"De aquí al 31 de diciembre estaremos trabajando con todos", prometió la ministra Fátima Báñez el pasado sábado. La titular de Empleo salía así al paso de las críticas recibidas por su propuesta de reforma de las pensiones, calificada de "cicatera" por la secretaria general de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Margarita García Durá. Pero lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno ha esquivado a las asociaciones de mayores y ha evitado durante meses el debate en el seno del Consejo Estatal de las Personas Mayores.
Las organizaciones que cuentan con representación en el Consejo coinciden en criticar que el Ejecutivo no haya acudido al Pleno del órgano a explicar su propuesta de reforma. Tan sólo el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se sentó el pasado mes de septiembre para presentar a grandes rasgos la modificación que planea el Ejecutivo. Pero sin entrar en detalles. Y sin dar opción a réplica. "Nos quejamos de que al pensionista se le presentan hechos consumados en lugar de explicarle las cosas", dice Paca Tricio, directora gerente de la UDP.
Jaime Moreno, representante de Izquierda Unida en el organismo de representación de los mayores, compara esta situación con la tramitación de la Ley de Dependencia, que "llegó al consejo cuando aún era un borrador", recuerda. Moreno insiste en que todos los pasos de la norma fueron seguidos desde el organismo que tiene el mandato de "canalizar las iniciativas y demandas de las personas mayores" y de asesorar al Ejecutivo en materias "que afectan a las condiciones y calidad de vida de la población mayor". Sin embargo, ni la congelación de las pensiones en 2011 ni la actual reforma han pasado por el órgano de diálogo con los jubilados.
Preguntados sobre si es previsible que se establezcan esas conversaciones, Moreno señala que es lo deseable, aunque lamenta que todos los indicios y la actitud del Gobierno hasta ahora denotan una "falta de interés en consultar al colectivo". "De momento, no tenemos información de que vayan a llevar este asunto al consejo", concluye. Tricio, por su parte, subraya el "ninguneo" al que somete el Ejecutivo a los pensionistas: "El no explicar las cosas a los mayores es un supino error", sentencia
Empobrecimiento de los pensionistas
En paralelo, las críticas al proyecto del Gobierno –aprobado ya en Consejo de Ministros y al que sólo le queda el trámite de las Cortes– no cesan. "Los pensionistas estamos sosteniendo a nuestras familias y el Gobierno carga la crisis sobre el que menos tiene, sobre el débil, porque considera que va a tener menos voz. De eso nos quejamos", explica Tricio. Desde la Unión Democrática de Pensionistas, se pone el foco sobre dos elementos de la reforma: la pérdida sistemática de poder adquisitivo y las falta de claridad del Ejecutivo.
Tricio explica que, aunque "en pura matemática, no hay bajada de pensiones", el argumentario del PP salta por los aires cuando se observa la subida del coste de la vida. "El IPC sube en contra de alguien: del pensionista que paga impuestos cada vez más altos, una luz cada vez más cara, el repago en los medicamentos... y que ve cómo su pensión apenas se incrementa un 0,25%". El Gobierno, añade, "no dice la verdad" cuando sostiene que la reforma no implica pérdidas para los jubilados. "Y las personas más desfavorecidas no deberían sufrir el quebranto de lo poco que tienen", comenta, porque "hay mucha gente pasándolo muy mal, con pensiones exiguas".
Moreno coincide con el planteamiento de los pensionistas y pide "cuidar al ciudadano" en lugar de someterlo a una "constante pérdida de poder de compra". "La reforma va a afectar de forma durísima", explica. El representante de IU añade que, en contra de la tesis del Ejecutivo, las pensiones "no están en peligro" y que, si lo estuvieran, lo adecuado sería "echar mano de los Presupuestos Generales del Estado" para equilibrar las cuentas.
Los sindicatos, también en contra
Las dos organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, también denuncian el empobrecimiento de los jubilados que impondrá la reforma de las pensiones. Julián Gutiérrez, secretario general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO asegura que un pensionista que 1.000 euros al mes perderá 200 euros en cada mensualidad a lo largo de la próxima década por el efecto acumulado de la reforma. Y aporta más datos: "El 54% de las pensiones está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 26% de los hogares se mantienen gracias a las pensiones. Recortar es un grave error".
Toda la oposición exige la retirada de la reforma de pensiones y el PP se niega
Por su parte, Juan Cerrillo, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, asegura que la desvinculación del IPC, unido al "importante aumento de coste de la vida", mermará en hasta un 20% el poder de compra de los jubilados en los próximos dos años. "Va a ser algo espantoso", lamenta, al tiempo que llama la atención sobre otro hecho: "Es la primera vez que un Gobierno recorta a los pensionistas que ya están cobrando".
¿Pero, si no salen las cuentas, qué puede hacerse para salvar las pensiones? "El 1 de octubre llevamos nuestras reivindicaciones al Congreso, pero el Gobierno no nos ha contestado, ni ha abierto el camino para la negociación y el diálogo social", denuncia Gutiérrez. "Hay muchas fórmulas para solucionar el problema de las pensiones, pero nos tratan como a menores de edad, no se nos ha hecho ninguna pregunta ni se ha pedido nuestra opinión".
Las organizaciones sindicales apuestan por complementar la partida para pensiones con cargo a los Presupuestos Generales, en el caso de UGT, o por aumentar en dos puntos y de forma temporal la cotización a la Seguridad Social hasta que el desempleo comience a bajar, explican desde CCOO.
"De aquí al 31 de diciembre estaremos trabajando con todos", prometió la ministra Fátima Báñez el pasado sábado. La titular de Empleo salía así al paso de las críticas recibidas por su propuesta de reforma de las pensiones, calificada de "cicatera" por la secretaria general de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Margarita García Durá. Pero lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno ha esquivado a las asociaciones de mayores y ha evitado durante meses el debate en el seno del Consejo Estatal de las Personas Mayores.