El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz ha recurrido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por la Kitchen, al considerar que se ha producido un "cierre en falso" de la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas porque el juez instructor sitúa en el Ministerio el origen de este supuesto operativo ilegal, algo que cree que "atenta contra el más elemental sentido común", informa Europa Press.
García-Castellón procesó a Fernández Díaz, entre otros mandos de Interior y Policía, al entender que el exministro se encontraría en la cúspide de lo que describe como una estructura delictiva ideada para espiar a Bárcenas y su entorno, usando para ello recursos policiales -incluidos fondos reservados- a fin de localizar la información sensible que pudieran tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.
Según el relato judicial, fue Fernández Díaz quien, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a su entonces número dos, Francisco Martínez, a poner en marcha esta "misión" y el secretario de Estado de Seguridad a su vez hizo las gestiones oportunas con los mandos policiales para ejecutar la Kitchen. Fernández Díaz combate esta tesis en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, donde pide al propio juez y, con carácter subsidiario, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le saquen de la lista de procesados por este presunto operativo parapolicial contra los Bárcenas.
Para el ex ministro, "tal interpretación es ajena a toda lógica". Argumenta que, conforme han sostenido juez y Fiscalía, el objetivo de la Kitchen era sustraer a Bárcenas la información "perjudicial" que pudiera tener sobre "algunos dirigentes del Partido Popular" en relación con los famosos 'papeles' del ex tesorero y -recalca- que entre ellos no se encuentra Fernández Díaz, por lo que "no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial" en curso. "No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto (los 'papeles' de Bárcenas), por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial", esgrime la defensa.
En consecuencia, prosigue, "la interpretación del excelentísimo instructor 'encapsulando' los hechos en el entorno del Ministerio de Interior y rechazando la vía de investigación hacia el origen del problema, atenta contra el más elemental sentido común y contradice el resultado de las diligencias practicadas". Así, el antiguo responsable de Interior cree que el auto de procesamiento de García-Castellón apuntándole como 'cerebro' de la KitchenKitchen "supone un cierre 'en falso' de la investigación, cercenando bruscamente otra vía de investigación que es la que está precisamente articulando el Ministerio Público".
La Fiscalía pidió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que indagara si el número de teléfono que el comisario José Manuel Villarejo -otro de los procesados- atribuyó al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, pertenecía a alguien del PP. García-Castellón lo rechazó basándose en un informe policial que no halló conexión alguna entre ese número y los usados por el policía, por lo que no dio credibilidad a que Villarejo se mensajeara con Rajoy sobre KitchenKitchen.
Sin embargo, para Fernández Díaz "es claro que el origen de la 'Operación Kitchen' ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio de Interior". "Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio de Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", remacha.
Un "planteamiento simplista"
El otro jefe de Interior reprocha a García-Castellón que caiga en "el planteamiento simplista" de apuntarle como máximo responsable de la KitchenKitchen por haber dirigido dicho Ministerio durante los años en los que se habría desarrollado el operativo, entre 2013 y 2015, y su consecuente "ascendencia" sobre los mandos policiales que lo habrían protagonizado. "Meras conjeturas", no "datos objetivos" de los que se pueda deducir responsabilidad penal, estima.
A este respecto, la defensa aduce que el único fundamento para sostener la acusación contra Fernández Díaz es el testimonio de Martínez y, concretamente, los mensajes que el ex secretario de Estado dice que se intercambió con su antiguo superior sobre Kitchen y que protocolizó en dos actas notariales que han sido profusamente analizadas a lo largo de la instrucción de esta pieza separada de la macrocausa TándemTándem.
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El recurso cuestiona el valor probatorio tanto de la palabra de Martínez, un "coimputado" que habría hecho "declaraciones interesadas" no corroboradas por otra vía, y de las actas notariales, insistiendo en que no acreditan que el ex ministro fuera el verdadero destinatario de esos mensajes ni que éstos no fueran manipulados. En este sentido, reitera que "fueron prefabricados" para incriminar a Fernández Díaz y "quizá exculpar a otras personas", que no nombra.
También se apoya el escrito en que ningún mando policial de la época implicó a Fernández Díaz en la Kitchen y en que el exministro no figura en las grabaciones y agendas manuscritas de Villarejo que nutren la causa. Sobre este punto, apostilla que, en cambio, en esos materiales sí se hacía referencia a diversas personas "plenamente identificadas en la presente investigación", entre las que la defensa menciona a Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Por tanto, concluye el escrito que "no existen motivos para sostener por más tiempo la imputación de don Jorge Fernández Díaz en esta pieza, con riesgo de someterle injustificadamente a una 'pena de banquillo' adicional a la 'pena de telediario' que ya ha sufrido".
El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz ha recurrido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por la Kitchen, al considerar que se ha producido un "cierre en falso" de la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas porque el juez instructor sitúa en el Ministerio el origen de este supuesto operativo ilegal, algo que cree que "atenta contra el más elemental sentido común", informa Europa Press.