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Creada en febrero de 2015, sobre la Sección de Derecho Militar y Seguridad del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha caído a plomo lo que un supersticioso llamaría la mala suerte. Porque sus dos últimos y sucesivos presidentes han terminado judicialmente imputados aunque en causas de muy diferente tenor. Quien todavía ostenta el cargo, la exministra María Dolores de Cospedal, acaba de ingresar en las filas de investigados por el espionaje a Luis Bárcenas, el llamado caso Kitchen. Y su antecesor, el exdiputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca, se encuentra ya en espera de juicio por un supuesto delito de abuso sexual. La asociación progresista de abogados ALA ha pedido al ICAM el cese de Cospedal. Pero, de momento, el colegio que representa el buque insignia de la abogacía española –suma 77.000 de los 153.913 que ejercen en toda España– no piensa descabalgarla.
Los portavoces del Colegio explican que fue a finales de diciembre cuando la institución que preside el decano José María Alonso Puig designó presidenta del área a Cospedal. Pero, con la pandemia marcando los tiempos y los rumbos, el departamento permaneció en barbecho hasta el pasado día 1. Fue entonces cuando –añaden los mismos portavoces– se produjo la "reinauguración" de una sección nacida para lo que narró así una crónica publicada el 23 de febrero de 2015, efeméride de lo que a punto estuvo de ser una hecatombe militar: "Posibilitar la interrelación entre los abogados que se dedican al derecho que regula las relaciones profesionales y económicas de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de las Policías desde una visión multidisciplinar". Al frente se situó el entonces portavoz de la progresista Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado.
Pero resulta que esa reinauguración del 1 de junio de 2021 ha comenzado herida. Porque al día siguiente, miércoles 2 de junio, el Congreso había fijado las 10 de la mañana como hora de inicio de una sesión clave para la comisión de investigación sobre el caso Kitchen. Los grandes protagonistas de la jornada iban a ser la exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y exsecretaria general del PP. Y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Ambos debían declarar ante los diputados que conforman la comisión. Pero exactamente a las diez de la mañana y tres minutos –"10.03", se lee en la resolución– el juez del caso Villarejo firmó digitalmente el auto por el que los imputaba a ambos. Y la sesión se fue al traste con una suspensión de consecuencias todavía imprevisibles: de hecho, la comparecencia de Cospedal ni siquiera empezó.
Sobre la mesa del magistrado Manuel García Castellón la solicitud de imputación formulada por la Fiscalía Anticorrupción esperaba desde septiembre de 2020. Pero ese hecho no pesó en la junta de gobierno del ICAM. Ni pesó que dos años antes hubiera saltado a los titulares que en el verano de 2009 Cospedal y su marido se habían reunido a escondidas en la sede de Génova con el comisario José Manuel Villarejo para hablar del caso Gürtel y de lo que ya entonces ofrecía visos de calvario para el PP: Luis Bárcenas y su formidable acervo documental y memorístico sobre las cuentas del partido.
Así que a finales de diciembre de 2020, como cuentan los portavoces del ICAM, Cospedal tomó las riendas de la sección que un año antes había dejado vacante el abogado ultraderechista Carlos Fernández-Roca. Pero Fernández-Roca no dimitió porque ya se hubiera metido en problemas judiciales. Su abandono de la estructura colegial, relatan fuentes que conocen desde dentro el ICAM, no guardó relación con lo que la noche de un sábado de otoño ocurrió –el juicio decidirá exactamente qué– tras entrar en su casa con una veinteañera que quienes la conocen definen como afín a Vox. La joven terminó denunciándole por un supuesto abuso sexual con penetración. Sin violencia física. Pero con el también supuesto alcohol ingerido por la todavía supuesta víctima como elemento clave del abuso.
Antes de eso, el letrado había dejado la presidencia de la Sección de Derecho Militar cuando obtuvo el escaño que como cunero logró por Almería en los comicios de noviembre de 2019. En la convocatoria de abril lo había intentado, sin éxito, por Segovia. Por entonces ejercía como coordinador del grupo parlamentario de Vox en Andalucía.
Ver másEl juez imputa a Cospedal y López del Hierro por la 'operación Kitchen'
Entre convocatoria electoral y convocatoria electoral, el hombre encargado de la interrelación de los abogados con las Fuerzas Armadas y las de Seguridad había retuiteado desde su cuenta mensajes de Vox que la asociación ALA transcribió en un escrito dirigido a la junta de gobierno del ICAM. Por ejemplo, este mensaje, cuyo RT a cargo de Fernández-Roca no ha podido verificar infoLibre pero que aparece en el escrito con que la citada asociación de juristas pidió el cese de quienes a efectos profesionales publicitaban sus cargos en el colegio. El tuit decía esto: "Un gobierno que prefiere proteger a los que vienen de fuera que a sus mayores, los cuales han trabajado duro por levantar al país, no merece ningún tipo de respeto".
Menas 664 euros: Fernández-Roca lo retuiteó según la asociación de juristas ALA cuando presidía la Secciòn de Derecho Militar del Colegio de Abogados de Madrid. Luego, los 664 euros se convirtieron en 4.700. Al exparlamentario el cambio le pilló ya imputado.
Aquel tuit se completaba con dos frases que ya anticipaban lo que año y medio más tarde se convertiría en uno de los carteles más célebres de la iconografía electoral y evocaría la propaganda nazi: "Viuda: 426 euros/mes de pensión. Mena: 664 euros/mes + habitación + comida". Luego, Vox decidió que la puja debía ser más alta. Y los 664 euros pasaron a ser 4.700 en la campaña para las elecciones autonómicas madrileñas del pasado 4 de mayo. En ese momento, Fernández-Roca llevaba ya cinco meses fuera de la circulación política. E imputado. Dimitió el 14 de noviembre sin explicar por qué y, según su aplaudida versión –aplaudida por Vox–, para aclarar "cuanto antes" el misterioso "episodio" por él mismo invocado. Un mes más tarde, este periódico desveló el porqué de su dimisión. El Colegio de Abogados guardó silencio.
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