Si el martes, desde Portugal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió con un "sí" a la pregunta de si seguía confiando en el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, después de conocerse, por infoLibre, que tenía el 25% de una empresa en Panamá que, a su vez, posee un chalé en la sierra madrileña, este miércoles llegó el silencio. Una forma de marcar distancias y derivar responsabilidades ante un episodio plagado de versiones contradictorias por parte de su protagonista. Y, al que las fuentes consultadas en elPartido Popular y el Gobierno ven poca salida. "La situación es insostenible", coinciden.
El jefe del Ejecutivo no quiso entrar a valorar este miércoles la situación de Moix. Sí hablaron, con prudencia y marcando distancias, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
"Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quien le corresponde esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales", sostuvo Sáenz de Santamaría en los pasillos del Congreso.
La vicepresidenta respondió que el Ejecutivo "ya se ha pronunciado sobre ese punto", cuestionada sobre si mantenía la confianza en Moix. Y volvió a insistir en que los nombramientos corresponden a la Fiscalía. "Para el Gobierno son nombramientos que, una vez que el Consejo Fiscal pone en marcha, lleva a cabo y nosotros respetamos esa autonomía del Ministerio Fiscal en todo momento".
Al Ejecutivo este caso le recuerda mucho al del exministro de Industria, José Manuel Soria,José Manuel Soria que tuvo que dimitir por haber mentido sobre sus vínculos con empresas vinculadas en paraísos fiscales. Pero este miércoles intentaron dibujar una frontera entre Moncloa y Fiscalía.
"El Gobierno habla del Gobierno", sostuvo la mano derecha de Rajoy en el Gobierno cuando se le recordó que no era "ético" tener cuentas en paraísos fiscales. "Nosotros respetamos el resto de las instituciones del Estado en su propia organización", añadió.
No está puesto "por la confianza del Gobierno"
En un sentido similar al de la vicepresidenta se mostró Catalá, titular de Justicia. Aseguró que el fiscal jefe Anticorrupción ha dado "toda la información" sobre el origen de su patrimonio y que es a José Manuel Maza, al que corresponde "en su caso" proponer un expediente para que sea apartado del cargo.
El titular de Justicia fue todavía más allá al asegurar que no está puesto "ahí por la confianza del Gobierno", informa Europa Press. "Por tanto, no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no. Es al fiscal general del Estado al que corresponde en su caso proponer un expediente para remover al señor Moix", dijo, apuntando al sistema establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Las fuentes consultadas por infoLibre no ocultan el malestar con Moix y por la delicada situación que ha colocado a un Ejecutivo en minoría y salpicado por los escándalos de corrupción. Además, culpan al fiscal Anticorrupción de haber ocultado información tanto a Maza como al ministro de Justicia. "Si Catalá hubiese conocido estos vínculos con Panamá, por muy legal que sea todo, la situación sería diferente". El mismo malestar se exhibía en el entorno del presidente del Gobierno, que el martes dijo mantener su confianza en Moix sin disponer de todos los datos del caso.
Este miércoles, en una entrevista en Onda CeroOnda Cero, el propio Moix aseguraba no tener "apego" al cargo y aseguraba tener pendiente una conversación con Maza, su superior. Es el fiscal sobre cuyo tejado ha dejado la pelota el Gobierno.
En Moncloa achacan a una "rebelión" en la fiscalía "la filtración" sobre la relación de Moix con una empresa con sede en Panamá. Las mismas fuentes señalan que tras publicarse la información de infoLibre, desde Justicia se pusieron en contacto con Maza, que respondió circunscribiendo el episodio a "asuntos familiares" de Moix.
A esto se suma que la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, pidió a última hora de la tarde de este miércoles al fiscal jefe Anticorrupción que ponga su cargo a disposición del fiscal general del Estado al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal".
El 'caso Moix'
Como adelantó este medio, Manuel Moix, es dueño del 25% de Duchesse Financial Overseas. Esta compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.
Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988. Un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.
El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.
En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada de profesión, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.
El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre.
Por tanto, Manuel Moix es dueño desde hace cinco años y medio del 25% de una empresa radicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. En todo este tiempo evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la compañía panameña.
La empresa panameña fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.
En el proceso de elaboración de la información, este periódico se puso en contacto este lunes por la mañana con el fiscal para conocer su versión, pero Moix se negó a ofrecerla.
Tras ser advertido de que este periódico publicaría la información, el fiscal jefe de Anticorrupción contó la noticia a El Español y le ofreció la siguiente versión: que la sociedad panameña "está declarada a Hacienda" y que cuando el padre murió "los cuatro hermanos pagaron los impuestos sucesorios y presentaron el modelo 720", una declaración que deben realizar ante la Agencia Tributaria quienes tengan bienes en el extranjero valorados en más de 50.000 euros. Además, señaló que la sociedad no había sido disuelta porque "los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por alguno de los hermanos" del fiscal.
Las excusas falsas del fiscal
Hasta la fecha, el fiscal jefe de Anticorrupción ha utilizado tres grandes argumentos para intentar justificar que sea desde 2012 dueño del 25% de una sociedad de Panamá. Moix aseguró que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva"; que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, y que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008. Ninguna de estas tres afirmaciones es cierta.
Por un lado, Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, siempre ha estado activa. Este lunes, este medio pudo comprobar en el Registro Mercantil el "status" de la compañía seguía siendo el de "vigente".
Por otro, inspectores y técnicos de Hacienda consultados por infoLibre, han desmontado la excusa ofrecida por Manuel Moix de que no pudieron disolver la sociedad panameña porque uno de los hermanos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros.
Manuel Moix aseguró a El Español que él y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. En declaraciones posteriores a varios medios afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, desmienten esta versión.
La oposición en bloque coincide en que la dimisión de Moix llega tarde y extiende la responsabilidad a Maza
El 25 de enero de 1988, la compañía panameña apoderó a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada. La escritura de apoderamiento se firmó ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra. Un mes más tarde, el 24 de febrero de 1988, Margarita Moix actuó como representante de la empresa cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba.
En este sentido, este miércoles, infoLibre publicó unas declaraciones exclusivas del abogado que llevó la causa judicial contra la familia Moix por impago y alzamiento. Y desmontan la última coartada del fiscal: que se había enterado de la existencia de la empresa panameña en 2008 [o en 2011]. "El fiscal Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes", relata el letrado José Román Marín de la Bárcena.
Esto pone de manifiesto que 10 años antes ya asistió a su padre en relación con el uso de la sociedad Duchesse Financial Overseas para ocultar bienes.
Si el martes, desde Portugal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió con un "sí" a la pregunta de si seguía confiando en el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, después de conocerse, por infoLibre, que tenía el 25% de una empresa en Panamá que, a su vez, posee un chalé en la sierra madrileña, este miércoles llegó el silencio. Una forma de marcar distancias y derivar responsabilidades ante un episodio plagado de versiones contradictorias por parte de su protagonista. Y, al que las fuentes consultadas en elPartido Popular y el Gobierno ven poca salida. "La situación es insostenible", coinciden.