Cuando Izquierda Plural –el grupo que aglutina a Izquierda Unida, ICV-EUiA y Chunta Aragonesista– planteó allá por septiembre que había que ponerse en serio a dinamizar la vida del Congreso, pareció que su grito se ahogaba en las profundidades de la dialéctica parlamentaria. Se reunieron poco después con el presidente del Congreso, Jesús Posada, e interpelaron después a la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Luego vino una moción que el pleno aprobó en noviembre, y en ella se encomendaba a la Comisión de Reglamento "la puesta en marcha de los trabajos para impulsar, desde el mayor consenso posible, los cambios reglamentarios que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Cámara y a lograr una mayor identificación en su capacidad de representación de los ciudadanos".
Eso era noviembre. El 7 de febrero, Posada remitió una carta a los portavoces de los grupos para que le hicieran llegar propuestas, ideas. Algo más se empezaba a mover. Este martes, el presidente del Congreso trasladaba que su intención era convocar la Comisión de Reglamento para abril. Y en paralelo, el PP urgió a que se activasen los mecanismos para cumplir la propuesta de resolución sobre transparencia y lucha contra la corrupción que aprobó el pleno en el debate del estado de la nación.
Este jueves, Izquierda Plural presentó, como hiciera hace seis meses, sus propuestas para "revitalizar el papel del Congreso". Algo que, como subrayó el primer portavoz adjunto del grupo, José Luis Centella, es a día de hoy "imprescindible, dada la pérdida de credibilidad que están sufriendo las instituciones". ¿Cómo atender pues a las peticiones de "más democracia" de los ciudadanos? IU-ICV-CHA recoge una serie de medidas y, de ellas, la más llamativa es esta: la posibilidad de celebrar "encuentros en sede parlamentaria, abiertos a la ciudadanía" con los diputados. "Podría establecerse que el Día de Puertas Abiertas, los distintos portavoces de los grupos contestasen a preguntas formuladas por los ciudadanos desde el mismo hemiciclo", reza el texto.
La regulación de los 'lobbies'
Entre otras medidas, figuran la ampliación de las competencias de la Comisión de Peticiones –para permitir la explicación de personas, colectivos e instituciones y deje de ser un mero "buzón de reclamaciones"–, la regulación del debate del estado de la nación para que no quede al albur de la decisión del Gobierno, dar mayor facilidad para exigir la comparecencia del presidente, el aumento de los cupos de preguntas e iniciativas de los grupos de oposición o una nueva retribución de los diputados, para que se equipare con los niveles de la Administración.
Izquierda Plural espera que "en uno o dos meses" los grupos sean capaces de culminar sus trabajos y elevar al pleno una amplia reforma del Reglamento de la Cámara, que data de 1982. El PP está de acuerdo con una mayor apertura del Parlamento a la sociedad, y aboga por regular los lobbies, aplicar a sus señorías las normas de transparencia y poner en funcionamiento una eterna propuesta: la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Tras la Semana Santa, se verá qué posibilidades de acuerdo hay y si, como en otras ocasiones, se cruza una demanda que ha hecho imposible la reforma en pasadas legislaturas: el uso de las lenguas cooficiales.
Cuando Izquierda Plural –el grupo que aglutina a Izquierda Unida, ICV-EUiA y Chunta Aragonesista– planteó allá por septiembre que había que ponerse en serio a dinamizar la vida del Congreso, pareció que su grito se ahogaba en las profundidades de la dialéctica parlamentaria. Se reunieron poco después con el presidente del Congreso, Jesús Posada, e interpelaron después a la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Luego vino una moción que el pleno aprobó en noviembre, y en ella se encomendaba a la Comisión de Reglamento "la puesta en marcha de los trabajos para impulsar, desde el mayor consenso posible, los cambios reglamentarios que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Cámara y a lograr una mayor identificación en su capacidad de representación de los ciudadanos".