Todavía no hace ni un año —lo hará el 14 de agosto— de que Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid y su gobierno acusa ya el desgaste de los ejecutivos que llevan años en el poder. En este caso, uno de los factores que influyen en la erosión es que Partido PopularPartido Popular y Ciudadanos, socios de coalición, no se entienden. Hasta el punto de trasladar la sensación de que más que un gobierno, hay dos gobiernos en uno: el que lidera Ayuso (PP) y el que lidera Ignacio Aguado (Ciudadanos). La pelea por la gestión del drama de las residencias ha sido, hasta la fecha, la última y más grave brecha entre conservadores y liberales en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), no ha tenido reparos a la hora de desmarcarse de los protocolos elaborados por Sanidad para no trasladar enfermos de residencias a hospitales. Y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), ve una "traición" la actitud de su compañero de Consejo de Gobierno, criticando las actuaciones de su consejería y aireando las diferencias en los medios de comunicación. Mientras el propio Reyero no ve motivos para ser apartado —tampoco Aguado, su jefe de filas— en el PP de Madrid creen que la continuidad del responsable de políticas sociales en su puesto es "insostenible". "Se ha convertido en un factor de desconfianza, en un elemento desestabilizador", resume uno de los dirigentes consultados por este diario.
La semana que viene se cumplirán 90 días de estado de alarma. Mientras España avanza de fase en la desescalada hacia la llamada "nueva normalidad", la desescalada de la tensión política no hace acto de presencia en la Comunidad de Madrid. Este viernes ha sido el día más tenso que se recuerda en la coalición, todo a cuenta de los protocolos para no derivar a enfermos de las residencias de mayores a los hospitales en los peores días de la pandemia. infoLibre ha informado en los últimos días de que tanto la presidenta madrileña, como su consejero de Sanidad han mentido en la Asamblea de Madrid al defender que se aprobó un único Protocolo, el 25 de marzo, y que los documentos anteriores eran "borradores".
Cartas, correos electrónicos, reuniones...
Entre los criterios utilizados para decidir quién era candidato a ir al hospital figuraban algunos que medían el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual del mayor. Unoscriterios que según defendió Reyero, también esta semana en sede parlamentaria, "no son éticos y posiblemente no son legales". Y sobre los que, mantuvo, había advertido de ello por escrito en tres cartas enviadas al consejero de Sanidad.
A este testimonio, se sumó este viernes una información del El País, sobre los correos electrónicos remitidos por Reyero a Ruiz Escudero en los que el responsable de Políticas Sociales mostraba su preocupación por la situación en las residencias. En uno de ellos le advertía de que, si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad, el Gobierno incurriría "en una discriminación de graves consecuencias legales". Si la Justicia admite alguna de las querellas presentadas contra Ayuso o Escudero, informaciones como esta, pueden complicar mucho su situación procesal.
En respuesta a estas informaciones, el consejero de Sanidad acusó a Reyero de "fariseísmo político". Y le echó en cara que haya filtrado los correos cuando se han llegado a mantener hasta 21 reuniones con Políticas Sociales y él no ha acudido "ni una sola vez". "Me siento traicionado por Reyero", dijo ante los micrófonos de la Ser. Y Reyero, que también multiplicó sus intervenciones en los medios, subrayó que nunca va a actuar en política por "miedo al cese". Que no se le ha pasado por la cabeza dimitir, y menos en estado de alarma.
¿Entregar la cabeza de Reyero?
Tampoco ha pasado por la cabeza de Ignacio Aguado que su consejero dé un paso atrás. Lo ha defendido en todas las polémicas que le han salpicado en los últimos meses: en esta de los protocolos, cuando se filtró por "error" un contrato falso con la empresa hotelera que alojaba a la presidenta y cuando Sanidad asumió las competencias de Servicios Sociales. "Su puesto no está en riesgo", dicen en Ciudadanos.
Pero en el PP creen que Reyero está en una situación muy delicada y que Aguado debería ser "consciente" de ello. ¿Ha pedido Ayuso la cabeza de su consejero al vicepresidente? Fuentes próximas a la dirigente conservadora señalan a este diario que, hasta la fecha, no.
"Aguado ha hecho bandera de la defensa de Reyero. Va a resistirse a que caiga, porque entonces quedaría él al descubierto. Porque si el consejero se ha comportado de forma desleal, su actitud deja también bastante que desear", resume una diputada del PP en la Asamblea de Madrid.
Mientras Reyero defiende que informó a Sanidad de que aplicar esos protocolos no era lo correcto, en el Gobierno de la Comunidad y en el PP de Madrid discrepan de sus versiones. Consideran que su actitud tan "desleal" es muestra de los nervios que tiene por las posibles implicaciones judiciales de su actuación en las residencias. También, señalan, por cómo pueda afectarle la comisión de investigación sobre la gestión de la crisis del covid-19 que podría activarse en la Asamblea de Madrid.
Las mismas fuentes aseguran que no fue hasta el 27 de marzo cuando Reyero informó a Ayuso de los fallecidos en residencias. Y que esto ocurrió después de informar a la oposición. "Es consejero gracias a los votos de PP, Cs y vox y pretende hacerse perdonar por la izquierda", subrayan.
El origen: el cambio de competencias de las consejerías
Las tensiones entre Sanidad y Servicios Sociales se remontan casi al principio de la crisis del covid-19, cuando Ayuso decide que las competencias en materia de residencias pasen a la Consejería de Sanidad, la controlada por el PP.
A finales de marzo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se informaba de que la consejería de Sanidad asumía el control de las residencias de mayores de la región para llevar un mayor seguimiento del estado de salud de residentes.
Por estas fechas, los españoles habían podido ver a través de los medios de comunicación cómo el Ejército acudía a desinfectar los centros y también escuchar testimonios que apuntaban a que los residentes convivían con cadáveres que no habían sido retirados por lo incontrolable de la situación. También, cómo los trabajadores se declaraban asfixiados por la falta de equipos de protección individual.
Sin pedir ayuda a la UME
En el PP justificaron la decisión en el contexto de la mayor capacidad de "gestión" de Ruiz Escudero, apuntando a que el Gobierno no estaba satisfecho con la forma en la que Reyero había hecho frente al drama de las residencias desde su departamento. En Cs, por su parte, subrayaban que si la Consejería de Sanidad había pasado a tener el control de las residencias era porque había una orden del 23 de marzo, publicada un día después en el Boletín Oficial del Estado, según la que se facultaba "a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales". Para este partido, esta orden obligaba a la Consejería de Ruiz Escudero a asumir la atención sanitaria de todas las residencias de la región, como acabó ocurriendo.
Días antes, el 21 de marzo, Reyero había remitido una carta al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en la que reclamaba personal sanitario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a la situación crítica de los centros de mayores de la Comunidad. La iniciativa fue recibida con sorpresa por la presidenta Ayuso. Contaban los conservadores madrileños por aquellas fechas que tal propuesta no había sido debatida en ningún órgano de Gobierno. De hecho, la jefa del Ejecutivo regional se había opuesto días antes a esta idea en una entrevista concedida a Onda Cero.
"Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar sanitarios no tiene capacidad para enviar sanitarios, no tiene capacidad para llegar sólo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país", respondió preguntada sobre este tema que ya habían lanzado a la opinión pública tanto Reyero como el vicepresidente Ignacio Aguado.
La amenaza de los ceses, siempre sobre la mesa
Ya a mediados de abril, Ayuso no descartaba que, una vez transcurrida esta crisis, se produjesen "ceses" por la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid si se demostraba que había habido "negligencias". Ella, dijo, no iba a mirar para otro lado. Y Aguado se encargó de recordar que en lo que respecta a las áreas de Gobierno en manos de Ciudadanos, las decisiones sobre nombramientos y fichajes las toma él.
Desde ese momento, el consejero de Políticas Sociales se convierte en un enemigo para el Partido Popular y crece la desconfianza. En este contexto hay que entender la reacción de Isabel Díaz Ayuso cuando se publica "por error" en la plataforma de la contratación de la Comunidad de Madrid un contrato entre el Gobierno regional y Room Mate, la empresa propietaria del apartotel donde estuvo alojada la presidenta desde antes de contagiarse de covid-19 hasta que la región entró en fase 1.
La investigación interna por el contrato de Room Mate
La reacción de la presidenta regional ante el "error" fue anunciar la apertura de una "investigación interna". No pasó inadvertido que volvía a señalar a Ciudadanos, porque la consejería responsable de la publicación de esos contratos es la de Reyero. Horas después de este anuncio, se anunciaba el cese del secretario general técnico de Servicios Sociales, persona a la que se consideró responsable del fallo. A día de hoy, mientras Cs da por cerrado el caso, en el Partido Popular lo niegan y sostienen que las pesquisas van a continuar.
Otro foco de tensión ha estado en las discrepancias sobre la forma en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe acercarse a los partidos de la oposición para llegar a unos acuerdos de reconstrucción en el marco de la crisis del covid-19. Ayuso ha disimulado poco. La idea no le atrae en absoluto porque considera que es una trampa de la izquierda para intentar imponer su ideología y un programa económico basado en subidas de impuestos que es totalmente contrario a su programa de Gobierno.
Por el contrario, Aguado sí se ha mostrado a favor de sentarse a hablar con los partidos de la oposición, muy en la línea de la nueva estrategia de Ciudadanos a nivel nacional. De hecho, ante la reticencia de Ayuso, tomó la iniciativa de forma individual y convocó a todas las formaciones con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid a una reunión celebrada este lunes. Asistieron todos los partidos, menos PP y Vox. Y la presidenta se desmarcó del encuentro con el argumento de que tal reunión no había sido debatida y acordada en el Consejo de Gobierno y metiendo el dedo en el ojo de Aguado: "Para pedir unidad a los grupos, el Gobierno tiene que estar unido primero".
Dos días después de esta reunión, se celebró un Consejo de Gobierno en el que se decidió mantener encuentros bilaterales con los grupos, empezando por Vox.
Dos escenarios: elecciones o moción
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Los principales protagonistas de este viaje a la tensión permanente niegan que vaya a llegar el día en el que el vaso se derrame del todo y el Gobierno salte por los aires. De hecho, es lo que se llegó a pensar por momentos este viernes, cuando Reyero y Ruiz Escudero no se molestaron en esconder el abismo que hay entre los dos partidos que integran el Gobierno regional. Pero en círculos políticos madrileños lleva semanas circulando la tesis de que lo que ocurre en Madrid sólo va a poder acabar de dos formas: una moción de censura de la izquierda, a la que se sumaría el partido naranja, para desalojar a Ayuso de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. O unas elecciones anticipadas. Sólo la presidenta madrileña puede pulsar este último botón.
"El asunto del consejero [Reyero] puede ser la mecha de convocatoria de elecciones o de moción de censura", defiende un veterano dirigente del PP madrileño en conversación con infoLibre.
Este diario ha informado esta semana de que el entorno de Ayuso está presionando para que la presidenta abra de forma "seria" el debate sobre convocar elecciones anticipadas. Mientras, Ignacio Aguado, sigue defendiendo la solidez del Gobierno. Pese a que los enfrentamientos, cada vez más públicos, de sus miembros trasladan más bien lo contrario.