La asociación de facultativos Afem ha decidido personarse como acusación particular en la causa por la que se investiga si el Hospital de la Paz-Carlos III aplicó todas las medidas de cara a garantizar la seguridad del personal y la formación de los trabajadores para tratar casos de ébola.
El Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid trasladó al Ministerio Público en un auto del 22 de octubre acordó la apertura de diligencias previas para determinar estos hechos. Adoptó esta decisión al entender que el relato de la denuncia presentada por médicos del servicio de Medicina Intensiva de La Paz –a través del sindicato AMYTS– "presenta las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". E instaba al hospital a recabar toda la documentación sobre las medidas de seguridad y las iniciativas de formación aplicadas, así como una relación de las personas asistentes a los cursos de formación y quiénes los prestaron.
El juzgado también reclamó las relaciones de médicos, enfermeras y técnicos de enfermería que estuvieron en contacto con el virus. Aparte, encargó un oficio a la Inspección de Trabajo a fin de que remita actas o informes instruidos en relación al objeto de la denuncia. Frente a esta resolución, indica el juzgado, cabe interponer un recurso en el plazo de tres días.
En su denuncia, los médicos de AMYTS consideraban que, "si no están acompañados de una formación y entrenamiento apropiados y estrictos" y "medios estructurales que permitan ponerlos en práctica", los protocolos "son insuficientes para garantizar la seguridad que exige el tratamiento de un agente biológico de nivel cuatro como es el ébola.
Asimismo, los facultativos recordaban que desde el 29 de abril habían venido "denunciando la necesidad de una infraestructura, medios y formación, imprescindibles para el tratamiento de los enfermos afectados por esta patología" y señalan que aunque se les prometió "una formación adecuada (...) por medio de talleres prácticos", el Servicio de Protección de Riesgos Laborales del hospital "ofrece en el mes de julio a los interesados una charla explicativa de unos 45 minutos de duración, a lo sumo, y la exhibición de unos trajes de protección que no reúnen las condiciones de seguridad requeridas".
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Por otro lado, exponían que el 8 de agosto, el jefe de servicio recibió un comunicado de la dirección médica del hospital en el que se aseguraba haber cumplido todas las peticiones de los facultativos. No obstante, en la denuncia señalaban que esa afirmación era "del todo inexacta pues la estructura de las habitaciones de hospitalización y sus esclusas no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente y del personal". "Además los trajes de bioseguridad disponible no son los adecuados para la relización de técnicas de soporte vital. Tampoco se ha recibido formación adecuada sobre su colocación ni, especialmente, su retirada: momento clave en el que se produce la mayor parte de los contagios", aseveraban.
A continuación ponían de manifiesto que el 6 de octubre, el mismo día que se conoció que la técnica de enfermería Teresa Romero había resultado infectada, los facultativos del servicio tuvieron una nueva reunión con la subgerencia en la que "reiteran las peticiones pendientes". Y explicaban: "[en ese encuentro] ponen a nuestra disposición los trajes solicitados pero no la formación y entrenamiento adecuados de todo personal. Tampoco se contempla la ampliación de las esclusas en las que, por su tamaño reducido, se lleva a cabo con dificultad y riesgo la retirada de la vestimenta y resulta imposible la descontaminación el equipo".
Dos días después, el miércoles 8 de octubre, los médicos enviaron un nuevo escrito en el que vuelven a solicitar "una infraestructura acreditada con nivel de bioseguridad similar al de los centros de la UE o EEUU que atienden a pacientes críticos infectados por el vurus del Ébola".
La asociación de facultativos Afem ha decidido personarse como acusación particular en la causa por la que se investiga si el Hospital de la Paz-Carlos III aplicó todas las medidas de cara a garantizar la seguridad del personal y la formación de los trabajadores para tratar casos de ébola.