El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles, con el respaldo de todos los grupos menos el PP, que se ha abstenido, la ley de igualdad de las personas LGTBI, que establece medidas en sanidad, educación, empleo y atención social para conseguir una "igualdad real" y luchar contra la LGTBfobia, además de prohibir las terapias de aversión para modificar la orientación sexual o identidad de género, que se catalogan como infracción muy grave, con multas de 60.000 a 120.000 euros.
La ley reconoce la igualdad y el derecho a la no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales e incluye una "cláusula general antidiscriminatoria" que señala que las administraciones públicas de la Comunitat y el Síndic de Greuges (una especie de defensor del pueblo) velarán por ese derecho y podrán actuar de oficio, sin necesidad de denuncia o queja. Además, la Generalitat prestará asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria y medidas sociales a las víctimas de la LGTBfobia, que tendrán todos los derechos reconocidos en el estatuto de la víctima. En esta línea, se crea el Consejo valenciano LGTBI como órgano de participación ciudadana en derechos y libertades, y se garantiza un servicio de información, orientación y asesoramiento integral a estas personas y sus allegados. También se crea el Espacio de la Memoria LGTBI para promover el conocimiento e investigación sobre la historia del colectivo.
A lo largo de su articulado, la norma establece medidas en el ámbito de la salud, que van desde la formación del personal sanitario para garantizar una atención respetuosa a todas las personas, servicios específicos para atender las necesidades particulares de las personas LGTBI o la garantía de acceso a las técnicas de reproducción asistida. En cuanto a la educación, apuesta por un sistema "respetuoso, libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de orientación sexual", incorporando el tratamiento de la diversidad sexual y familiar en los currículos —dentro del ámbito competencial— y elaborando programas y guías de educación sexual.
Asimismo, se abordan políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo, medidas en caso de violencia en el ámbito familiar o la garantía de que no exista discriminación hacia este colectivo en la valoración de idoneidad en los procesos de adopción. La Generalitat implementará medidas para contribuir a la atención y visibilidad de las personas LGTBI, acciones para garantizar el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito rural, conmemorará y prestará apoyo a la celebración de fechas, actos y eventos para la normalización e igualdad real, y ofrecerá apoyo a los municipios asesoramiento para que lancen sus planes locales LGTBI.
'Un día grande'
En el debate, la diputada Llum Quiñonero (Podemos) ha expuesto el dictamen previo de la comisión y ha concluido su intervención con unas emotivas palabras, asegurando que en los años 80 ella misma recibió una amenaza de que la matarían como a Yolanda González, lesbiana como ella: "A ella la mataron, yo estoy aquí viva luchando por los derechos". La socialista Rosa Mustafá ha asegurado que hoy es "un día grande" y ha recordado la figura de su compañero de partido Pedro Zerolo, un "incansable en la lucha de los derechos LGTBI". Ha puesto en valor esta ley para que "la discriminación no salga gratis", con el régimen sancionador que se incorpora, y ha defendido el espacio de la memoria del colectivo, "no solo por justicia y reparación", sino para dar a conocer la historia a toda la sociedad.
A título personal, ha recordado que una vez un policía que ejerció en València a finales de la dictadura le contaba a su hermana y a ella cómo iban a "los famosos urinarios de la plaza del Ayuntamiento, donde quedaban los gays" a detenerlos y multarlos "por ser como eran" y si siguiera vivo estaría orgulloso de que su nieta esté votando ahora "para reparar aquel daño". "Que nadie más tenga que vivir dentro del armario, que nadie por edad tenga que volver a entrar en él, por todas las personas que han vivido con miedo o no han podido soportar esa realidad tenemos la obligación de aprobar esta ley", ha subrayado.
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Enmiendas del PP
Precisamente la diputada del PP, Blanca Garrigues, ha anunciado la abstención de su grupo porque es "más lo que une" que lo que separa, ha defendido la necesidad de luchar contra la LGTBfobia, pero ha criticado que la ley necesita recursos para ser aplicada y no están. El PP planteaba en sus enmiendas en cuanto a la educación el tratamiento de la diversidad sexual especificando el respeto a la libertad de cátedra, la autonomía pedagógica y el iderario propio del centro.
Esta cuestión ha sido criticada por el diputado Fran Ferri (Compromís), que ha recordado cómo en una universidad privada de València se hablaba en las clases de la homosexualidad como una enfermedad. Además, también ha criticado que el PP propusiera eliminar el artículo que prohíbe las terapias de aversión. Al respecto, la diputada conservadora ha señalado que sus enmiendas buscan cumplir la Constitución y "evitar problemas futuros" como la comisión bilateral que se abrió tras la aprobación de la ley trans.
El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles, con el respaldo de todos los grupos menos el PP, que se ha abstenido, la ley de igualdad de las personas LGTBI, que establece medidas en sanidad, educación, empleo y atención social para conseguir una "igualdad real" y luchar contra la LGTBfobia, además de prohibir las terapias de aversión para modificar la orientación sexual o identidad de género, que se catalogan como infracción muy grave, con multas de 60.000 a 120.000 euros.