Comienza la semana en la que se producirá el anunciado choque de trenes entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. El miércoles y el jueves se reunirá el pleno del Parlament por primera vez tras las vacaciones de verano, y en él los independentistas –salvo sorpresa– aprobarán de manera exprés la ley para dar soporte legal al referéndum del 1 de octubre. Acto seguido, el president Carles Puigdemont convocará la consulta, y cuando el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente, se producirá el conflicto, ya que el Ejecutivo catalán tiene decidido desobedecer a la justicia y seguir adelante con el referéndum. Entretanto, unos y otros continúan enrocados en sus posiciones: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tachó este lunes de "estafa a la democracia" la consulta, prácticamente a la misma hora que Puigdemont presentaba la nueva Hacienda catalana.
El choque entre Ejecutivo y Generalitat parece ya imposible de evitar a menos de un mes del 1-O. La batalla legal que lleva años protagonizando las relaciones entre ambos gobiernos entrará en los próximos días en una nueva dimensión, ya que Puigdemont y los suyos aseguran estar decididos a ignorar la segura prohibición del Constitucional y mantener la convocatoria del referéndum hasta las últimas consecuencias, y el Gobierno central insiste en que el 1 de octubre no habrá urnas en Cataluña, para lo cual cuenta con varias opciones legales. Las próximas semanas se presentan plagadas de incertidumbres, si bien lo que parece seguro es que los acontecimientos se precipitarán a partir de este miércoles.
Fuentes independentistas insisten en que, hasta el último momento, no puede darse nada por confirmado, y se muestran reacias a anticipar sus próximos pasos. Se desconoce si Junts pel Sí y la CUP tratarán de aprobar la ley de transitoriedad –la que establece los pasos a dar tras una hipotética victoria del sí en el referéndum– en el pleno de esta semana: lo único que han anunciado es que pretenden hacerlo antes del 1 de octubre. Pero lo más probable es que la Ley de Referéndum –la que ofrecerá soporte legal a la consulta– sí sea tramitada y aprobada por la vía más rápida que permite el reglamento del Parlament: introduciendo el mismo miércoles en el orden del día del pleno el debate y la votación de la norma, algo que pueden imponer los independentistas con su mayoría absoluta. Así lo dio por hecho el propio Rajoy este lunes, cuando denunció que ese procedimiento exprés supondría "quitarle a la oposición el derecho a debatir, cosa que no se ha hecho nunca en España desde que en 1978 recuperamos la democracia".
En este sentido, el artículo 81.3 del reglamento del Parlament establece que "el orden del día del pleno puede ser alterado si éste así lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios", y plantea que "si debe incluirse un asunto, este debe haber cumplido los trámites reglamentarios que lo permiten, salvo un acuerdo explícito en sentido opuesto, por mayoría absoluta". Así, la redacción faculta a Junts pel Sí y la CUP a introducir el debate y la votación de la Ley del referéndum el mismo miércoles y, además, a saltarse los trámites habituales para la aprobación de una norma, como son el debate en comisión o el plazo de presentación de enmiendas.
La aprobación y la convocatoria, en horas
A este último respecto, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, aseguró este lunes que la Ley del referéndum podrá ser "debatida y trabajada" por los grupos, y aunque no se conocen más detalles, cabe la posibilidad de que se abra un plazo mínimo durante el miércoles para presentar, debatir y votar enmiendas. Fuentes no independentistas calculan que ese espacio de tiempo no será mayor a "dos o tres horas", si bien el procedimiento concreto y su duración están en el aire. Pero sea como sea, la ley se aprobará –salvo sorpresa– el mismo miércoles, y una vez superado este trámite, los acontecimientos se sucederán rápidamente para poder convocar oficialmente el referéndum mientras la norma sea aún legal, es decir, antes de que sea suspendida por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central.
De esta manera, nada más ser aprobada por el Parlament, la ley se publicará pocos minutos después en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Una vez el texto esté en vigor, en un plazo de horas el Gobierno catalán firmará tanto el decreto de convocatoria del referéndum –que será suscrito por todos los miembros del gabinete para lanzar un mensaje de unidad– como otras órdenes y reglamentos relativas a su celebración. Según La Vanguardia, también es probable que el mismo miércoles Junts pel Sí y la CUP utilicen su mayoría absoluta en el Parlament para escoger a los miembros de la Sindicatura Electoral, el órgano equivalente a la Junta Electoral que operará en la consulta.
La respuesta del Ejecutivo central, no obstante, está preparada, según ha insistido en los últimos días la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El pleno del Tribunal Constitucional tiene prevista también su primera reunión plenaria ordinaria tras las vacaciones para el miércoles y el jueves, y el Gobierno central podría presentar su recurso de inconstitucionalidad nada más se publique la Ley de Referéndum en el DOGC. La última vez que el Constitucional suspendió una norma aprobada por el Parlament –la que validaba el procedimiento de lectura única que los independentistas pretendían utilizar para aprobar rápidamente sus leyes de ruptura– lo hizo al siguiente día hábil de que el Gobierno presentase su recurso, por lo que, si la actuación en este caso fuese igual de rápida, la Ley de Referéndum podría estar apenas unas horas en vigor.
Las herramientas con las que cuenta el Estado
Sería en ese momento en el que se produciría el choque de trenes entre la Generalitat y el Estado, ya que Puigdemont y el resto del Gobierno autonómico insisten en que no tienen intención de acatar la segura suspensión de la norma. Y el Estado cuenta con varias herramientas para tratar de dificultar e impedir la celebración del referéndum. Lo previsible, según fuentes jurídicas, es que el Constitucional comience avisando por escrito de la ilegalidad del referéndum y de las consecuencias a las que se exponen a aquellos implicados en su celebración, como ya ha hecho en ocasiones anteriores al suspender leyes promovidas por los independentistas. En esta ocasión, además de los miembros del Gobierno autonómico, también serían posibles receptores de estas notificaciones los miembros de órganos como la Sindicatura Electoral.
Por otra parte, el Gobierno sigue teniendo en su mano la posibilidad más extrema: la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta vía le permitiría tomar un amplio abanico de medidas, que irían desde la suspensión temporal de la Generalitat de Cataluña hasta la disolución del Parlament. El dirigente que se ha mostrado más abiertamente favorable a esta iniciativa es el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, si bien el Gobierno de Rajoy ha llegado a descartar la aplicación de este artículo. Entre sus desventajas para el Ejecutivo se cuenta la lentitud de su tramitación: primero, Rajoy debería requerir por escrito a Puigdemont que paralizara el referéndum y, si este no lo hiciera, el Senado tendría que aprobar la intervención por mayoría absoluta, un trámite que el PP superaría fácilmente con su mayoría absoluta.
La Hacienda catalana completa su despliegue y Puigdemont avisa: "Estamos preparados"
Una tercera opción pasa por aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que, según explicaba hace unos días a infoLibre el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós, puede ser activada por Rajoy cuando lo considere necesario y faculta al Gobierno central a "intervenir algún departamento de la Generalitat, aunque no a disolver el Parlament ni a paralizar el Gobierno" autonómico. Pese a tener menor alcance que el artículo 155, la norma daría al Ejecutivo manos libres para poner bajo sus órdenes directas departamentos clave para el referéndum como el de Interior o el de Vicepresidencia.
En cualquier caso, aunque las urnas se coloquen en los centros de votación el 1 de octubre, no está garantizado que la votación termine celebrándose. "Un particular cualquiera podría acudir a un juzgado a denunciar que se está cometiendo una ilegalidad y el fiscal no podría negarse a investigarlo" porque sería flagrante la comisión de este delito, según Arbós, que aseguraba que la intervención de la justicia podría venir por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que investiga la querella de la fiscalía contra la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, por la compra de urnas para el referéndum.
Esta querella señalaba que la compra de urnas "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista" en Cataluña, contrario a los "expresos mandatos" del Tribunal Constitucional, y esos argumentos fueron considerados válidos por el TSJC para abrir diligencias, por lo que, argumenta Arbós, el tribunal podría "dar la orden de secuestrar" estas urnas.
Comienza la semana en la que se producirá el anunciado choque de trenes entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. El miércoles y el jueves se reunirá el pleno del Parlament por primera vez tras las vacaciones de verano, y en él los independentistas –salvo sorpresa– aprobarán de manera exprés la ley para dar soporte legal al referéndum del 1 de octubre. Acto seguido, el president Carles Puigdemont convocará la consulta, y cuando el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente, se producirá el conflicto, ya que el Ejecutivo catalán tiene decidido desobedecer a la justicia y seguir adelante con el referéndum. Entretanto, unos y otros continúan enrocados en sus posiciones: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tachó este lunes de "estafa a la democracia" la consulta, prácticamente a la misma hora que Puigdemont presentaba la nueva Hacienda catalana.