Las elecciones internas de En Marea han derivado en una guerra abierta entre los dos sectores que rivalizan desde hace dos años por el control del partido que, en estos momentos, se encuentra al borde de la ruptura definitiva con acusaciones cruzadas de "irregularidades", "pucherazos" y amenazas de acudir a los tribunales. El proceso permanece paralizado desde las 11 horas de este sábado por orden del representante legal del partido ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez (miembro de la dirección y afín a Luís Villares), que ha avanzado que estudian recurrir a los tribunales por la presunta intrusión no autorizada en el censo por parte de una persona del Comité Electoral, en el que diez de sus 13 miembros pertenecen al sector crítico con la actual cúpula del partido, según informa Europa Press.
El conflicto estalló a pocas horas del cierre de la campaña de unas elecciones en las que afines a la dirección de Luís Villares y críticos (en el que se engloban los partidos Podemos, Anova, EU y las mareas de Santiago, A Coruña y Ferrol) confrontaban sendas candidaturas al Consello das Mareas, órgano de dirección del partido instrumental. La Comisión de Garantías emitió una resolución que dictaba la suspensión del proceso por la existencia de "presuntas irregularidades", la más grave de ellas, problemas relacionados con el censo. Minutos después, el Comité Electoral desacreditaba la decisión de Garantías, erigiéndose como único órgano con competencias sobre las elecciones y determinaba que el proceso seguía adelante sobre lo previsto.
Las votaciones se abrían a las 9 horas de este sábado con "normalidad", según el sector crítico que apoya la candidatura Entre Todas. Dos horas más tarde, la empresa encargada del sistema de votación telemática (Agora Voting) congelaba el proceso por orden del representante legal del partido ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, en base a la resolución emitida por Garantías.
Minutos después, Rodríguez, portavoz de la coordinadora de En Marea (equivalente a la ejecutiva en un partido clásico), comparecía en una rueda de prensa convocada de urgencia para explicar los motivos de su decisión. Alega que en los últimos días se produjo un acceso "con engaño" y "sin autorización" al censo del partido. Acusa directamente de ello a miembros del Comité Electoral, por lo que entienden que el proceso debe quedar congelado al no contar con las "garantías" suficientes.
En este sentido, Rodríguez ha apuntado que se ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por la posible vulneración del derecho a la intimidad de las personas inscritas en En Marea. Además, avanza que la dirección del partido instrumental estudia recurrir a los tribunales ante una supuesta infracción del artículo 97 del Código Penal.
Según Gonzalo Rodríguez, dicho acceso no autorizado al censo provocó que él mismo, como responsable legal de su custodia, no pudiese acceder al sistema de registro de inscritos durante un período de 24 horas. "No sabemos qué pasó en ese momento en el censo, no sabemos si se exportó el censo, si se dieron altas o bajas", ha remarcado, antes de acusar al Comité Electoral de "erigirse como única autoridad" en En Marea por encima de la Comisión de Garantías, lo que "va en contra de la separación de poderes".
Así las cosas y como ya avanzó el pasado viernes la Comisión de Garantías, existe una auditoría en curso para arrojar luz sobre los sucedido entre el domingo y el pasado martes con el censo electoral. Primero Garantías y ahora la dirección afirman que, una vez se conozca el resultado de esta auditoría (prevén que será la semana entrante), las elecciones internas podrían reanudarse.
Contradicciones
La Comisión Garantías, a la que se atribuye la misión de velar por los derechos de los inscritos, debe estar conformada por cinco personas, según los estatutos de En Marea. Sin embargo, en estos momentos la integran únicamente tres personas, dos de ellas afines a la dirección y otra cercana al llamado sector crítico. Este último, Manuel Nogueira Pérez, ha expresado en un comunicado remitido a los medios su disconformidad con la orden de paralización dictada por Garantías, ya que entiende que las decisiones relativas a las primarias recaen exclusivamente en el Comité Electoral.
Este mismo argumento ha sido esgrimido por la candidatura de los críticos, encabezada por el exdiputado David Bruzos, que comparecía ante los medios -también en Santiago y arropado por gran parte de los miembros de su lista- poco después de la rueda de prensa de Gonzalo Rodríguez para reclamar que el proceso siga adelante en virtud de la decisión del Comité Electoral, que es "quien tiene las competencias" sobre el proceso. Bruzos niega que el sector crítico ejerza "control" sobre el Comité Electoral, a quien atribuye las competencias para determinar "si hay garantías o no" para desarrollar el proceso. Por ello, ha instado al Comité Electoral a comunicar públicamente si dan las "condiciones" para seguir votando, algo que ya fue expresado en la resolución dictada a última hora del viernes.
Comité electoral
El Comité Electoral fue elegido en votación en urna durante el plenario de En Marea celebrado el 27 de octubre. Este cónclave dio luz verde a que los miembros del comité fuesen electos a través de un sistema de listas abiertas. El resultado del proceso arrojó que diez de los 13 miembros del comité pertenecían al sector crítico con la dirección de Luís Villares.
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A preguntas de los medios, Bruzos ha expresado que le "disgusta" que se atribuya a su candidatura el "control" del Comité Electoral, del que defiende su "independencia" por haber sido elegido de manera "democrática".
David Bruzos asegura que no han tenido comunicación oficial sobre los motivos que han motivado la paralización del proceso una vez ya empezado y ha señalado que la Comisión de Garantías "está funcionando de manera irregular" porque dos de sus cinco puestos están vacantes. Por su parte, desde el inicio del conflicto en la tarde noche del viernes, la candidatura de Villares se ha limitado a publicar un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresan su respeto a la decisión de Garantías.
En este punto, las ya de por sí evidentes diferencias entre los dos sectores de En Marea se avivan con lo sucedido en las últimas horas, que dejan al borde de la ruptura definitiva una En Marea en la que críticos y afines a Villares niegan ejercer control sobre Garantías y el Comité Electoral, órganos que se desacreditan mutuamente.
Las elecciones internas de En Marea han derivado en una guerra abierta entre los dos sectores que rivalizan desde hace dos años por el control del partido que, en estos momentos, se encuentra al borde de la ruptura definitiva con acusaciones cruzadas de "irregularidades", "pucherazos" y amenazas de acudir a los tribunales. El proceso permanece paralizado desde las 11 horas de este sábado por orden del representante legal del partido ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez (miembro de la dirección y afín a Luís Villares), que ha avanzado que estudian recurrir a los tribunales por la presunta intrusión no autorizada en el censo por parte de una persona del Comité Electoral, en el que diez de sus 13 miembros pertenecen al sector crítico con la actual cúpula del partido, según informa Europa Press.