En 2018, Nerea y Martina fueron asesinadas por su padre en Castellón. Un año después, la madre de las niñas, de tres y seis años de edad, y su familia han denunciado al Estado por los fallos en la protección de las menores, según informa la Cadena Ser. La reclamación de responsabilidad patrimonial se ha presentado ante los ministerios de Justicia e Interior, junto fotos y grabaciones que prueban que el padre de las niñas amenazaba de muerte a sus hijas y que, en su momento, no fueron suficientes para que el Estado les alejara de él.
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Ante los micrófonos de la Cadena SER, Itziar, la madre de las niñas asesinadas, ha asegurado que "no se ha hecho nada por evitarlo, y ahora lo lamentamos. Es mucho más costoso el daño que se ha producido por el asesinato de Nerea y Martina que su prevención. Es algo que no superaremos nunca, ni nosotros, su familia, ni sus compañeros y profesores, ni sus vecinos, ni compañeros de baile, de natación... ". La madre ha asegurado que no se mudaron para no sacar a las niñas del entorno y que, por ello, decidió pedir la orden de protección para sus hijas pero la jueza se la denegó por considerar que si todavía vivía cerca de su expareja es porque no tendría tanto miedo.
Su abogado ha asegurado que "ha habido un fallo sistémico del Ministerio del Interior y del de Justicia" y por eso piden que "reconozcan su responsabilidad" en el asesinato de las dos niñas. Se basa en el precedente del caso de Ángela González Carreño, en el cuál el Supremo condenó al Estado a pagarle 600.000 euros después de que su exmarido matara a su hija. España acababa de firmar el Convenio de Estambul que obliga a los Estados a proteger a los niños, lo que obligó a Interior a cambiar el protocolo de valoración de los niños y las madres.
En 2018, Nerea y Martina fueron asesinadas por su padre en Castellón. Un año después, la madre de las niñas, de tres y seis años de edad, y su familia han denunciado al Estado por los fallos en la protección de las menores, según informa la Cadena Ser. La reclamación de responsabilidad patrimonial se ha presentado ante los ministerios de Justicia e Interior, junto fotos y grabaciones que prueban que el padre de las niñas amenazaba de muerte a sus hijas y que, en su momento, no fueron suficientes para que el Estado les alejara de él.