El debate en el seno de Gobierno sobre la dirección que debe tomar el paquete de medidas económicas destinadas a paliar los efectos de la guerra parece encauzarse definitivamente. El compromiso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trasladado a los grupos parlamentarios es el de "bajar el precio" de la electricidad, del gas y de la gasolina aunque, por el momento, no ha desvelado la fórmula.
Algunas voces de la parte socialista del Ejecutivo siguen abogando por aplicar una rebaja fiscal al consumo eléctrico y a los hidrocarburos al estilo del ya aplicado a la factura de la luz desde finales del año pasado. También hay quien alerta, por otro lado, del riesgo de menguar las cuentas públicas y poner en peligro la financiación de servicios básicos.
Por el momento, Sánchez prefiere esperar. La fecha marcada en rojo por el presidente es la del Consejo de Ministros del 29 de marzo, aunque hay quien apremia a que las medidas se concreten y se apliquen cuanto antes para que los más perjudicados por la subida de precios no acaben pagando las consecuencias directas del conflicto de Ucrania.
Los esfuerzos del líder del Ejecutivo están puestos ahora en recabar los apoyos suficientes en Europa para que el Consejo Europeo del 24 de marzo pueda dar por fin el visto bueno a una intervención del mercado de la energía que contenga los precios. La propuesta española, acordada ya con Portugal, es la de desvincular el precio del gas y la energía y la de fijar un tope máximo de 180 euros el megavatio.
Este jueves, Sánchez ha pedido desde Rumanía que "la UE actúe de manera urgente y no posponga decisiones que están afectando a los ciudadanos a los que nos debemos" y que del Consejo salga una posición "lo más contundente posible". El escenario ideal para el Ejecutivo español es llegar al Consejo de Ministros del 29 con una batería de medidas europeas que ya supongan una importante rebaja del precio de la energía que pagan los ciudadanos para que no sea necesaria una bajada generalizada de impuestos.
Intervención de precios
El presidente comparte la visión de sus vicepresidentas económicas: además del lastre para las arcas públicas que suponen, las medidas fiscales tampoco terminan de resultar determinantes a la hora de que el ciudadano note una bajada de en la factura de la luz, del gas o en el precio de la gasolina. Y por eso se están trabajando propuestas alternativas.
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Algunas de ellas han sido planteadas este jueves en público por Yolanda Díaz: un impuesto extraordinario a las eléctricas y congelar la renta de los alquileres, y en ningún caso una bajada masiva de la fiscalidad. "Una bajada generalizada de los impuestos en un contexto de guerra y de crisis económica y social es inadecuada. O el PP está planteando demediar los servicios públicos o vamos camino del incremento del déficit y de la deuda públicas, que es algo que ellos critican", razonó.
En cualquier caso, admiten en el Ejecutivo que algunos tipos de la factura eléctrica o del consumo de hidrocarburos podrían tocarse, aunque sean simbólicamente. La bajada de impuestos ha sido una de las exigencias puestas encima de la mesa estos días por el PP de Feijóo. De hecho, en la conferencia de presidentes del pasado domingo en la Palma se acordó esa reducción sin concretar ni qué cuánto.
La intención de Pedro Sánchez es la de acudir al Consejo Europeo "con un amplio respaldo" de los partidos españoles en torno a las medidas para la reducción de precios, así como sacar adelante el decreto de medidas económicas del día 29 también con un amplio consenso. Alejarse de las medidas fiscales reclamadas por los populares dificultaría esa vía de acuerdo con el recién aterrizado Alberto Núñez Feijóo.
El debate en el seno de Gobierno sobre la dirección que debe tomar el paquete de medidas económicas destinadas a paliar los efectos de la guerra parece encauzarse definitivamente. El compromiso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trasladado a los grupos parlamentarios es el de "bajar el precio" de la electricidad, del gas y de la gasolina aunque, por el momento, no ha desvelado la fórmula.