La sentencia contra el grupo de cinco hombres que abusaron sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016 ha generado una ola de reacciones que aspira a convertirse en tsunami. La ciudadanía, en sintonía con organizaciones y partidos políticos, ha entendido la pena impuesta por los tribunales como injusta e insuficiente. Las concentraciones multitudinarias que llenaron las calles durante el mismo jueves en el que se emitió el fallo judicial fueron un preludio de todas las expresiones de protesta que han ido aflorando en los últimos días.
La página web Change.org ha recogido algunas de las iniciativas ciudadanas más populares, respaldadas por cientos de miles de personas. El mismo 26 de abril una ciudadana impulsó una petición que busca cercar el problema yendo a su raíz. No más manadas. Educación para la prevención desde la Secundaria, reza la iniciativa. Según relata su autora, la clave de la prevención es divulgar "en los colegios el mensaje de que no siempre es no, de que el silencio es un no, y de que la ausencia de un comportamiento explícito del sí, también es un no". Para ello, entiende, el Ejecutivo debe "cambiar la ley educativa e incluir de forma obligatoria educación afectivo sexual en Secundaria". La petición ha cosechado, hasta el momento, más de 587.000 firmas de apoyo.
No es la única, ni la más masiva. En la misma plataforma, otra ciudadana lanzó una petición dirigida al Tribunal Supremo y al Ministerio de Justicia. La iniciativa pide la inhabilitación de los magistrados responsables de dictar la sentencia. "No podemos permitirnos jueces y magistrados que consideren que para que exista agresión sexual no basta con que cinco hombres agredan a una joven indefensa y en estado de embriaguez a la que posteriormente abandonaron y robaron el teléfono para que no pudiese ser auxiliada", señala el texto. La iniciativa lleva, desde el pasado jueves 26 de abril, recopiladas más de 1.325.000 firmas.
También las redes sociales, como expresión virtual del clamor en las calles, se han volcado en el apoyo a la víctima a través de acciones basadas esencialmente en visibilizar un problema colectivo. Precisamente con este objetivo la escritora Cristina Fallarás abrió una iniciativa bajo el hashtag #Cuéntalo, invitando a las mujeres que así lo decidieran a compartir episodios de agresiones cotidianas en primera persona. El relato de cada una de ellas se convirtió enseguida en global y las experiencias personales en vivencias comunes. Entre las voces anónimas asomaron también personajes públicos como la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero; la actriz Leticia Dolera o la periodista Olga Rodríguez. De hecho, muchas de las mujeres que se sumaron a la iniciativa sirvieron de altavoz para aquellas que ya no pueden relatar su experiencia: Diana Quer, las niñas de Alcàsser o Marta del Castillo son algunas de las historias que la red social ha recuperado para lanzar un mensaje: "No todos, pero sí todas".
Las redes sociales fueron de nuevo el escenario donde germinó otra idea, esta vez la de cambiar el color de los próximos Sanfermines. Una usuaria propuso, en este sentido, vestir pañuelos morados en lugar de los tradicionales rojos, con el fin de mostrar una marea violeta en apoyo a la víctima. Las fiestas populares han sido habitualmente uno de los escenarios sobre los que las organizaciones feministas han trabajado con más empeño. Actualmente, los puntos violetas y los espacios informativos son requisitos fundamentales a la hora de celebrar este tipo de eventos multitudinarios.
De lo simbólico a lo material
El grito común de la ciudadanía, la movilización social y las iniciativas populares han dado sus frutos. La mayor parte de partidos políticos e instituciones han evitado mantenerse ajenos al conflicto. La indignación de las calles ha tomado también forma de reprobación en los discursos políticos y, de modo más o menos simbólico, ha derivado en acciones concretas. Algunos ayuntamientos han aprobado declaraciones institucionales contra la sentencia, como el caso de Cádiz, donde todas las fuerzas municipales votaron a favor de condenar oficialmente los hechos, excepto los conservadores, que se abstuvieron. En Donosti, los ediles de Irabazi plantearon una proposición para pedir la suspensión de la sesión plenaria del pasado jueves 26 de abril con el fin de mostrar la indignación de los grupos. La petición, no obstante, no logró prosperar, lo que provocó el abandono de la sesión por parte de los autores de la propuesta y de los concejales de EH Bildu. Sí fue aprobada, por el contrario, una declaración institucional para expresar el rechazo respecto al fallo del tribunal.
En Cambados (Pontevedra), el Ayuntamiento luce una pancarta que expresa de forma categórica la repulsa de sus regidores: "O Concello de Cambados en contra da sentenza da Manada. Nós crémoste. Non foi abuso, foi violación". La alcaldesa, Fátima Abal (PSdeG), ya manifestó su intención de mantener el cartel intacto hasta que la sentencia cambie de sentido.
En cuanto al Gobierno de Navarra, que se presentó como acusación en la causa, anunció tras la emisión del dictamen que recurrirá la decisión judicial. "Fue una violación, una agresión sexual con intimidación", afirmó la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana. También la Fiscalía de Navarra presentará recurso a la sentencia de los magistrados.
Las propuestas políticas han ido de lo simbólico a lo material. El BNG anunció el sábado su intención de requerir en el Parlamento de Galicia la reprobación de los jueces responsables de la sentencia al entender que se trata de "machismo judicial". El partido nacionalista sostiene que aquellos magistrados que emitan sentencias estereotipadas deben ser apartados de la carrera judicial. La portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, indicó que registrará en la Cámara autonómica iniciativas para "reprobar a estos jueces machistas" y además "reclamar que las agresiones sexuales sean juzgadas como casos de violencia de género".
La coalición Compromís, por su parte, preguntó este viernes al Gobierno qué medidas va a tomar para evitar en un futuro que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado –uno de los condenados es militar y otro guardia civil– sigan manteniendo durante el proceso judicial el 75% de su sueldo, "a pesar de estar suspendidos de funciones y acusados formalmente por Fiscalía de graves delitos". El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, tachó de "indecente" que hasta que "no firme la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, su cese estos personajes que han despertado el unánime rechazo del pueblo hayan seguido cobrando del dinero de todos, por lo que vamos a pedir explicaciones de manera que sean apartados cautelarmente del cuerpo ante acusaciones de delitos tan graves refrendados por la Fiscalía".
Código Penal y Pacto de Estado
El propio Gobierno de Mariano Rajoy ya expresó su voluntad de accionar los mecanismos necesarios para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Según anunció su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "se ha puesto en contacto con la sección penal de la Comisión General de Codificación para valorar si la tipificación de estos delitos está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas". Para Méndez de Vigo, es necesario "trasladar a los textos legislativos" que la población española "está más concienciada" con la "tolerancia cero" contra la violencia de género, aunque el portavoz del Ejecutivo señaló que es necesario el "consenso" para una reforma penal.
También Unidos Podemos cree necesario un cambio en la legislación vigente, precisamente con el objetivo de precisar y delimitar la definición de agresión sexual. El grupo confederal trabaja actualmente sobre una propuesta legislativa que determine "la definición y la necesidad de acreditar la falta de consentimiento de la víctima" en delitos sexuales, según señaló el viernes la vicepresidenta cuarta de la Cámara Baja, Gloria Elizo.
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Tampoco Ciudadanos descarta la posibilidad de trabajar sobre un cambio en el Código Penal. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, afirmó que la ley debe "evolucionar" en sincronía con la evolución social, de modo que es necesario "ver cómo reformar las leyes para ser capaces de defendernos ante determinadas agresiones, pero esa reflexión se tiene que hacer en frío y con el mayor consenso posible". El grupo parlamentario, además, apuesta por poner el foco directamente sobre la prevención y de hecho presentó este viernes una proposición no de ley para "revisar y actualizar la normativa existente en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos, de acuerdo a las obligaciones derivadas del Convenio de Estambul".
El PSOE coincide, asimismo, respecto a la necesidad de modificar el Código Penal, pero la formación insistió además en una proposición de ley registrada el pasado 19 de abril con el propósito de reformar la Ley del Poder Judicial para blindar la formación de género que deben recibir los profesionales de la justicia. La iniciativa socialista busca, concretamente, que la citada norma sea modificada de forma urgente para poder aplicar así medidas acordadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El PSOE subraya la necesidad de impulsar una formación especializada en el proceso selectivo del personal en la carrera judicial y fiscal, así como la especialización para quienes ejerzan en los juzgados de violencia sobre la mujeres y en los juzgados de lo penal.
Precisamente respecto al Pacto de Estado contra la violencia machista la oposición se ha visto apremiada a tomar decisiones. Este jueves se reunirá por vez primera la recién creada Comisión de seguimiento. El mismo jueves, los socialistas registraron en el Congreso una petición de reunión urgente de dicho organismo y también Unidos Podemos hizo lo propio a través de una petición similar con el objetivo de analizar "la implementación de las medidas y compromisos adquiridos" tras la firma del acuerdo. El mismo llamamiento hizo Compromís, cuya portavoz de Igualdad, Marta Sorlí, instó al Gobierno a que "las medidas acordadas se implementen" de forma inmediata. "Seis meses después de la firma del Pacto, no nos hemos reunido ni una sola vez para auditarlo, mientras nos seguimos encontrando con una sentencia que se podría haber evitado si los jueces tuviesen la formación que se contempla en el documento", aseveró.
La sentencia contra el grupo de cinco hombres que abusaron sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016 ha generado una ola de reacciones que aspira a convertirse en tsunami. La ciudadanía, en sintonía con organizaciones y partidos políticos, ha entendido la pena impuesta por los tribunales como injusta e insuficiente. Las concentraciones multitudinarias que llenaron las calles durante el mismo jueves en el que se emitió el fallo judicial fueron un preludio de todas las expresiones de protesta que han ido aflorando en los últimos días.