La polémica Ley de Tasas Judiciales cumple este jueves dos años habiendo recibido en este periodo hasta cinco recursos y varias cuestiones de inconstitucionalidad en su contra en el Tribunal Constitucional, una modificación legislativa a los cinco meses de entrar en vigor y con el horizonte de experimentar una nueva reforma en lo que queda de legislatura.
La ley 10/2012 de las tasas judiciales fue de las pocas que logró aprobar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el voto en solitario del PP en las Cortes Generales y con la oposición unánime de profesionales, sindicatos y consumidores, que llegaron a unirse en la Plataforma Justicia para Todos en su contra.
La norma, aprobada la jornada de la huelga general de 2012, fue suavizada a través de un real decreto-ley en abril del año siguiente tras las recomendaciones de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien evitó recurrirla ante el Constitucional como requería el sector. Ese decreto reducía el tramo variable de la tasa, adelantaba la entrada en vigor de los efectos de la ley de justicia gratuita pero no tocaba la parte fija de la tasa.
1.200 euros por ir al Supremo
Esta cuantía fija lleva aparejada el pago de 800 euros por recurrir en apelación y hasta de 1.200 euros por acudir a casación ante el Tribunal Supremo. Y es que las tasas de Gallardón se extendieron más allá de las personas jurídicas –como bancos o grandes empresas– para alcanzar a las personas físicas en todas las jurisdicciones, salvo la penal.
Gallardón justificó las tasas en que financiarían la justicia gratuita pero lo cierto es que los profesionales y las comunidades autónomas denuncian que la recaudación de más de 500 millones de euros no se ha destinado al turno de oficio y su gestión corresponde a Hacienda y no Justicia.
Precisamente, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, está recopilando datos sobre el impacto que las tasas han tenido en la litigiosidad para estudiar si un "ajuste" aunque no su derogación. Y se verá condicionado por el proyecto de ley de justicia gratuita, íntimamente relacionado con las tasas, cuyos efectos entraron en vigor aunque todavía en tramitación como proyecto en el Congreso de los Diputados.
Los abogados siguen batallando contra esta norma desde el día de su aprobación y para este jueves se reunirán con grupos parlamentarios, entre ellos PSOE, UPyD y Ciudadanos, leerán un manifiesto y pondrán el broche final a la jornada con la campaña #NocheAntiTasas en las redes sociales.
Abogados críticos con las tasas judiciales exigen su derogación a través de Twitter
Muchos juristas activos en las redes sociales han formado la Brigada Tuitera, que ya consiguió que las tasas fueran tendencia –trending topic– en tan solo cuatro minutos el día en que Catalá presentó sus líneas de actuación en el Congreso, denunciaban la barrera que suponía para el acceso a la Justicia y la desigualdad entre ricos y pobres.
Otras instituciones han demostrado también su rechazo a la norma y prueba de ello son los cinco recursos que el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.
La polémica Ley de Tasas Judiciales cumple este jueves dos años habiendo recibido en este periodo hasta cinco recursos y varias cuestiones de inconstitucionalidad en su contra en el Tribunal Constitucional, una modificación legislativa a los cinco meses de entrar en vigor y con el horizonte de experimentar una nueva reforma en lo que queda de legislatura.