El 19 de enero de 2011, tirando del hilo de la extraña inclusión en el ERE de la empresa mixta Mercasevilla de un militante socialista de Baeza (Jaén) que no había trabajado nunca en la lonja sevillana y de la declaración ante la policía de un director general de Trabajo que afirmaba que había dispuesto de un cuantioso fondo de dinero para empresas en crisis, la jueza Mercedes Alaya abrió las diligencias 174/11.
Aquello fue lo más parecido al big-bang que ha ocurrido en la política andaluza. Los pedazos en los que reventó todo siguen multiplicándose y expandiéndose. Y llegan mucho más allá de lo enjuiciado y condenado en este primer juicio y en esta primera sentencia que han arrasado casi una década de poder socialista en Andalucía.
Alaya, mientras iba comprobando que en múltiples ayudas sociolaborales entregadas por la Junta aparecían "intrusos" y que el reparto estaba marcado por el descontrol, desplegó una ambiciosa investigación guiada por un convencimiento: aquel caso no se limitaba al director general Francisco Javier Guerrero, que había hecho y deshecho con las ayudas sin comprobaciones previas ni verificaciones posteriores, aprovechando para regalar favores sin justificación; tampoco a los consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, responsables del sistema administrativo que permitía el reparto de las ayudas con escaso control. El cogollo, a juicio de Alaya, no estaba en los intrusos, ni en las empresas que habían recibido ayudas sin acreditar requisitos ni justificar el empleo, ni siquiera en los conseguidores como Juan Lanzas, que habían aprovechado aquel flujo de dinero para conseguirle a las empresas ventajosos ERE a cambio comisiones.
No. El caso, a juicio de Alaya, era más que eso. Apuntaba hacia arriba. Arriba del todo.
Según la jueza, no había sólo un mecanismo opaco por el que se habían colado unos aprovechados en connivencia con el director general Guerrero para arreglarse la vida con cargo al erario público, sino una trama política a gran escala que había creado, mantenido, engordado y ocultado un sistema creado deliberadamente para defraudar, aunque el objeto no fuera necesariamente el lucro propio sino la evitación de los controles a fin de garantizar mediante el reparto de ayudas un mayor control político. Esta tesis, que exigía un concilio de voluntades de múltiples altos cargos a lo largo de una década y que apuntaba a la existencia de una red clientelar, es lo que se empezó a conocer como la "trama" de los ERE, una idea rechazada durante años por el PSOE como un exceso imaginativo de la instructora que había logrado convencer a la Fiscalía. Esta trama es de la que se ha ocupado la conocida como "pieza política" –en su etiqueta mediática– o del "procedimiento específico" –en su nombre más jurídico–, que fue desgajada de la causa matriz en 2015 y que el martes puso una sentencia sobre la mesa. La trama es ahora el relato judicial de unos hechos probado, aunque es cierto que aún queda el Supremo.
124 piezas incoadas y más esperando
Pero el caso no se limita a esta trama. Mientras Alaya horadaba hacia arriba, también lo hacía hacia abajo: cada ayuda irregular llevaba su propia investigación, a las que se sumaba otra específica sobre las conocidas como "sobrecomisiones"... Las irregularidades afloraban en aluvión. La comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, que tuvo lugar en 2012, con el caso en sus inicios, ya detectó 196 irregularidades, entre ellas 71 intrusos más 60 trabajadores que no habían acreditado todos los requisitos. En junio de 2015, Alaya envió al Tribunal Supremo –que había entrado en escena porque Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados– un listado con 70 intrusos, que se elevaron por encima de 100 a lo largo de la instrucción de las distintas piezas. La sentencia de la pieza política cuantifica en 270 los expedientes analizados en la causa. Un auto de noviembre de 2015 cifraba ya en 270 el número de piezas en que debía dividirse la causa, si bien no se ha alcanzado esa cifra.
¿En cuántas piezas ha quedado el caso? Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las cifra así: 120 en el juzgado de instrucción 6, más cuatro en la Audiencia Provincial, ya a la espera de juicio. No obstante –como todo en este caso–, la cosa no es tan sencilla. La Junta de Andalucía asegura que está personada como acusación en "casi 200". "En todas, salvo en la pieza política", subrayan desde la Consejería de Presidencia. El desfase entre 124 y casi 200 obedece, según coinciden TSJA y la Junta, a que hay piezas que todavía no han sido formalmente incoadas tras la presentación del atestado. Es decir, cuando todas estén incoadas el número podría estar cerca de 200, aunque es pronto para asegurarlo. Porque es necesaria una aclaración más: que llegue a haber cerca de 200 piezas, si se incoan todas, no significa que haya igual número de juicios. Las cálculos apuntan a un mínimo de 150. Hay que recordar que también hay archivos. En algunos casos, por prescripción. La Audiencia ha establecido el criterio de que las actuaciones por las ayudas inferiores a 450.000 euros cuyos beneficiarios fueran imputados hace más de diez años estarían caducadas, por lo que el reloj hace tic-tac. También puede haber archivos si, simplemente, a lo largo del procedimiento se considera que no hay indicios de delito.
500 imputados, cifra orientativa
El TSJA no ofrece un número exacto de imputados. No hay cifra cerrada, es la respuesta oficial. Fuentes conocedoras del caso coinciden en que está en torno a 500, aunque subrayan que es un número que va cambiando. Un auto de finales de 2018 de Núñez Bolaños, precisamente el que cierra la causa matriz abierta en 2011 de la que se desgajaron todas las demás, cifraba en 507 el número de imputados y en 187 las piezas en total, si bien desde el TSJA aclaran que se trata de una cifra "orientativa".
Lo seguro es que el número de imputados va creciendo. Hace tres años rondaban los 250. Los ERE han supuesto una primavera del negocio de la defensa penal en Sevilla.
Los detalles del fraude
Si la pieza política, con su condena a 19 ex altos cargos –entre ellos dos expresidentes y seis exconsejeros–, ofrece el titular de primera plana del caso ERE, en el maratón de juicios por venir se escribirá el cuerpo del texto con todos sus detalles. La sentencia de la pieza política ofrece un relato sobre el marco general: un sistema estable en el tiempo –2000-2009– que permitió el reparto irregular de 680 millones de euros, para lo que diez condenados cometieron malversación y prevaricación y nueve prevaricación. Lo que no hace el fallo es especificar cuál es la cuantía efectivamente defraudada. A la espera de comprobar si el Tribunal Supremo aporta algo en este sentido, los juicios de todas las piezas que quedan sí deberán ir haciéndolo. Porque ahí sí se juzgarán fraudes concretos. No un marco general para la defraudación, sino una salida indebida de dinero de la caja pública a un bolsillo concreto. Eso es lo que le queda al caso ERE: una inmensidad de letra pequeña para rellenar los espacios en los que no entra la primera sentencia.
El sistema, dice la sentencia, en una de sus frases más afiladas, "permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado". Queda por determinar en otros juicios esas empresas, cuánto se ahorraron. Y muchos más detalles, que afectan a intrusos, comisionistas y, por supuesto, también a excargos de la Junta.Siguiente juicio en septiembre de 2020
Siguiente juicio en septiembre de 2020 Esa letra pequeña no se va a escribir de hoy para mañana. Los próximos juicios serán, lógicamente, los de las cuatro piezas que la jueza María Núñez Bolaños ha enviado a la Audiencia Provincial. Núñez Bolaños es precisamente la responsable de la división en múltiples piezas de la causa –en contra del criterio de Alaya–, al considerar que como macrocausa era ineficiente e inmanejable. El primer juicio tendrá lugar, como muy pronto, en septiembre de 2018, señala el TSJA. Concretamente, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha fijado su el inicio del juicio el 9 de septiembre de 2020.
Núñez elevó a la Audiencia los 4.529 folios de esta pieza en noviembre de 2017 con 12 acusados, entre ellos seis ex altos cargos de la Junta. Cinco de ellos ya han sido juzgados y condenados en la pieza política, entre ellos el el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. En esta pieza se han investigado ayudas de en torno a 3 millones a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). Se trata de ayudas repartidas mediante el conocido como "procedimiento específico". Es decir, el sistema que la sentencia de la pieza política ha considerado ilegal.
Las empresas del chófer
Las otras tres piezas que esperan juicio en la Audiencia son también por ayudas a empresas: Surcolor, Cenforpre –donde está acusado el ex futbolista Pizo Gómez– y las sociedades del que fuera chófer de Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo. Esta pieza, que aún no está señalada, tendrá miga. Trujillo, además de chófer de Guerrero, era su amigo. El conductor creó dos empresas, Iniciativas Turísticas Sierra Norte y Lógica Estratégica Empresarial, con el único fin de percibir las ayudas, según estableció al inicio de esta parte de la investigación la jueza Mercedes Alaya. Logró al menos 1,4 millones en ayudas.
La relación entre Guerrero y Trujillo cobró notoriedad al hilo de una declaración de Trujillo en la que afirmó que ambos habían gastado parte del dinero de las ayudas en fiestas nocturnas. "Como contraprestación a las subvenciones concedidas por Guerrero, Trujillo entregó cierta cantidad de dinero en metálico a aquél, así como le compró múltiples regalos de antigüedades, ropa, artículos de telefonía, invitándole habitualmente a copas y a cocaína, pagando todo ello con el dinero de las ayudas públicas recibidas", anotó Alaya en un auto en marzo de 2012. Guerrero, ante la comisión de investigación parlamentaria que funcionó en 2012, negó haberse pagado vicios privados con dinero público. "Me tengo por una persona jovial, no he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terrero, estoy dedicado a otras cosas. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero".
Es previsible que en los próximos meses sigan llegando piezas a la Audiencia. El caso no avanza a buen ritmo. Ni mucho menos. Anticorrupción ha denunciado a la jueza Núñez Bolaños ante el Consejo Generar del Poder Judicial por lo considera un "retraso injustificado". Previsiblemente los casos irán llegando con cuentagotas, primero a la Audiencia, luego a juicio, pieza a pieza, ayuda a ayuda, empresa a empresa: Tartessos Car, Fabricantes de Encimeras para Europa, Explotaciones Agrícolas Plantasur, Escayolas Saavedra.. El muestrario es amplio.
Sierra Norte y sobrecomisiones
En una pieza se investigan las ayudas a un grupo de empresas vinculadas al corcho. En otra, las recibidas por Cespa y FCC. Por supuesto, están las partes más sonadas, como la Faja Pirítica de Huelva o Boliden. En las piezas sobre las distintas empresas puede haber, además de ayudas irregulares, intrusos, según el caso. No hay una regla general, más allá del descontrol del reparto. También hay piezas por las ayudas a ayuntamientos... El reparto de ayudas abarca también a la Sierra Norte, que es en sí misma un caso, porque empresas de esta comarca, en la que estaban radicados políticamente Guerrero y el ex consejero de Empleo Viera, fueron agraciadas con una cantidad aparentemente desproporcionada de ayudas. Un grupo de empresas –algunas de ellas, meras pantallas– fue especialmente favorecido, el formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, empresarios de El Pedroso, que acabaron recibiendo más de 30 millones de euros, según puso de relieve la investigación judicial.
Otra de las patas del caso, que lleva una pieza propia, son las sobrecomisiones. Según la instrucción judicial, hubo empresas intermediadoras, singularmente Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones por encima del valor del mercado por intermediar entre las empresas, los sindicatos y la Junta a lo largo de la tramitación de los ERE. Un exdirigente de UGT en Andalucía, Juan Lanzas, actuaba supuestamente como conseguidor de ERE, poniendo de acuerdo a empresas que querían cerrar o recortar su personal y a la Junta de Andalucía, concretamente en la persona de Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Empleo. Lanzas, al que Alaya responsabiliza de la inclusión de numerosos intrusos en los ERE –entre ellos él mismo, familiares suyos y sindicalistas allegados–, cobró por sus trabajos de intermediación comisiones de hasta 13 millones de euros, según calculó Alaya durante la instrucción. Todo eso está aún por demostrar como hecho probado en una sentencia. En realidad, los únicos hechos probados hasta ahora son los recogidos en el fallo de la pieza política.
'Non bis in idem'
Adelante Andalucía quiere reprobar en el Parlamento andaluz a Susana Díaz y a los gobiernos de Chaves y Griñán por el 'caso ERE'
Queda mucha tela por cortar en el caso. Y muchas dudas jurídicas por despejar. Una de las principales tiene que ver con la aplicación del principio non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. En las cuestiones previas del juicio, el tribunal rechazó la petición de la la Fiscalía de agrupar todo el caso. Ahora quedan por juzgar numerosos hechos protagonizados por personas ya condenadas que rozan los ya abordados en el primer juicio. Pero, ¿los invaden? ¿Se repiten?
"La sección séptima de la Audiencia Provincial viene diciendo que no pueden ser juzgados por los mismos hechos", señalan desde el TSJA, aunque añaden que "no está claro" cómo quedará al final la situación en relación con cada alto cargo ya juzgado en la pieza política en cada uno de los juicios por venir. "Habrá que ver en cada pieza si esos hechos ya se han visto en el juicio de la pieza política", apunta el TSJA.
En febrero de 2019, había ya más de 50 autos avalando la exclusión de diversas piezas de los ex altos cargos ya enjuiciados en la parte política, como informó Diario de Sevilla tras un repaso de las resoluciones que bombea continuamente la Audiencia Provincial. De momento, no hay uniformidad. Guerrero, Viera, Fernández, Márquez y otros condenados suman a sus penas por la pieza política la incertidumbre sobre posibles nuevos juicios.
El 19 de enero de 2011, tirando del hilo de la extraña inclusión en el ERE de la empresa mixta Mercasevilla de un militante socialista de Baeza (Jaén) que no había trabajado nunca en la lonja sevillana y de la declaración ante la policía de un director general de Trabajo que afirmaba que había dispuesto de un cuantioso fondo de dinero para empresas en crisis, la jueza Mercedes Alaya abrió las diligencias 174/11.