La Justicia vuelve a paralizar la privatización de seis hospitales en la Comunidad de Madrid

La Justicia ha vuelto a paralizar este martes de forma cautelar el proceso de privatización de seis hospitales en Madrid. Es la respuesta del juzgado número cuatro de lo contencioso administrativo de Madrid a la demanda de suspensión del proceso de licitación presentada por la asociación de facultativos AFEM por defensa de los derechos fundamentales. Se trata de una paralización provisional hasta que, en un plazo de 15 días, la Consejería de Sanidad exponga sus alegaciones. 

En su escrito, el juez Carlos Gómez Iglesias se refiere al argumento esgrimido por la Comunidad de Madrid de que privatizar la gestión supondrá un ahorro de gasto público. En este sentido, el juez subraya que esa cuestión "resulta una incógnita en el momento actual" dado que "existen datos sobre países en los que la gestión privada del sistema sistema sanitario no ha supuesto ahorro". Y es aquí donde asesta un varapalo al Ejecutivo madrileño al afirmar que no se entiende bien "cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia". 

Asimismo, el juez se plantea la duda de si "el interés general se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar". La Comunidad de Madrid pretendía que AFEM, para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la adopción de la medida cautelar, presentase una fianza de 65 millones de euros bajo el argumento de que ese el ahorro "que supone para las arcas autonómicas durante seis meses". El juez ha denegado esa solicitud y aduce que ese "'ahorro' de momento, es virtual, al estar basado en cálculos hipotéticos (...) que pueden no responder luego a la realidad". 

Auto de suspensión cautelar del proceso de privatización sanitaria [PDF]

Ver más

Según el magistrado, la adjudicación de la gestión de servicios públicos a empresas privadas "lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad" que "se incrementa notablemente en supuestos como éste, en los que, por la propia magnitud del servicio, se precisa introducir por los agentes privados (...) importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión (10 años en este caso), que hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior".

También se refiere al juez a las consecuencias que para los trabajadores tiene este proceso y señala que "nada se dice en el Pliego respecto a qué ocurrirá con este personal [interinos y eventuales] en el supuesto de no manifestar esa intención", pues las empresas que se han hecho con la gestión de los hospitales aseguran el mantenimiento de sus contratos, pero no de sus condiciones laborales y siempre que manifiesten su intención de incorporarse a las concesionarias. Asimismo, considera que "la puesta en marcha de este proceso provocará, a buen seguro, un importante fenómeno de dispersión del capital humano afectado por el mismo, cuya recomposición en el futuro resultaría inviable por razones obvias". 

El pasado 10 de julio, el TSJM ya paralizó de forma cautelar el proceso aunque se desdijo 14 días después argumentando que el PSM, que había recurrido los pliegos de condiciones de la convocatoria, no estaba legitimado para recurrir el proceso por no ser parte directa en la adjudicación.