El expresidente de Baleares Jaume Matas ha puesto a disposición de la Audiencia Provincial el palacete que posee en el casco antiguo de Palma a fin de reparar, según manifiesta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el daño causado en el marco del caso Nóos, en el que se estima que se desviaron 2,3 millones de euros públicos.
Según fuentes judiciales, se trata de un primer paso de cara al reconocimiento de los hechos en los que Matas habría intervenido, al auspiciar la contratación a dedo de la entidad presidida por Iñaki Urdangarin, eludiendo los procedimientos administrativos con el objetivo de beneficiar al marido de la infanta Cristina y a su exsocio Diego Torres.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclama 11 años de cárcel para el exministro por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación y falsedad en documento público (por el que se le piden ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta) y un último de fraude a la administración (tres años y 10 de inhabilitación).
Junto a su escrito, la defensa de Matas aporta un informe en el que se calcula el valor global del inmueble en 2.477.550 euros. Sobre la finca pesa además una carga hipotecaria cifrada en 484.552 euros. La defensa señala que la finca se halla gravada además con un censo y una servidumbre, pero asevera que ninguna de estas cargas disminuye su valor.
La entrega del palacete le permite cubrir parte de la fianza civil de tres millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción reclama para el acusado en el marco del caso Nóos, cuyo juicio arranca el próximo lunes con 18 procesados en el banquillo. Su abogado subraya que este ofrecimiento "implica la voluntad" del expresidente de "reparar el daño causado".
Según el fiscal Pedro Horrach, el papel que ejerció Matas fue decisivo para que el Govern destinase de forma fraudulenta 1,2 millones de euros a la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears-Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional del Illes Balears.
"Farsa orquestada por Matas"
De hecho, recalca en su escrito de acusación que los contratos y convenios de colaboración rubricados fueron una "farsa orquestada" por Matas "fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa y omitiendo intencionadamente el procedimiento administrativo correspondiente".
Con el palacete y otras dos viviendas, Matas garantizó en su día el préstamo de 3.041.364 euros que le concedió el Banco de Valencia para hacer frente a la fianza de tres millones que el juez del caso Palma Arena, José Castro, le impuso en marzo de 2010 por riesgo de fuga y cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión.
La entidad acreedora interpuso una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al ex presidente la devolución de la totalidad del préstamo más los intereses del crédito generados desde entonces pero, al no ser devuelta la cantidad, el banco solicitó al juzgado que los tres inmuebles salieran a subasta pública. El procedimiento fue finalmente archivado.
Una de las principales líneas de investigación del caso Palma Arena se centran en el enriquecimiento presuntamente ilícito de Matas, que según las pesquisas no se correspondía con los ingresos que obtenía como presidente.
Los investigadores apuntan así a la relación de los elevados gastos en que incurrió Matas con el supuesto desvío de fondos que se produjo durante la ejecución del Palma Arena (2005-2007), unos hechos que, no obstante, ha negado hasta ahora el exdirigente del PP balear, quien durante su primera declaración ante el juez justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma.
De hecho, manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el palacete, negando de este modo haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.
'Operación Buckingham'
El juez Castro embarga la mitad del palacete de Matas para cubrir su fianza
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre Matas en 2009 tras detectar posibles irregularidades en la compra del palacete, por el que el político del PP pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.
A partir de ese momento se iniciaron unas intensas investigaciones conocidas con el nombre de Operación Buckingham y dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al el elevado tren de vida que llevó Matas mientras era máximo mandatario balear.
Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes.
El expresidente de Baleares Jaume Matas ha puesto a disposición de la Audiencia Provincial el palacete que posee en el casco antiguo de Palma a fin de reparar, según manifiesta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el daño causado en el marco del caso Nóos, en el que se estima que se desviaron 2,3 millones de euros públicos.