Pese a la recuperación macroeconómica, los números del gasto social en España siguen por debajo del umbral precrisis. Los presupuestos autonómicos de 2018 dedicaron a sanidad, educación y servicios sociales 112.661,5 millones. Aunque la línea es ascendente a partir de 2013, el año con menor gasto social (100.000 millones), el montante de 2018 sigue por debajo de 2009, cuando casi alcanzaron los 117.000 millones, según un análisis de las cuentas de las comunidades realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a partir de datos oficiales de las autonomías, Hacienda y el Banco de España. Dicho informe señala que los servicios esenciales, tras un periodo de mejoría vinculado a la recuperación económica, se encuentran de nuevo “en peligro”.
Una década después del estallido de la crisis, y cuando ya circulan advertencias de una posible recaída, no se ha recuperado el presupuesto social. Tomando como referencia los años 2009 y 2018, el gasto en sanidad, educación y servicios sociales ha caído en 4.190,2 millones, un 3,4%.
En 2018 las comunidades gastaron menos por habitante que en 2009 en las dos áreas fundamentales del Estado del bienestar: en sanidad la inversión ha pasado de 1.392,7 a 1.295,8 euros (-6,95%); en educación, de 884,8 a 840,6 euros (-4,99%). En servicios sociales se ha producido una subida desde 257,9 a 283,7 euros (+10%).
El informe también incluye los presupuestos iniciales de las comunidades de 2019, si bien no están trabajados en profundidad como el resto, ni pueden homogeneizarse con las liquidaciones presupuestarias o las cuentas definitivas de los demás años, lo cual invita a la prudencia. Dicho esto, la cuantía dedicada a gasto social por las comunidades en los presupuestos iniciales asciende a 116.100 millones de euros, aún por debajo de 2009.
Gasto por habitante
Hay nueve comunidades autónomas que en 2018 han dedicado más recursos a gasto social por habitante que en 2009: Baleares (+15,56%), Comunitat Valenciana (6,14%), Navarra (+5,94%), País Vasco (+4,86%), Cantabria (+4,77%), Murcia (+0,98%), La Rioja (+0,76%), Asturias (+0,74%) y Extremadura (+0,11%). Las otras ocho gastan menos: Cataluña (-19,91%), Castilla La Mancha (-15,46%), Galicia (-3,75%), Aragón (-2,97%), Comunidad de Madrid (-1,73%), Castilla y León (-0,98%), Canarias (-0,86%) y Andalucía (-0,22%).
Es decir, la comunidad que presenta un mejor comportamiento comparando 2009 y 2018 es Baleares. La que peor, Cataluña.
El mayor gasto social por habitante se da en el País Vasco (3.242,78 euros), Navarra (3.151,78) y Extremadura (2.896,83). El menor es en Madrid (2.109,47), Cataluña (2.181,92 euros) y Andalucía (2.311,94 euros). La diferencia de gasto social por habitante al año entre la que más hace, País Vasco, y la que menos, Madrid, asciende a 1.133,31 euros.
Las comunidades que más y menos dedican por habitante a sanidad son:
– Las que más: País Vasco, Navarra y Asturias.
– Las que menos: Cataluña, Madrid y Andalucía.
Las comunidades que más y menos dedican por habitante a educación son:
– Las que más: País Vasco, Navarra y Extremadura.
– Las que menos: Madrid, Asturias y Cataluña.
Las comunidades que más y menos dedican por habitante a servicios sociales son:
– Las que más: Navarra, Extremadura y La Rioja.
– Las que menos: Baleares, Canarias y Comunitat Valenciana.
Deuda pública
El informe se detiene en la deuda pública de las autonomías. “El impacto de la crisis se tradujo directamente en un incremento de los gastos derivados de la deuda pública que impactó reduciendo el gasto en las políticas sociales y sobre todo en el resto de funciones y servicios”, señala el estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. “Esta deuda –añade– asciende actualmente a cerca de 300.000 millones de euros, acercándose a los 6.500 euros por habitante”.
El gasto en deuda, que tocó techo en 2014 y empezó a bajar después, ha vuelto a repuntar, como indican los datos del Banco de España. En 2014 las comunidades llegaron a dedicar a deuda más de 32.000 millones, el máximo histórico. La cifra fue cayendo hasta 25.971,4 millones en 2016, y desde ahí ha subido en 2017 (27.004,4 millones) y 2018 (30.218,7 millones). Los presupuestos iniciales de 2019 consigan 32.113 millones para pagar la deuda. La subida desde la etapa precrisis es brutal. En 2007 y 2008 la partida de deuda no llegaba a 6.000 millones. Entre 2009 y 2018 la subida ha sido de más de 23.000 millones, casi un 340%.
El Gobierno autoriza el traspaso a las comunidades de 4.682 millones y de otros 821 millones a las entidades locales
"Riesgo de deterioro"
El informe señala que "es evidente que se corren riesgos, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales". "Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos con un escenario que no augura cambios sustanciales, al menos, hasta 2020”, añade.
Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, "se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas urgentes que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios". Y concluye: "Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política”.
Pese a la recuperación macroeconómica, los números del gasto social en España siguen por debajo del umbral precrisis. Los presupuestos autonómicos de 2018 dedicaron a sanidad, educación y servicios sociales 112.661,5 millones. Aunque la línea es ascendente a partir de 2013, el año con menor gasto social (100.000 millones), el montante de 2018 sigue por debajo de 2009, cuando casi alcanzaron los 117.000 millones, según un análisis de las cuentas de las comunidades realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a partir de datos oficiales de las autonomías, Hacienda y el Banco de España. Dicho informe señala que los servicios esenciales, tras un periodo de mejoría vinculado a la recuperación económica, se encuentran de nuevo “en peligro”.