La Fiscalía ha pedido al juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que rectifique su decisión y aplique la amnistía a la malversación atribuida al expresidente catalán Carles Puigdemont y al resto de exconsejeros procesados en rebeldía. "La voluntad del legislador es clara", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que "no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales aseguran que la decisión de Llarena de no considerar aplicable la amnistía a la malversación atribuida a Puigdemont y el resto de exconsejeros procesados en rebeldía "no es ajustada a Derecho". "El Ministerio Fiscal discrepa de la interpretación sostenida por el auto que se recurre: consideramos que la amnistía prevista por la LO 1/2024 es aplicable a los hechos que son objeto de investigación de esta Causa Especial", señalan.
Al hilo, insisten en que "no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación". Defiende, sin embargo, que la malversación atribuida a Puigdemont no hubo enriquecimiento personal ni afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.
En el marco del escrito, la Fiscalía insiste en que debe levantarse la orden nacional de detención que permanece activa sobre el expresidente catalán y el resto de encausados.
Se apoya en el voto de la magistrada discrepante para pedir amnistiar a Junqueras
Además, la Fiscalía se ha apoyado en el voto particular que emitió una de las magistradas del tribunal que juzgó el procés para pedir al Supremo que corrija su decisión y amnistíe la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.
El Ministerio Público ha presentado un recurso de súplica ante el propio tribunal en el que ha hecho referencia a la postura de la magistrada Ana Ferrer, que presentó un voto particular contra la decisión de los otros cinco magistrados que conformaban la mayoría de no amnistiar la malversación al procés.
En el escrito presentado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía defiende que los hechos declarados probados tienen cabida dentro de la ley de amnistía. "Los mismos son susceptibles de ser amnistiados", señalan la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal Joaquín Sánchez-Covisa.
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En este sentido, insisten en que en la malversación atribuida a Junqueras y al resto de condenados del procés no hubo enriquecimiento personal ni afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. "Resultó acreditado que todos los fondos malversados pertenecían al patrimonio de la Generalitat Catalana, no hay acreditación de que provinieran de fondos europeos", subrayan.
Por ello, aseguran que "la interpretación razonable de la norma" es amnistiar la malversación del procés, "como indica el voto particular que es compartido por el Ministerio Fiscal". "Como en dicho voto se señala la literalidad de los preceptos de la ley de amnistía, la voluntad legislativa que ha inspirado la misma, así como la jurisprudencia que ha perfilado los elementos típicos del delito de malversación, conducen a esta interpretación de la norma jurídica como única razonable posible", recalca el Ministerio Público.
Con todo, los fiscales inciden en que la resolución de la Sala de lo Penal del Supremo, "aun cuando prescinde del relato de hechos probados de la sentencia" del procés, "no puede dejar de reconocer que los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión y que su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación". Así las cosas, la Fiscalía insiste en que la actuación de los condenados "se inserta con naturalidad en el ámbito que se recoge en el artículo 1" de la ley de amnistía.
La Fiscalía ha pedido al juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que rectifique su decisión y aplique la amnistía a la malversación atribuida al expresidente catalán Carles Puigdemont y al resto de exconsejeros procesados en rebeldía. "La voluntad del legislador es clara", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que "no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía".