La Vicepresidenta Segunda del Gobierno ha pedido que las comunidades autónomas garanticen “que las personas en situación o riesgo de exclusión social tengan acceso efectivo a los servicios de prevención, diagnóstico y atención sanitaria en el sistema nacional de salud frente a cualquier situación de necesidad sanitaria, especialmente si están en situación de riesgo, sospecha o enfermedad diagnosticada por covid-19 o han estado en contacto estrecho con un caso”.
La recomendación forma parte del plan de respuesta temprana de la pandemia en el ámbito de los servicios sociales no residenciales en el que el que la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, responsabilidad de Nacho Álvarez, lleva trabajando desde mediados de agosto. El documento final lo ha redactado el Gobierno pero incorpora, según fuentes de la Vicepresidencia Segunda, las aportaciones de los consejeros autonómicos con responsabilidad en servicios sociales.
Las competencias en materia de servicios sociales no residenciales son de las comunidades, así que el objetivo de este plan es establecer “un marco común”, algo así como un marco de mínimos en la atención a algunos de los grupos sociales más vulnerables.
El Gobierno ha pedido también a las comunidades que garanticen en todo momento el acceso a los recursos básicos para atender a las necesidades urgentes de la población, desde la alimentación a la higiene, pasando por la pernoctación, las ayudas sociales, los recursos específicos, el acompañamiento social o el material escolar para la enseñanza online a aquellos niños y adolescentes que carezcan de estos recursos. “Los servicios sociales son esenciales, por lo que deberán permanecer plenamente activos y disponibles para garantizar una atención adecuada”, señala el plan.
Las comunidades deben planificar “con suficiente antelación” e implementar medidas de higiene, prevención y control para garantizar la seguridad de las personas atendidas y de los profesionales en cada escenario epidemiológico.
El plan establece actuaciones específicas en materia de servicios de información orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración, la puerta de entrada a los servicios sociales municipales y, entre otras cosas, pide a las comunidades que garanticen en todo caso la atención presencial para casos urgentes y den prioridad a esta modalidad en situaciones de especial vulnerabilidad.
Los servicios domiciliarios “no deben interrumpirse en ningún caso” y los centros de día, ocupacionales de atención diurna sólo suspenderán la atención presencial cuando las autoridades sanitarias constaten que “un extraordinario repunte de los contagios”.
Atención presencial
La atención presencial, asegura el plan, debe mantenerse también en los servicios de intervención y apoyo familiar, igual que en los servicios de intervención y protección de personas menores de edad.
El documento elaborado por la Vicepresidencia establece también que, debido al alto impacto económico que la pandemia ha tenido y sigue teniendo en las personas y las familias más vulnerables, el acceso a las prestaciones económicas y aquellas que respondan a necesidades básicas de las personas y las familias “no sólo no debe interrumpirse, sino que la administración pública competente deberá garantizar que éstas lleguen a cada persona que lo necesite, flexibilizando y agilizando el acceso, ofreciendo garantías administrativas para su gestión, publicitando los trámites, adaptando procedimientos e incrementando las partidas presupuestarias en caso necesario”.
Las comunidades, según el departamento que dirige Pablo Iglesias, debe adoptar también medidas específicas dirigidas a las personas sin hogar y a aquellas que residen en barrios segregados y altamente vulnerables.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno ha pedido que las comunidades autónomas garanticen “que las personas en situación o riesgo de exclusión social tengan acceso efectivo a los servicios de prevención, diagnóstico y atención sanitaria en el sistema nacional de salud frente a cualquier situación de necesidad sanitaria, especialmente si están en situación de riesgo, sospecha o enfermedad diagnosticada por covid-19 o han estado en contacto estrecho con un caso”.