Hace apenas unos meses, Junts sobrevivía en la intemperie institucional. Tras haber abandonado el Govern y haber perdido más de doscientos cargos, las elecciones municipales dejaron a la formación con un poder totalmente residual. Mantenían la presidencia del Parlament, pero no pudieron retener ningún ayuntamiento de peso, ni siquiera el de Barcelona. Medio año después, no sólo han logrado condicionar la investidura del Gobierno, sino que están marcando la agenda política al punto de inspirar al PP de Isabel Díaz Ayuso. ¿La fórmula? Espolear el temor a las personas migrantes y vincularlas a la delincuencia.
En los últimos días, Junts ha abierto un melón que hace tiempo que sostiene, pero que hasta ahora no había sabido rentabilizar. Lo planteó Carles Puigdemont el pasado septiembre en su conferencia en Bruselas, pero no fue el titular que acaparó la atención. Lo volvió a intentar la formación semanas después con una propuesta en la cámara catalana, pero tampoco salió adelante. El tercer embate lo ha dado a instancias de una decena de alcaldes del Maresme, que han logrado finalmente situar la cuestión en primer plano.
Los resultados —además de peligrosos— están siendo, cuanto menos, sorprendentes. El más llamativo sea quizás la compañera de viaje que se les ha sumado. Esta semana, la presidenta madrileña ha empleado un discurso muy similar al esgrimido por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y que los propios populares habían criticado por “xenófobo y racista”. Sin ningún tipo de prueba, Ayuso ha asociado la llegada de migrantes a un centro de acogida de Alcalá de Henares con agresiones sexuales en el municipio e incluso con un brote de sarna, unas palabras que el Gobierno se ha apresurado a desmentir y con las que el PP ha cerrado filas, a pesar de haberlas criticado cuando salían por boca de Vox.
La estrategia de criminalizar la inmigración no es original ni novedosa, pero sí llama la atención que sea justamente Junts el partido que haya traído al centro del debate esta cuestión tan delicada. Lo ha conseguido tras pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez que se deleguen a la Generalitat las competencias en esta materia a cambio de salvar los primeros decretos del Ejecutivo y a pesar de no haber prestado especial atención a esta carpeta durante el procés, ni tampoco en las últimas citas electorales.
Precisamente ahora, con el interés por la independencia bajo mínimos, los partidos catalanes se han apresurado a sumarse a este jugoso y, a menudo tergiversado, debate, que viene ocupando titulares, portadas y horas de tertulias en medios de todo color político. Con los comicios autonómicos en el horizonte, la inmigración tiene todas las de convertirse en un nuevo filón electoral. Y en Junts lo saben bien.
La presión de los alcaldes
En algunos puntos de Cataluña hace tiempo la inmigración ya es un arma electoral y la comarca del Maresme es un buen ejemplo. El pasado diciembre, varios alcaldes de Junts presionaron para exigir la expulsión inmediata de los migrantes multirreincidentes, asegurando que si estas personas “no han venido para integrarse y trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida”. Lo plantearon después de denunciar una “ola de delitos” en la zona, especialmente en la localidad de Calella, presuntamente perpetrados por un mismo grupo “multirreincidente”.
La dirección del partido mostró rápidamente su apoyo a estos alcaldes, endureciendo así el debate sobre la migración y vinculándolo a la seguridad en los municipios. “Entiendo perfectamente el llamado que hacen estos alcaldes. Están desesperados. Tienen una presión de los vecinos brutal (...). Si alguien da el paso de venir a Cataluña, tiene unos derechos y unos deberes”, apuntó Turull.
Se da la circunstancia, además, de que la agrupación de Junts en el Maresme tiene especial peso dentro de la formación y sus líderes, de marcada herencia convergente, son más cercanos al ala pragmática del partido y, en consecuencia, a Turull. De hecho, cuando estaba en debate la salida del Govern, la mayoría de ellos firmó un manifiesto pidiendo seguir ocupando cuotas de poder en el ejecutivo.
Por otro lado, se trata de una zona en la que la percepción de seguridad suele estar en el punto de mira. Hace tiempo que han aflorado patrullas vecinales, es habitual que reclame más agentes policiales y a menudo ha sido objeto de polémica por la gestión de las ocupaciones ilegales de inmuebles o la contratación de los servicios de la cuestionada empresa Desokupa.
Sin embargo, la sensación de inseguridad es peor de lo que indican los datos oficiales. Según el Departamento de Interior, la media de delitos en esta zona es “ligeramente inferior” a la media catalana, pese a lo cual la Generalitat se ha comprometido a destinar nuevos agentes de Mossos d’Esquadra hasta lograr la dotación más grande que ha tenido nunca la comarca. Y otro indicador: todos los municipios cuyos alcaldes reclamaron expulsar a migrantes multirreincidentes tienen una tasa de población extranjera inferior a la media catalana, del 16,3% Sólo Calella está dos puntos porcentuales por encima, de acuerdo con el Instituto de Estadística de Cataluña.
El efecto Ripoll
Pero hay más lecturas. Otra de las cuestiones que sirven para entender por qué el partido de Carles Puigdemont está enarbolando la bandera de la inmigración es el “efecto Ripoll”. La irrupción de la ultraderecha de Aliança Catalana, el partido independentista de Sílvia Orriols, llevó el pasado mayo a Junts a perder la alcaldía de este municipio. La sonada e inesperada victoria de Orriols, el fracaso de un cordón sanitario —precisamente por la negativa de Junts de sumarse a la alternativa de izquierdas— y la posibilidad de que la formación dé el salto al arco parlamentario mantienen en vilo a los partidos hegemónicos, especialmente a los postconvergentes, con quienes tienen frontera electoral.
Es evidente que desde las pasadas municipales los de Junts han ido planteando cada vez con más frecuencia el tema de la inmigración, lo que puede leerse como un intento de sacar pecho y de consolidar su posición a la derecha del tablero político en una cuestión que tiene visos de ser clave en la próxima disputa electoral. Al poner el debate sobre la inmigración en el centro, el partido de Puigdemont también marca perfil ante ERC, su principal rival político. Prueba de ello es el cruce de acusaciones en el que se han enzarzado ambos partidos a cuenta de este tema, que para los primeros es sobre todo una cuestión de competencias, mientras que para los segundos supone inflar un debate que “espolea a la extrema derecha”.
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Además, la tesis migratoria como problema parece tener buena base entre el electorado. Según el último barómetro del CEO, el CIS catalán, los votantes de Junts muestran actitudes más racistas o xenófobas que la media catalana. Creen, en mayor medida, que hay “demasiada inmigración” —el 64% frente al 60% de los catalanes— y que “el Gobierno ha perdido el control de quien entra en nuestro país” —el 66% frente al 63%—, si bien estos porcentajes se sitúan por debajo de lo manifestado por los partidarios de Cs, PP y Vox.
No obstante, cuando se habla de sacar rédito a inmigración y delincuencia en Cataluña hay otro nombre que resuena con fuerza: el de Xavier García Albiol. El líder del Partido Popular y actual alcalde de Badalona hace más de una década que lleva arrasando en las urnas de su ciudad con este discurso. En el recuerdo queda su controvertido lema “Limpiando Badalona”, una consigna racista que no le permitió revalidar la alcaldía únicamente porque la oposición se alió para evitarlo.
Entonces el discurso de Albiol chirriaba en una sociedad proclive a la acogida y la inclusión, pero en un contexto europeo en el que cada vez son más las puertas cerradas, también son cada vez menos los que se llevan las manos a la cabeza. Como nota, el Consejo y el Parlamento Europeo acaban de pactar el endurecimiento del control de las fronteras exteriores y una especie de “solidaridad a la carta” para poder eludir la acogida de migrantes a cambio de un pago. En una población que acepta estos términos, el discurso de Junts no queda tan lejos.
Hace apenas unos meses, Junts sobrevivía en la intemperie institucional. Tras haber abandonado el Govern y haber perdido más de doscientos cargos, las elecciones municipales dejaron a la formación con un poder totalmente residual. Mantenían la presidencia del Parlament, pero no pudieron retener ningún ayuntamiento de peso, ni siquiera el de Barcelona. Medio año después, no sólo han logrado condicionar la investidura del Gobierno, sino que están marcando la agenda política al punto de inspirar al PP de Isabel Díaz Ayuso. ¿La fórmula? Espolear el temor a las personas migrantes y vincularlas a la delincuencia.