por el Tribunal Constitucional.
Lo hizo tras rechazar, por mayoría, el recurso interpuesto por Vox, que aseguró que la norma presentaba una "radical inconstitucionalidad" porque sacrificaba "el derecho fundamental a la vida" sobre la besa de una "inconstitucional ponderación con otros bienes constitucionales, en atención a los cuales no puede ceder el derecho fundamental a la vida". Sin embargo, en su borrador de sentencia, el magistrado Ramón Sáez considera que la norma garantiza el "derecho a la autodeterminación de la persona" sin "dejar desprotegida la vida", a la que se dispensa un grado de protección que no considera "insuficiente".
El del padre de José fue el primer caso de eutanasia en la ciudad de Cádiz. Murió el 3 de agosto de 2021, pero hacerlo le costó más de cinco meses, a pesar de que ese era su deseo y así lo había manifestado en varias ocasiones y ante cinco médicos diferentes, según recuerda su hijo. "Mi padre podía argumentar y razonar y así lo hacía", cuenta, desde el otro lado del teléfono. Sin embargo, su estado físico hacía que su caso entrara dentro de lo que la ley, aprobada ahora hace dos años, considera "padecimiento grave, crónico e imposibilitante". "Mi padre estaba ciego y ya no podía moverse ni salir de la cama. Lo que le quedaba de vida iba a ser todo sufrimiento", rememora José.