Nada es sencillo en el caso ERE. El Gobierno andaluz anunció este martes que continuará pagando las prejubilaciones acordadas, a pesar de la sentencia que establece que el reparto del dinero fue ilegal. ¿Por qué? El Ejecutivo que lidera Juanma Moreno (PP) tendría difícil cualquier otra opción, dado que la Junta tiene compromisos adquiridos con prejubilados con derecho a las ayudas y no han tenido ninguna responsabilidad en el fraude. Y son la mayoría. Además, la sentencia que condena a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos cuantifica el montante repartido mediante un sistema ilegal, 680 millones entre 2000 y 2009, pero no el dinero defraudado. Es decir, con la sentencia en la mano no puede decirse que todo el dinero del fraude sea dinero malversado, sino dinero repartido mediante un procedimiento basado en la prevaricación y la malversación. No es lo mismo, aunque pueda parecerlo.
La cuantía del fraude se tendrá que determinar a lo largo de al menos 150 juicios en los que se verá cuánto se defraudó con cada ayuda, qué intruso se benefició, qué empresa no cumplía los requisitos, qué comisión fue abonada por encima del valor de mercado... La Junta reclamará el dinero, según dijo ayer el vicepresidente Juan Marín, a los "intrusos", las empresas que hayan recibido el dinero sin derecho a recibirlo y a los "amiguetes". La semana pasada, en la cadena Ser, el presidente Moreno afirmaba que los 6.000 beneficiarios eran "personas allegadas al Partido Socialista". Este martes, Marín cifró los "intrusos" en "más de 200". La Junta también intentará recuperar las minutas pagadas, obligatoriamente, a los abogados de los ex altos cargos que han ido a juicio. ¿Garantías de recuperar ese dinero? A día de hoy, no pueden ofrecerse. El PSOE "ha dejado tal maraña que es muy difícil", dijo Marín. Lo dicho: nada es fácil en el caso ERE. Ni siquiera es fácil para PP y Cs, pese a que es un caso que se carga sobre la espalda del PSOE.
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), comparecieron este martes tras el Consejo de Gobierno con el fallo todavía coleando. La anterior reunión del Ejecutivo autonómico coincidió con la publicación de la sentencia, un tremendo golpe a la gestión socialista del que ha sido su mayor fortín autonómico, con casi 37 años en el poder. Una semana después del fallo, quedaban múltiples dudas en el aire: ¿a cuánto considera la Junta que asciende el dinero defraudado?, ¿cuántos intrusos tiene localizados?, ¿cuál va a ser el mecanismo para recuperar lo que sea posible del dinero?, ¿en qué se traduce la promesa de PP y Cs de intentar recuperar el dinero indebidamente entregado? Marín, el responsable de poner voz a la tarea de la Junta para resarcir las arcas públicas, despejó alguna equis, pero no todas. Y dejó flotando en el aire varias incógnitas nuevas.
El vicepresidente anunció que la Junta de Andalucía seguirá pagando las prejubilaciones acordadas con cargo al fondo que la sentencia considera ilegal. Marín incluso cuantificó en 37 millones lo que la Administración autonómica deberá pagar hasta 2025. Esto deja una evidencia sobre la mesa: la propia Junta, liderada ahora por PP y Cs, no considera dinero malversado los 680 millones. Ni detiene los pagos acordados, ni reclama los ya abonados. Irá a por los "amiguetes". Pero todavía no. Cuando haya sentencia firme. Trabajadores "de buena fe"
Para explicar todos estos aparentes contrasentidos, hay que entender cómo funciona el sistema. La Junta, mediante el sistema de los ERE ahora sentenciado, acordó pagar la prejubilación a en torno a 6.000 trabajadores hasta que llegaran a la prejubilación, cuando pasa a encargarse la Seguridad Social. De esos alrededor de 6.000 trabajadores, la mayoría se limitaron a angustiarse cuando se anunció el ERE en su empresa y aliviarse cuando la Junta apareció con la billetera. ¿Su culpa en todo esto? ¿Su responsabilidad en que su ayuda de prejubilación proviniera de un fondo opaco? Ninguna. Y, a pesar de ello, muchos han vivido con preocupación todos estos años, ya que oían a todas horas que el dinero que habían cobrado había sido malversado, según la investigación de la jueza Mercedes Alaya y, ahora, según una sentencia judicial. En buena lógica, tendrían entonces que devolverlo.
Pues no. No tendrán que devolverlo los que lo han percibido con derecho a hacerlo, ni aquellos que aún lo estén cobrando tendrán que dejar de recibirlo. Marín verbalizó este martes lo que en realidad era inevitable: los trabajadores "de buena fe" no tienen por qué preocuparse. Lo contrario, exigirles ahora el dinero y dejar de abonarlo, llevaría a la Administración a enfrentarse a un carrusel de demandas. La Junta asume los 37 millones que quedan pendientes hasta 2025.
200 intrusos
Ahora bien, hay otros trabajadores en situación distinta. Trabajadores a los que no se puede atribuir "buena fe", que están cobrando las ayudas y que no deberían estar cobrándolas. Son los conocidos como "intrusos": trabajadores que no desempeñaron función alguna en las empresas por las que se prejubilaron, o que desempeñaron funciones de un nivel inferior a aquel por el que se prejubilaron. La parte del caso que afecta a los intrusos está repartida por las numerosas piezas del caso ERE. Hay 120 incoadas, más cuatro a la espera de juicio, si bien la cifra total final podría llegar a 200 o incluso más, según la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Según la investigación judicial y policial, se colaron numerosos intrusos aprovechando la opacidad del sistema, entre ellos socialistas, sindicalistas y familiares. La jueza Mercedes Alaya cuantificó en 70 el número de intrusos en 2015. A lo largo de la instrucción, la cifra superó los cien. Marín dio este martes una cifra casi redonda: "más de 200". "Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que colaron en los ERE. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos los permita para que devuelvan lo que no les corresponde", afirmó Marín.
Sin cifra oficial de fraude
La respuesta que no dio Marín es a cuántos ascienden los prejubilados "de buena fe". Tampoco señaló a una cifra global de fraude. Si no son 680, ¿a cuánto asciende el fraude? Lo cierto es que es una pregunta precipitada, porque el fraude se calculará juicio a juicio, intruso a intruso, con el detalle de cada ayuda entregada de forma delictiva, con cada sobrecomisión considerada fruto de una malversación.
El vicepresidente Marín, de hecho, insistió en que se han oído ya demasiados "se supone" en cuanto a la cifra del fraude y se negó a dar ninguna. Aseguró que el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), está hilando fino para ofrecer mayor número de certezas a la opinión pública la semana que viene. "Queremos presentar datos reales, objetivos y certeros, porque lo demás es seguir especulando y el Gobierno no va a hacer esto con asunto tan serio", dijo Marín. Hasta ahora, las cifras que más frecuentemente circulan sobre la cuantía del fraude han rondado los 130 millones, que es lo que la Junta intentaba recuperar en 2017. Pero en ningún sitio está escrito que esto tenga que ser lo que, después de todos los juicios que quedan, se demuestre judicialmente como dinero defraudado.
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Reclamación a las empresas, no a los trabajadores
Tanto Marín como Bendodo lamentaron que el Gobierno andaluz, en la etapa de Susana Díaz, concretamente en 2016, pidiese el archivo de la pieza política del caso al considerar que los acusados eran todos inocentes y renunciase a pedir responsabilidades civiles. El vicepresidente asegura que, de no haberse comportado así y haber mantenido una acusación y una petición de dinero, la sentencia establecería una responsabilidad, se habría mantenido la petición de fianzas... Es decir, que la Junta tendría más facilidades para recuperar la parte del dinero defraudada. Pero, como sabe Marín, desde el Gobierno no se puede sólo atacar la gestión anterior, sino que también hay que explicar la futura. Sobre los pasos a dar para resarcir las arcas públicas, Marín afirmó que la Junta acudirá a la vía civil una vez que haya sentencia firme en el Tribunal Supremo.
El vicepresidente reiteró que el Gobierno andaluz hará todo lo posible por reunir el máximo dinero posible, pero también insistió en que no tiene la menor garantía de lograr nada. Es más, aunque aseguró que la Junta "perseguirá" a los intrusos para reclamarles el dinero, también admitió que, como la sentencia considera que son las empresas y no los trabajadores los beneficiarios reales de las ayudas, es a las empresas a las que tendrá que pedir el dinero. ¿Y si ya no existen o son insolventes? No conviene forjar elevadas expectativas sobre la recuperación del dinero.
Nada es sencillo en el caso ERE. El Gobierno andaluz anunció este martes que continuará pagando las prejubilaciones acordadas, a pesar de la sentencia que establece que el reparto del dinero fue ilegal. ¿Por qué? El Ejecutivo que lidera Juanma Moreno (PP) tendría difícil cualquier otra opción, dado que la Junta tiene compromisos adquiridos con prejubilados con derecho a las ayudas y no han tenido ninguna responsabilidad en el fraude. Y son la mayoría. Además, la sentencia que condena a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos cuantifica el montante repartido mediante un sistema ilegal, 680 millones entre 2000 y 2009, pero no el dinero defraudado. Es decir, con la sentencia en la mano no puede decirse que todo el dinero del fraude sea dinero malversado, sino dinero repartido mediante un procedimiento basado en la prevaricación y la malversación. No es lo mismo, aunque pueda parecerlo.