"Quiero pedir perdón a todas las víctimas de esta violencia execrable para las que hemos llegado tarde". Las palabras pertenecen al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la violencia a la que alude es aquella que recae sobre los niños, niñas y adolescentes. "Ojalá sus historias sirvan para que nunca más le vuelva a suceder a otros lo que les pasó a ellos". Así ha reconocido Iglesias, en rueda de prensa este martes, la labor de base que han realizado los supervivientes de violencia en la infancia a la hora de abrir camino para la norma que el Consejo de Ministros acaba de aprobar: la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
Han sido muchas voces, ha reiterado el vicepresidente segundo, las que han insistido en la necesidad de tejer instrumentos garantistas en la protección de los menores frente a la violencia. La norma, también bautizada como Ley Rhodes, será "fundamental para proteger por fin los derechos de la infancia y la adolescencia", y en esa tarea es clave la implicación global de las administraciones. En ese sentido, ha recordado que su desarrollo se ha producido a lo largo de distintos gobiernos de diferentes signos. "Las ideologías no tienen que separarnos a la hora de preparar una normativa que proteja a los niños de la violencia", ha zanjado.
Iglesias ha recalcado la analogía de la norma respecto a la Ley contra la violencia de género, aprobada en 2004. Ambas se formulan como herramientas de carácter integral que buscan hacer de un asunto considerado tradicionalmene privado, un problema de orden público. "No se trata de un problema del ámbito privado, sino de un problema social", ha subrayado. Con ella, además, "nos ponemos al día en las obligaciones que imponen" los organismos y tratados internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030 y la propia Constitución.
En cuanto a los aspectos de peso que introduce el anteproyecto de ley, el vicepresidente segundo ha destacado la obligación de comunicar de manera inmediata cualquier indicio de violencia contra un menor, un mandato que servirá para "implicar a toda la sociedad y acabar con la impunidad". También ha remarcado la introducción de la figura de un coordinador de bienestar y protección en todos los centros educativos y entidades deportivas, la puesta en marcha de instrumentos nuevos contra el ciberacoso, como un canal específico de denuncia, la formación de los profesionales y la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de catorce años o con discapacidad. Igualmente, ha reiterado la voluntad por establecer protocolos en todos los centros de menores tutelados, abordar una regulación de los delitos de odio incorporando la edad como criterio de discriminación, aumentar los plazos de prescripción y retirar la patria potestad para los agresores machistas. "Un asesino machista jamás puede ser un buen padre y por tanto no puede tener la patria potestad", ha enfatizado Iglesias.
Además de las llamadas internacionales y el trabajo de las organizaciones por la infancia, el vicepresidente segundo también se ha detenido en algunas cifras. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, en 2018 un total de 38.000 menores de edad fueron víctimas de algún ilícito penal. En añadido, casi 50.000 niños y niñas fueron atendidos por las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, publicada en 2015, dos de cada tres mujeres entrevistadas afirman que sus hijos han presenciado episodios de violencia. De ellas, el 92,5% señalan que sus hijos son menores y un 64,2% denuncia que la violencia también recae sobre ellos. Save the Children, por su parte, revela que el 9,3% del alumnado es víctima de acoso y el 7% de ciberacoso.
Los datos son muestra de la "envergadura y el carácter multifacético de este problema", que por tanto requiere un "enfoque integral". La norma, ha enfatizado Iglesias, abre un "nuevo paradigma de protección común en todo el territorio del Estado, poniendo como prioridad fundamental la prevención".
Un presupuesto de 75 millones anuales
La norma, explican fuentes el Gobierno, crea un marco básico a nivel estatal de protección, no sólo desde un enfoque que analice los diferentes tipos de violencia, sino que además aborde dónde las sufren los menores. Las mismas fuentes destacan que, aunque los organismos internacionales han insistido en la necesidad de una legislación integral, lo cierto es que se trata de una "ley pionera" también fuera de las fronteras. "La mejor violencia es la que no se produce", sostienen, pero si se produce lo importante es que "se detecte de forma precoz, se comunique y se actúe".
De ahí que trate de acometer un "refuerzo a la autonomía de los menores, a participar, ser oídos y que sean tenidos en cuenta" en todas las actuaciones que se lleven a cabo. También mediante el blindaje de la accesibilidad cognitiva o la democratización del lenguaje jurídico para garantizar la justicia universal. La norma, que afectará también a los menores de nacionalidad española en el extranjero, estará dotada con un presupuesto de 75 millones de euros anuales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y prevé tramitarse por vía de urgencia si el Congreso así lo respalda.
Igualdad propone incluir en la 'ley Rhodes' la pérdida de custodia compartida en casos de violencia de género
En el ámbito judicial, el principal objetivo de la ley pasa por "evitar espacios de impunidad que existían hasta ahora" y esquivar igualmente la "revictimización del menor". Se trabajará, en ese sentido, por construir "salas amigables, entornos seguros y cómodos" dentro del proceso judicial. La ley se concede un plazo de un año para crear juzgados especializados, un procedimiento similar al que se estableció en 2004 con la Ley contra la violencia de género.
En cuanto a la obligación de dar la voz de alarma, las mismas fuentes recuerdan que alertar de la violencia no siempre equivale a presentar una denuncia, sino que en muchas ocasiones basta con acudir a los servicios sociales. "No siempre hay que ir a la policía", sostienen, sino que "el deber de denunciar" significa en esencia "comunicar una sospecha". No obstante, tanto los cónyuges como familiares cercanos del presunto agresor sí tendrán la obligación de presentar una denuncia formal cuando sean conocedores de un hecho delictivo. También para ellos se anula la dispensa de declarar, contenida en el artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto, especialmente polémico en los casos de violencia machista, exime a "los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial" de prestar declaración contra él.
La norma hace distinción entre abusos y agresiones sexuales, tal y como está actualmente recogido en el Código Penal y pese a los cambios que prevé la Ley de Libertad Sexual, aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de marzo. Los aspectos relativos a la violencia sexual no se han alterado porque hacerlo "supondría cambios sustanciales" que lastrarían su avance e implicarían "al menos seis meses de retroceso". En todo caso, subrayan las mismas voces, está abierta a "mejoras en trámite parlamentario" en ese y otros sentidos.
"Quiero pedir perdón a todas las víctimas de esta violencia execrable para las que hemos llegado tarde". Las palabras pertenecen al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la violencia a la que alude es aquella que recae sobre los niños, niñas y adolescentes. "Ojalá sus historias sirvan para que nunca más le vuelva a suceder a otros lo que les pasó a ellos". Así ha reconocido Iglesias, en rueda de prensa este martes, la labor de base que han realizado los supervivientes de violencia en la infancia a la hora de abrir camino para la norma que el Consejo de Ministros acaba de aprobar: la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.