La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene vivas cerca de 210 diligencias penales en toda España por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y discapacitados en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus. Con datos actualizados a fecha de 6 de julio, la Comunidad de Madrid es la que continúa encabezando el número de expedientes incoados con aproximadamente 107, a los que suma seis procedimientos judiciales abiertos también relacionados con residencias.
Según este informe de Fiscalía, que recoge Europa Press, las diligencias civiles esta semana suman un total de 183 expedientes en toda España, mientras que los asuntos que han llegado a sede judicial y se encuentra en instrucción son un total de 29.
En el ámbito de diligencias penales, tras la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de investigaciones penales abiertas por las distintas fiscalías son Cataluña con 27 y 6 asuntos judicializados ya, Castilla-La Mancha con 23 expedientes, Castilla y León con 22 y Galicia con un total de 12 investigaciones abiertas por denuncias relacionadas con residencias de la tercera edad. Exceptuando Extremadura que mantiene vivas siete investigaciones penales, el resto de comunidades apenas cuentan con dos, una o ninguna diligencia. Es el caso de Andalucía (2), La Rioja (2), Comunidad Valenciana (1), Navarra (1), Baleares (1), Canarias (1), Asturias (1), Aragón (1), Cantabria (0), Murcia (0) o País Vasco (0).
Según el informe facilitado por la Fiscalía, esta semana se ha decretado el archivo de cinco expedientes de diligencias de investigación penal en las fiscalías de Teruel (1), Gandía (1) y Barcelona (3). Por contra, se han incoado hasta siete nuevas, dos en la Fiscalía Provincial de Madrid, dos en la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada, una en Gandía, una en Cuenca y una en León.
Casi 30 asuntos judicializados
En cuanto a los procedimientos judiciales en curso relacionados con hechos denunciados ocurridos en residencias de mayores, establecimientos sanitarios y centros de atención a personas con discapacidad, el Ministerio Fiscal tiene constancia de que se instruyen hasta 29 en diferentes juzgados. Por comunidades, los que más asuntos tienen judicializados son Cataluña (6), Comunidad de Madrid (6), Castilla y León (5) y Aragón (5), a las que sigue la Región de Murcia (3), Extremadura (2), Castilla-La Mancha (1) y Galicia (1).
LA FGE informa además del archivo por medio de auto de fecha 24 de junio de las diligencias previas nº 102/2020 del Juzgado de Instrucción de La Roda, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, además de la incoación de dos nuevos procedimientos de diligencias previas en Juzgados de Instrucción de la localidad de Alcalá de Henares.
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10 diligencias civiles archivadas
En cuanto a las diligencias civiles, han disminuido con respecto a la semana pasada, siendo 183 la cifra de actuaciones abiertas en las fiscalías territoriales, desde donde se hace el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores. En el último recuento del Ministerio Publico no se ha registrado ninguna nueva diligencia incoada, sino el archivo de 10 actuaciones de esta misma naturaleza en Baleares (2) y Comunidad Valenciana (10).
Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas donde permanecen abiertos más procedimientos civiles, con decenas de diligencias. Le siguen Castilla y León, con una veintena de actuaciones vivas; y Galicia, con una decena. El resto de regiones, salvo Asturias que no ha incoado ninguna diligencia civil, acumulan escasos procedimientos de esta índole, estando por debajo de las anteriores.
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene vivas cerca de 210 diligencias penales en toda España por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y discapacitados en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus. Con datos actualizados a fecha de 6 de julio, la Comunidad de Madrid es la que continúa encabezando el número de expedientes incoados con aproximadamente 107, a los que suma seis procedimientos judiciales abiertos también relacionados con residencias.