El fiscal pide investigar los negocios del novio de Ayuso con Quirón mientras espera un pacto por el fraude fiscal
La Fiscalía considera que hay más hilos de los que tirar en la causa que persigue desde hace diez meses a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y así se lo ha trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid. En un duro escrito con el que da respuesta a un recurso de Alberto González Amador, el Ministerio Público defiende la apertura de una pieza separada en el procedimiento para que se indague en un posible delito de corrupción en los negocios. Pese a ello, la Fiscalía mantiene su intención de alcanzar a un pacto con el empresario en lo relativo al fraude fiscal y la falsedad documental que le persigue.
La ampliación de la investigación es, precisamente, lo que ha mantenido en stand by la causa contra González Amador a lo largo de los últimos tres meses. La titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, acordó a finales de octubre la apertura de una pieza separada centrada en los negocios del novio de Díaz Ayuso con Quirón Prevención, filial el gigante sanitario. González Amador recurrió. Y el caso se paralizó a la espera de que la Audiencia de Madrid resolviera. También en lo relativo al fraude fiscal y la falsedad documental.
Los hechos que sustentan esta pieza separada y que fueron puestos sobre la mesa por PSOE y Más Madrid –que ejercen la acción popular–, según se recoge en el auto de incoación de la misma, se remontan a finales de 2021. En los últimos compases de aquel año, Maxwell Cremona, junto a Masterman & Whitaker, firmaron un acuerdo con Quirón Prevención SL para que parte de los contratos con esta última fueran cedidos a la segunda sociedad, adquirida algunos meses antes bajo la denominación Círculo de Belleza SL.
De esta manera, siempre según la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, se cedió a Masterman "la facturación de los trabajos relativos a la expansión en Latinoamérica" y la "propuesta para el desarrollo e implantación de la Joint Commision International en la Fundación Jiménez Díaz". Una "cesión parcial de un contrato de servicios" a una "sociedad instrumental o de pantalla" para "ubicar de forma ilícita y fraudulenta en esa mercantil" parte de los ingresos generados por "servicios prestados realmente" por Maxwell.
El auto de apertura, además, recogía cómo esta "sociedad instrumental" había acabado en manos de González Amador. El 4 de diciembre de 2020, se transmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza SL, que luego pasaría a llamarse Masterman. Un "importe elevado", a ojos de la Agencia Tributaria, si se tiene en cuenta lo que facturaba –el año previo a su adquisición, 29.745 euros–. La sociedad, constituida en 2008, fue adquirida a la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención SL.
Esta ampliación de la investigación fue recurrida ante la Audiencia de Madrid por González Amador. Un recurso al que el fiscal encargado del caso, Diego Lucas, acaba de dar respuesta. En su escrito, el representante del Ministerio Público defiende la continuidad de la pieza separada. Descarta la existencia, como dejaban caer las acusaciones populares, de un delito de administración desleal al ser ambas sociedades "propiedad en su totalidad del investigado". Pero sí ve un posible delito de corrupción en los negocios.
Al fiscal le resulta "muy llamativo" que la defensa de González Amador no haya dado "explicación" de por qué el empresario pagó medio millón de euros a la esposa de Camino "por una empresa que carecía de valor". "La sociedad no tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor (amortizado en 2013) y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", sostiene la Fiscalía.
Una "comisión encubierta"
El fiscal sospecha que esa adquisición, que se llevó a cabo poco después de que la pareja de Ayuso cobrase 1,97 millones de euros por mediar en una operación de compraventa de mascarillas en la que participaba Mape –donde Camino era consejero–, pueda ser realmente "el pago de una comisión encubierta". "Que todo ello conforma un conjunto de indicios bastantes de la existencia de un delito del artículo 286 bis –corrupción en los negocios– no es desde luego una decisión irrazonable, y en consecuencia, debe ser confirmada", escribe.
El fiscal también pone en el foco al gigante sanitario: "Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga González Amador es algo que ya apreció la inspección tributaria. Sus razones tendrá para ello la mercantil. Pero, aunque fuera claro desde el principio que el interés patrimonial de la mercantil Quirón Prevención no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros, por ser el investigado González Amador –que es quién es– quien la paga, el bien jurídico que evidentemente también está afectado es el orden socioeconómico. Esto es, que los precios en el mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos", continúa el fiscal.
El Ministerio Público también rechaza que se trate de una investigación prospectiva. Y para ello, se apoya en el visto bueno de la Sección nº23 de la Audiencia de Madrid a la investigación del magistrado Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Con la única diferencia, eso sí, de que en este caso la notitia criminis no son "afirmaciones periodísticas más o menos contrastadas", sino que se observan de "los documentos públicos y privados aportados" en un procedimiento llevado a cabo por la Agencia Tributaria.
El pacto por fraude fiscal
Pese a la posición mantenida en este escrito, el Ministerio Público sigue dispuesto, según ha podido saber infoLibre, a cerrar un acuerdo con González Amador en la ramificación principal del caso, donde se le investiga por fraude fiscal y falsedad documental. "No es incompatible, son dos piezas separadas. Una se puede cerrar con una conformidad a pesar de que esté la otra", explican las fuentes consultadas por este diario. De hecho, el Ministerio Público pidió este martes a la instructora que reactive el caso y llame a declarar a los investigados tras tres intentos fallidos.
El empresario ha buscado desde el primer momento un acuerdo que le evite la cárcel. Y prueba de ello es el correo que el 2 de febrero su defensa envió a una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid: "Estudiado el asunto [...] es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora".
A punto estuvo de cerrarse un pacto –ocho meses de cárcel y cerca de medio millón de euros de multa– a finales de junio, pero el escrito de las acusaciones populares pidiendo ampliar la investigación lo abortó. Habrá que ver si esa sigue siendo, en caso de continuar esta pieza separada, la voluntad del empresario, teniendo en cuenta el riesgo que podría entrañar una segunda investigación habiendo aceptado ya una primera condena. Y teniendo en cuenta también que en estos momentos hay una causa abierta en el Supremo contra el fiscal general del Estado que puede intentar usar para pedir la nulidad de su procedimiento.
Del mismo modo, habrá que ver si la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, sigue dispuesta a alcanzar un acuerdo con el investigado. Porque el pacto, explican las fuentes jurídicas consultadas, solo puede ser a tres.