El primer mes del año se cierra con seis mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y tres menores huérfanos como consecuencia de la violencia contra sus madres. Según datos oficiales, y con un caso todavía en investigación en lo que va de año, el total de menores que han perdido a sus madres desde el año 2013 asciende a 233. En este contexto, con una cifra que no hace sino ascender, las organizaciones feministas reclaman la puesta en marcha inmediata de la mejora de pensiones prevista para las víctimas, contenida en una proposición de ley que echará a andar, si las previsiones no fallan, a principios de febrero.
A mediados de 2017 todos los partidos acordaron la toma en consideración de la proposición de ley que plantea mejorar la pensión de orfandad de los hijos de las víctimas de violencia machista. Más de un año después, en noviembre de 2018, la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Congreso dio luz verde al dictamen. La propuesta acuerda una prestación mínima sin tener en cuenta la cotización de la madre, con efectos retroactivos al año 2004.
Marisa Soleto es presidenta de la Fundación Mujeres, organización que desde el año 2016 gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla. La iniciativa nace con el propósito de acompañar y apoyar económicamente a las familias que asumen la crianza de los huérfanos por crímenes machistas. Funciona, por tanto, como una suerte de muleta que minora las carencias de las políticas públicas. Soleto comenta, en conversación con infoLibre, que su petición inicial tenía que ver con la entrada de estas víctimas en el sistema básico de pensiones, porque "normalmente el acceso tiene que ver con la cotización" del fallecido. Pero los casos de violencia de género tienen una particularidad: "Es muy habitual que las mujeres tengan carreras de cotización nulas o en muchos casos no estén dadas de alta en la Seguridad Social", explica. La consecuencia es obvia: los descendientes que quedaban huérfanos apenas tenían acceso a las pensiones mínimas.
"Queríamos un reconocimiento particular a estas víctimas para asegurar ayudas y que tuvieran garantizado su futuro", agrega Soleto. Una vez superado el "momento delicado" vinculado al debate general sobre las pensiones, y después de "mucho debatir en el Congreso y de la ampliación de los plazos de enmiendas", el objetivo se consiguió, al menos parcialmente. "No va a estar dentro de la caja de la Seguridad Social, pero garantiza un mínimo de subsistencia", agrega Soleto. La celebración, no obstante, no está exenta del sabor amargo que impone la espera. "Cuando vemos que se supera la yincana del acuerdo, resulta que el Senado vuelve a presentar un plazo de enmiendas a petición del PP", lamenta.
Pese a las trabas, admite, "parece que el primer trámite de la Comisión sigue adelante", de manera que la previsión parece indicar que la propuesta podrá salir adelante "en este primer Pleno del Senado de principios de febrero y las familias podrán tener algo". Al final, subraya, "cada enmienda es un mes más sin que reciban la pensión". Para la experta, ésta debe ser "una ayuda que funcione con carácter de emergencia, que no se pierda sea cual sea la situación de filiación y que comience a operar desde el minuto uno".
Las tres comunidades pioneras
La propuesta que retomará su hoja de ruta en las próximas semanas bebe de la experiencia de otras tres comunidades pioneras en la materia. Son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Balears. Cada una, si bien cumple el propósito común de allanar el camino a los hijos de las víctimas, cuenta con ciertas especificidades: la balear prevé ayudas para los hijos de mujeres que sufran discapacidad, la castellano-manchega considera que los hijos de las víctimas están en situación de orfandad absoluta y la castellanoleonesa brinda el acceso gratuito a estudios universitarios para los jóvenes.
A través de un decreto aprobado en mayo de 2018, Castilla y León planteó una serie de ayudas para los huérfanos. Las dos medidas previstas, dice el mismo decreto, "permiten dar un enfoque global a la atención de las necesidades de los huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género". La comunidad ofrece, por un lado, una ayuda económica temporal hasta alcanzar la mayoría de edad, pero además establece el acceso gratuito a la formación universitaria para los jóvenes.
La ayuda destinada a los huérfanos se define como una "ayuda de naturaleza económica, dirigida a garantizar de manera temporal la cobertura de las necesidades básicas materiales y educativas de las personas beneficiarias". El importe "será una cantidad fija de 5.000 euros, de pago único anual". En cuanto al acceso gratuito a servicios académicos y complementarios en estudios universitarios, podrán ser beneficiarios los huérfanos menores de 26 años, quienes ingresarán en las universidades públicas de la comunidad de forma gratuita.
Illes Balears aprobó el pasado 31 de julio la Ley de apoyo a las familias. Según lo dispuesto en su artículo 23, el Govern de Balears garantizará ayudas económicas a las personas menores de edad, siempre que uno de sus progenitores "haya muerto como consecuencia de haber sido víctima de violencia machista o conyugal". También se contemplarán las mismas ayudas en caso de que uno de sus progenitores, tras los episodios de violencia, sufra un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La ayuda se mantendrá hasta los 21 años "como mínimo" y es una "prestación de carácter finalista que queda excluida del ámbito de aplicación de la normativa general de subvenciones". Su cuantía quedará fijada a través del desarrollo reglamentario.
El hecho de que la norma se refiera a "violencia machista o conyugal" tiene una explicación. Durante la elaboración de la norma, la Comisión de Asuntos Sociales decidió incorporar una enmienda propuesta por Ciudadanos. La formación naranja pedía ampliar las ayudas previstas a hijos de parejas en las que fuera el padre la víctima asesinada a manos de la madre del menor. La iniciativa salió adelante con el respaldo de PP, Proposta per les Illes (Pi) y Més per Menorca, mientras que Podemos, PSIB-PSOE y Més per Mallorca se opusieron a la misma.
Desde octubre del pasado año, existe en Castilla-La Mancha una nueva ley autonómica contra la violencia sobre las mujeres. La norma introduce una serie de novedades paradigmáticas en la lucha contra la violencia machista, entre las que se encuentra la creación de ayudas específicas para los menores huérfanos. El texto legislativo prevé "una ayuda económica directa a menores de edad en situación de orfandad en caso de homicidio o asesinato de sus madres como consecuencia de la violencia de género, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente".
La misma norma, a través de una disposición adicional, matiza además lo que entenderá como situación de orfandad absoluta a efectos de concesión de subvenciones y acceso a los recursos: todos los menores huérfanos por violencia de género, aunque el presunto progenitor homicida siga con vida, serán considerados huérfanos absolutos. Respecto a la cuantía de la ayuda, tal y como confirman fuentes parlamentarias, el Instituto de la Mujer se encuentra actualmente preparando el decreto que fijará la cifra exacta y que acaba de salir a información pública.
Modelo estatal
Los juzgados de violencia sobre la mujer presentan deficiencias en la mayoría de las comunidades
En cuanto a la propuesta que espera ser aprobada a nivel estatal, el texto establece que todos los hijos de la fallecida puedan tener derecho a pensión de orfandad, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer. La propuesta, de iniciativa socialista, marca que la cuantía media que perciben los menores pase de los 140 euros actuales a un mínimo de 600, ya que se aplicará el 70% de la base reguladora en lugar del 52% que rige a día de hoy. En los casos en los que la víctima tuviera más de un hijo, se aplicará el 118% de la base reguladora a repartir entre los menores. La ayuda se extenderá hasta los 25 años, aunque si el huérfano se encontrara cursando estudios al alcanzar el límite fijado, la prestación se mantendrá hasta que los finalice.
En el año 2015, con la reforma impulsada por el PP de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, los huérfanos por violencia de género ganaron ciertas ventajas en sus pensiones pero todavía debían cumplir algunos requisitos que lastraban el acceso efectivo a las ayudas. Pese a la reforma, los menores sólo podían contar con pensiones de orfandad si sus madres estaban registradas en la Seguridad Social y siempre que hubieran cotizado 500 días en los últimos cinco años. Si las víctimas no estaban dadas de alta, la exigencia apuntaba a una cotización de quince años. La dependencia económica de las mujeres maltratadas, la feminización de la pobreza y el desempleo, o la edad de las víctimas –un 24,5% de las mujeres asesinadas desde 2003 eran menores de 30 años–, dificultaba el cumplimiento de estos requisitos y situaba a los menores y sus familias en una encrucijada.
Además de la proposición socialista, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado en septiembre de 2017, contempla estas ayudas como una de sus prioridades. El documento prevé "garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género" y aplicar un incremento de hasta el 70% de la base reguladora en el caso de que la madre sí cumpliese los requisitos mínimos de cotización. También habla de "incorporar como personas beneficiarias del derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida, a quienes asumen la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano" y apuesta por conceder "beneficios tributarios" a estas mismas personas, "con exclusión del padre maltratador".
El primer mes del año se cierra con seis mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y tres menores huérfanos como consecuencia de la violencia contra sus madres. Según datos oficiales, y con un caso todavía en investigación en lo que va de año, el total de menores que han perdido a sus madres desde el año 2013 asciende a 233. En este contexto, con una cifra que no hace sino ascender, las organizaciones feministas reclaman la puesta en marcha inmediata de la mejora de pensiones prevista para las víctimas, contenida en una proposición de ley que echará a andar, si las previsiones no fallan, a principios de febrero.