La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este martes la aplicación de un acuerdo con el Ministerio del Interior para que sea el órgano de gobierno de los jueces quien centralice la gestión de las visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y refuerce su formación en materia de extranjería.
Estas medidas son consecuencia de una reunión mantenida el pasado 8 de octubre con responsables de Interior en la que estuvo presente el vocal de este órgano Álvaro Cuesta, quien cinco meses antes llevó este asunto al CGPJ después de que se conociera que el Ministerio no había autorizado que un grupo de jueces, participantes del Foro de Inmigración que se celebra en Gran Canaria, llevaran a cabo una inspección que iban a realizar este jueves al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco.
Tras conocer estos hechos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado mes de mayo "hacer saber al Ministerio del Interior" la importancia y utilidad de las visitas de jueces a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que en el futuro este tipo de actividades debe "ser autorizada".
Este martes, y también a propuesta de Cuesta, se dará cuenta del informe resultante de una reunión mantenida el pasado 8 de octubre en la que participaron, además de este vocal, la letrada del Servicio de Inspección del CGPJ María del Carmen Cimas Giménez y distintas autoridades del Ministerio del Interior.
Acordaron, entre otros extremos, "que será el Consejo General del Poder Judicial, quien centralice la gestión de las visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros, con la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía, así como la necesidad de dar más formación en materia de extranjería a jueces y magistrados, dentro de los Programas de Formación Inicial y Continuada", según consta en el orden del día de la Comisión Permanente de este martes.
Comisión mixta
Por otra parte, la Permanente incluye en su Orden del Día una propuesta del vocal Juan Manuel Fernández Martínez para que se constituya un grupo de trabajo mixto con la Fiscalía General del Estado, "de carácter consultivo", con el fin de "abordar el análisis y debate de cuantas cuestiones penales sean de mutuo y coincidente interés".
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El vocal propone analizar el tratamiento procesal de las denuncias sin autor conocido, cuyo volumen incide de forma "notable" en el trabajo cotidiano de los juzgados. A su juicio, este grupo de trabajo deberá también estudiar los juicios de faltas, la ampliación del cauce de los juicios rápidos o las conformidades.
La Comisión Permanente de este martes tomará también acuse de recibo de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el juez Elpidio José Silva que le condena a 17 años y medio de inhabilitación por prevaricación continuada cometido durante su investigación sobre el ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
La sentencia, que contó con el voto discrepante del presidente del tribunal Arturo Beltrán a favor de la absolución, le considera culpable de un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales. Silva recurrirá la condena ante el Tribunal Supremo.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este martes la aplicación de un acuerdo con el Ministerio del Interior para que sea el órgano de gobierno de los jueces quien centralice la gestión de las visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y refuerce su formación en materia de extranjería.