El futuro penal del el presidente del PP, Pablo Casado, depende en estos momentos de que el Tribunal Supremo decida o no exigirle la presentación de los trabajos del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que asegura tener en su poder así como del ordenador con el que afirma haberlos escrito hace ahora casi una década y que, según su propia versión, todavía conserva.
Si el recién elegido líder de los conservadores hace entrega al Supremo de los trabajos y del ordenador y prueba con ello no sólo que los documentos académicos existen sino que fueron realizados en 2009, Casado habrá conseguido sembrar algo más que una duda razonable acerca de su connivencia con el resto de los implicados en la trama que está siendo investigada por haber logrado “que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva”. Asi describe la actividad de los imputados la juez Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción numero 51 de Madrid.
Claro que, antes de practicar las diligencias que le pide la juez, primero el Alto Tribunal debe decidir —oída la Fiscalía— si admite su petición. Rodríguez-Medel explica en el escrito que ha dirigido a la sala de admisiones del Supremo con todo lujo de detalles las diligencias que ha practicado hasta ahora, cómo ha recopilado indicios suficientes de la comisión de sendos delitos de cohecho pasivo y prevaricación administrativa y por qué no puede dar ni un paso más en la instrucción sin involucrar a Casado, al que no puede ni siquiera citar porque su condición de aforado —es diputado en el Congreso— le hace intocable para el juzgado de instrucción número 51.
Esa es la razón por la que la juez pide al Supremo que intervenga. Para tomar declaración a Casado en calidad de imputado, requerirle la entrega de “los trabajos que permitieron su calificación en cuatro asignaturas” —además de cualquier otro documento, incluidos correos electrónicos o acuses de recibo, “que evidencien que fueron efectivamente elaborados en el curso académico 2008-2009 y remitidos o entregados en dicha fecha para su calificación”— y pedirle que “aporte el ordenador portátil antiguo en el que se encontraban archivados los trabajos presentados para su calificación en el máster” y cuya existencia fue revelada por el propio presidente del PP en las declaraciones públicas que realizó el 10 de abril de 2018. “Todo ello a fin de que la policía judicial informe de la antigüedad de los documentos informáticos archivados como tales trabajos y si han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo de 2018”, precisa la juez en el escrito que ha enviado al Supremo.
Preguntado acerca de si está dispuesto a entregar al Supremo el ordenador que ahora se ha convertido en pieza clave de la investigación, Casado evitó responder a la pregunta y se limitó a decir que va a “colaborar en todo” lo que le pida la justicia, como ha hecho “hasta ahora”, pero, en una rueda de prensa convocada en la sede del PP poco antes de partir hacia Colombia, cuestionó que el Supremo tenga que dedicar su tiempo a ocuparse “de un curso de hace diez años por supuestas irregularidades que en todo caso estarían prescritas y que, sobre todo, no se cometieron”.
Los indicios contra Casado citados por la juez incluyen que, según sus propias declaraciones, no fue a clase, no se sometió a exámenes y los supuestos trabajos que entregó para ser evaluados los presentó en persona, sin que consten correos electrónicos ni documento alguno de aquellas fechas que corroboren su existencia.
Sólo falta “una sencilla diligencia”
Por eso la juez dirige toda su atención precisamente a esos trabajos: Pablo Casado, relata la instructora en su escrito, exhibió en rueda de prensa hace varias semanas “unos documentos que podrían corresponderse” con ellos. A juicio de esta instructora, lo decisivo no es sólo que se aporten los mismos sino, a falta de una evidencia documental de su entrega en aquel año, resulta esencial corroborar que se elaboraron efectivamente en ese año académico 2008-2009” y no fueron fabricados ex profeso a raíz del escándalo. Algo que, subraya Rodríguez-Mendel, puede establecer “una sencilla diligencia de investigación por la policía judicial” para “determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o elaboración posterior”. Basta con tener acceso al ordenador personal que el hoy líder del PP usaba en aquella época y que él, mismo, en esa rueda de prensa, aseguró conservar.
El líder del PP, en la rueda de prensa que ofreció este lunes, evitó los detalles, pero dedicó tiempo a señalar que su situación personal tiene, según él, mucho de extraordinaria. “Lo que se me ha hecho a mí”, afirmó, “no se ha hecho a nadie en este país. Y, por lo que tengo viajado, en ningún otro”, subrayó. E insistió en calificar este asunto como “algo irrelevante” en “términos políticos”.
El hecho “irrelevante” del que habla Casado es la supuesta comisión de delitos de cohecho impropio y prevaricación por parte de tres profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y varios alumnos, entre los que indiciariamente se encuentra él mismo.
Según la jueza de instrucción, el Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid fue utilizado “como regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación sin mérito académico alguno” mientras otros alumnos lo cursaban con normalidad. Los beneficiarios de esta conducta delictiva habrían sido exclusivamente “alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde, máximo responsable del instituto que impartía el máster.
Casado mezcló este lunes el máster, por el que está siendo investigado, con la tesis que no llegó a hacer pero que podría haber llevado a cabo precisamente gracias a este máster. En vez de hablar del máster se refirió a la tesis para decir que “en ningún caso se puede tratar de regalo algo que sencillamente no se tiene. Era un curso de doctorado que habilitaba para escribir una tesis que finalmente no se hizo. Yo no tengo ningún título para colgar en ninguna pared” añadió, a pesar de que él mismo lo hizo constar en su currículum oficial en el Congreso de los Diputados.
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“En ningún caso he recibido ningún regalo”, insistió, ni he solicitado absolutamente nada que fuera lo que se hiciera con el resto de los alumnos”. Una afirmación que choca con las conclusiones preliminares de la juez, según la cual existían dos clases bien diferentes de alumnos: los que iba a clase, hacían los trabajos y los conservan y los que no acudían a las aulas y no encuentran por ninguna parte rastro alguno de los documentos académicos que estaban obligados a presentar, entre los que supuestamente estaría el líder del PP. Es decir: los que cursaban el máster y los que lo recibían sin hacer nada. “[Yo] hice todo lo que se me pidió; hice todo correctamente”, repitió Casado en rueda de prensa tras conocer el escrito remitido por la juez al Supremo.
Para que el Supremo acepte ocuparse del caso, no basta que atienda los indicios hallados por la juez: es imprescindible que los supuestos delitos no hayan prescrito, tal y como asegura el propio Casado. Por eso dedica a este asunto la magistrada instructora una parte del escrito que remitió al Alto Tribunal: según su razonamiento, si bien el delito de cohecho impropio sí podría haber prescrito, no ocurre lo mismo con el de prevaricación administrativa. Y en este caso uno de ellos no tendría sentido sin el otro, porque el primero castigaría “recibir como regalo una titulación de máster” y el segundo penalizaría, según la juez, conceder o recibir el máster a sabiendas de que no se tiene derecho a él. La concurrencia de ambos, asegura la instructora, anularía el riesgo de prescripción.
La conducta de Casado, concluye Rodríguez-Medel, “puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa” porque no sólo se matriculó en el máster sino que aceptó “el título, usándolo en su currículum vitae, tal y como se desprende de la página web del Congreso de los Diputados”. Y también de cohecho impropio, porque “la propia naturaleza del regalo (una titulación académica) exige una participación activa del sujeto que lo recibe y que esta participación sea anterior a obtener la dádiva”. Es precisamente “esta participación, activa, previa y necesaria por la naturaleza del regalo”, lo que “vincula el cohecho a la prevaricación administrativa que supone la concesión arbitraria del título académico”.
El futuro penal del el presidente del PP, Pablo Casado, depende en estos momentos de que el Tribunal Supremo decida o no exigirle la presentación de los trabajos del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que asegura tener en su poder así como del ordenador con el que afirma haberlos escrito hace ahora casi una década y que, según su propia versión, todavía conserva.