El 27 de agosto de 1953, el ministro franquista de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, y el representante del papa Pío XII, Domenico Tardini, sellaron en Roma el Concordato entre España y el Vaticano, un acuerdo que recogía, entre otras aspectos, la oficialidad de la religión católica, la adaptación de la enseñanza religiosa al dogma católico o la posibilidad de que los obispos pudieran censurar cuando se tratara de asuntos de fe. El texto se mantuvo intacto hasta que, tras la muerte del dictador Francisco Franco, cinco nuevos acuerdos –uno en 1976 y cuatro en 1979– terminaron por reformarlo.
Ahora, casi cuarenta años después, IU exige que se entierren definitivamente. Para ello, la formación encabezada por Alberto Garzón registrará este martes, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso infoLibre, en la que se insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a derogar el Concordato y los acuerdos posteriores con el Vaticano a fin de garantizar "el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública".
El segundo pacto suscrito con Estado pontificio en 1979 gira en torno a la enseñanza y los asuntos culturales. En este texto, las dos partes establecen, entre otras cosas, que "los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales".
Con la vista puesta en la subcomisión parlamentaria que trabaja para alcanzar un pacto de educación, desde IU consideran "imprescindible" derogar estos acuerdos para que "la religión confesional" se quede "fuera del sistema educativo oficial" en cualquier "futura ley educativa que se considere democrática". En este sentido, la PNL añade que "en ningún caso se podrá avanzar en la laicidad de la enseñanza si se desarrolla bajo las condiciones" de unos acuerdos que, apuntan, "son invocados como base ‘legal’ para mantener privilegios y una inadmisible injerencia privada en el sistema educativo".
La iniciativa parlamentaria, que firman el coordinador federal de IU y los diputados Miguel Ángel Bustamante y Joan Mena, pide también "atender la responsabilidad exclusiva" que las Administraciones tienen a la hora de "asegurar" una educación pública "de calidad en condiciones de igualdad" a través de "una red pública de enseñanza que llegue a toda la ciudadanía". Por ello, el texto exige que se destinen a ella "recursos públicos suficientes, retirando progresivamente el desvío de fondos públicos hacia redes escolares privadas".
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Recogida de firmas
Para Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, los acuerdos firmados con el Vaticano "vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado" y amparan "legalmente la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo". Desde la formación que dirige Garzón también han impulsado una campaña para tratar de informar a la ciudadanía y denunciar todas estas cuestiones.
Además, la formación política también se ha sumado a la campaña Por una escuela pública y laica: religión fuera de la escuela, una iniciativa de recogida de firmas respaldada por diferentes partidos políticos –Podemos, EH Bildu o Alternativa Republicana, entre otros–, asociaciones –Europa Laica, Asociación Madrileña de Ateos y Pensadores o Attac–, colectivos –Marea Verde o Mareas por la Educación Pública– y sindicatos –CCOO, UGT o CGT–. Por el momento, ya han conseguido más de 44.500 rúbricas.
El 27 de agosto de 1953, el ministro franquista de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, y el representante del papa Pío XII, Domenico Tardini, sellaron en Roma el Concordato entre España y el Vaticano, un acuerdo que recogía, entre otras aspectos, la oficialidad de la religión católica, la adaptación de la enseñanza religiosa al dogma católico o la posibilidad de que los obispos pudieran censurar cuando se tratara de asuntos de fe. El texto se mantuvo intacto hasta que, tras la muerte del dictador Francisco Franco, cinco nuevos acuerdos –uno en 1976 y cuatro en 1979– terminaron por reformarlo.