El periodismo clásico, y particularmente el académico, detesta utilizar la expresión inglesa fake news para referirse a las afirmaciones falsas. La razón es que constituye un oxímoron, una contradicción terminológica insuperable. Por definición no puede haber noticias falsas porque una noticia, para serlo, tiene que ser verdadera. Del mismo modo que no puede existir una noche soleada ni un grito silencioso.
Por eso quienes se ocupan de este fenómeno prefieren hablar de desinformación. El debate político en todo el mundo y también en España es pródigo en ejemplos de esta práctica.
La técnica más frecuente para darle soporte consiste en incluir afirmaciones falsas en el contexto de un juicio de valor que las da por sentadas para que a su vez le sirvan de confirmación. La segunda más habitual sitúa el mensaje que se transmite en la contraposición entre el “nosotros” y el “ellos”, de manera que todo lo que se predica de “nosotros” se deduce que es rechazado, perseguido o negado por “ellos”.
El manifiesto pactado por Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, los líderes del PP, Ciudadanos y Vox, para expresar su comunión ideológica en la protesta de este domingo en la Plaza de Colón es un buen ejemplo de estas dos técnicas.
Primero están los hechos que la derecha da por sentados para fundamentar su discurso, aunque no tengan ningún soporte real.
El manifiesto dice literalmente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho “cesiones” y ha protagonizado "bandazos” frente al “chantaje” de los “secesionistas catalanes”. “Constantes cesiones intolerables” cometidas durante meses. Según la alianza tripartita de la derecha, el Gobierno ha cometido “traición” y ha sometido al Estado a una “humillación sin precedentes“ porque “decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.
Lo cierto es que, si nos atenemos a los hechos y dejamos de lado las conjeturas, el Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de que su estrategia de diálogo sobre Cataluña no haya conseguido a día de hoy frutos concretos, no ha cedido en nada frente a la Generalitat. De hecho, la política que el PSOE ha intentado implementar desde que llegó a la Moncloa se corresponde con la que defendió desde la oposición. Y es muy simple: consiste en ofrecer la negociación de una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña siguiendo las previsiones de la Constitución: debate en el Parlament de Cataluña y aprobación del proyecto de reforma con el respaldo de dos tercios de la Cámara, debate y aportación en el Congreso y convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos lo refrenden. Una reforma que el PSOE ha situado en más de una ocasión en el contexto una reforma federal de la Constitución que, en cualquier caso, de alcanzar consenso suficiente de acuerdo a las precisiones de la propia Carta Magna —algo que en este momento está más allá de la imaginación—, se llevaría a cabo siguiendo la fórmula legalmente prevista.
El Gobierno de Sánchez no sólo no ha ofrecido a la Generalitat nada ilegal sino que ha rechazado todas y cada una de las propuestas que el Govern, el president Quim Torra, el PDeCAT o Esquerra le han hecho llegar y se salen del ordenamiento constitucional, desde la negociación de un referéndum de autodeterminación al envío de instrucciones a la Fiscalía para que retire la acusación de rebelión contra los dirigentes independentistas que van a ser juzgados en el Tribunal Supremo.
El Gobierno no ha atendido estas demandas y por esa razón PDeCAT y Esquerra han anunciado expresamente que el miércoles votarán en contra de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
El manifiesto de Colón se basa en afirmaciones falsas
El manifiesto de las tres derechas cita algunos ejemplos de lo que consideran traición: “recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en Moncloa”, “trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners”, “aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes”,“torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado”, “aceptar las 21 exigencias del secesionismo”, “iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ofreciendo a cambio la soberanía nacional” y “admitir la posibilidad de que hubiera mediadores, relatores, o cualquier otra figura semejante”.
Todas estas afirmaciones son falsas. Veámoslas una a una.
1. SÁnchez cedió al “recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en la Moncloa”
Lucir un lazo amarillo en la solapa, un símbolo protegido por el derecho a la libertad de expresión, no está prohibido por ninguna norma. Los líderes del PP y de Cs debaten habitualmente con los independentistas en el Parlament a pesar de que lucen lazos amarillos. Así que cuando Sánchez se reúne con Torra y este lleva una lazo amarillo en la solapa no está haciendo otra cosa que respetar el derecho del president catalán a lucirlo. Una posición, en la que, por otra parte, el PSOE no ha modificado su comportamiento: hacía lo mismo cuando estaba en la oposición y no tenía influencia sobre lo que hacía el Gobierno.
2. El gobierno cedió al “trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners”
Los acusados del procés fueron trasladados a cárceles catalanas una vez concluida la instrucción del sumario y previa autorización del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Ninguna norma española establece que un preso deba permanecer encarcelado lejos del territorio en el que tiene arraigo o vive su familia y mucho menos un preso preventivo, que todavía no ha sido condenado, cuando no es necesario que sea puesto con frecuencia a disposición del juez porque el sumario ya está terminado y no requiere ser llamado a declarar. La decisión fue tomada por Instituciones Penitenciaras, que depende del Gobierno, pero al adoptarla no ha hecho más que seguir el criterio habitual que se aplica a otros presos, por lo que no se puede considerar que se ha cometido irregularidad alguna ni mucho menos un trato de favor interpretable como una cesión al independentismo. En cualquier caso, mientras no haya condena, la decisión sobre la ubicación de los presos es del juez instructor, no del Gobierno. Es verdad que a los presos de ETA condenados en firme y por delitos mucho más graves que los supuestamente cometidos por los independentistas catalanes se les aplica todavía la política de dispersión. Pero incluso en este caso la continuidad de esta práctica penitenciaria ya había sido puesta en cuestión por el PSOE mucho antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa, sobre todo desde que ETA dejó de existir.
3. El Gobierno cedió al “aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes”
El Gobierno no aceptó la bilateralidad en la reunión de Pedralbes del 20 de diciembre. El Ejecutivo de Sánchez siempre planteó aquella cita como un encuentro entre el presidente y el máximo responsable de la Generalitat equivalente al que mantuvo en Sevilla con la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, cuando se celebró allí una reunión del Consejo de Ministros. Las entrevistas entre el presidente del Gobierno y su homólogo en una comunidad autónoma son habituales cuando se produce un desplazamiento oficial. Se han producido con el PSOE y con el PP en la Moncloa. La de Pedralbes no adoptó un formato de “bilateralidad” como sostienen las tres derechas. Es cierto que se produjo una reunión entre representantes de los dos gobiernos en paralelo a la entrevista Sánchez-Torra —se sentaron en torno a una mesa la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra Meritxell Batet, el vicepresidente Pere Aragonès y la consellera Elsa Artadi— pero nunca adoptó el estatus de una cumbre bilateral entre dos Estados como quería la Generalitat e interpretan PP, Cs y Vox.
4. El Gobierno cedió al “torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado”
Pedro Sánchez nunca torció el criterio jurídico de la Abogacía del Estado, entre otras cosas porque la Abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, está para actuar siguiendo las instrucciones del Gobierno y no es un órgano independiente con capacidad para actuar tomando sus propias decisiones. El Gobierno tiene perfecto derecho a impulsar o frenar las actuaciones de los abogados a su servicio en el marco de la Constitución y de las leyes. Si decidió que el Estado sólo acuse de desobediencia a los dirigentes independentistas procesados puede ser criticado por ello pero no estaría torciendo la voluntad de nadie.
5. El Gobierno cedió al “aceptar las 21 exigencias del secesionismo”
En contra de lo que repite la derecha una y otra vez en un intento de instalarlo en el imaginario colectivo como una verdad contrastada, el Gobierno nunca aceptó las 21 exigencias del secesionismo que Torra entregó a Sánchez durante la reunión que celebraron en Pedralbes el 20 de diciembre. Aquel documento, que contiene algunas demandas que Sánchez siempre ha considerado inaceptables, tanto como presidente como cuando era líder fue la oposición, entre ellas el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, fue entregado por Torra pero su contenido nunca fue aceptado por el Gobierno ni ha formado parte de negociación alguna, algo que confirman tanto el Ejecutivo como los independentistas. De hecho es uno de los motivos que alegan PDeCAT y Esquerra para rechazar la tramitación de los Presupuestos.
Afirmar que la mera recepción del documento es aceptar su contenido sería tanto como pretender que Torra hubiese renunciado al independentismo porque el Gobierno le trasladase un texto en el que se lo pidiese.
6. El Gobierno cedió al “iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ofreciendo a cambio la soberanía nacional”
Sánchez tampoco ha ofrecido “la soberanía nacional” a los independentistas catalanes “a cambio” de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, como sostiene literalmente el manifiesto de las tres derechas. Si lo hubiera hecho, probablemente PDeCAT y Esquerra hubiesen aceptado, porque los independentistas reivindican el ejercicio de la soberanía catalana. Así que esa simple constatación serviría por sí sola para desmentir la tesis de la derecha. Pero es que, además, aunque el Gobierno ha ofrecido al Govern y a los partidos que le dan soporte la negociación de los contenidos del proyecto de Presupuestos —igual que el PP negoció con el PDeCAT la elección de la Mesa del Congreso que preside Ana Pastor—, lleva meses insistiendo en separar esa negociación del diálogo para intentar encontrar el modo de resolver la crisis política desatada en Cataluña cuando gobernaba Mariano Rajoy y durante cuyo mandato se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
7. El Gobierno cedió al “admitir la posibilidad de que hubiera mediadores, relatores, o cualquier otra figura semejante”
La última afirmación falsa en la que se basan PP, Cs y Vox para acusar a Sánchez de “traición” es que, aseguran, admitió “la posibilidad de que hubiera mediadores, relatores, o cualquier otra figura semejante” en el diálogo sobre Cataluña. En realidad, lo único que aceptó el Gobierno —y que nunca llegó a hacerse efectivo porque no hubo acuerdo con el Govern— es que una hipotética mesa de diálogo entre partidos políticos, por tanto absolutamente ajena a las instituciones de gobierno, para intentar buscar fórmulas que permitiesen avanzar en la resolución del conflicto político que vive Cataluña, estuviese presidida por “una persona” elegida “de común acuerdo” para facilitar “la coordinación de los trabajos, de las convocatorias” y fijar “el orden del día". Asimismo, esa persona ayudaría “a crear las condiciones idóneas para el diálogo”, daría “fe de los acuerdos alcanzados” y determinaría “el seguimiento de su aplicación”.
La figura del relator puede gustar más o menos pero no contraviene ninguna norma
La inclusión de esta figura en la fallida mesa de partidos puede gustar más o menos o ser considerada necesaria o prescindible, pero no contraviene ninguna norma jurídica porque si se hubiese llegado a materializar no afectaría a ningún espacio de diálogo previsto legalmente sino que sería producto exclusivamente de la voluntad entre las partes, del mismo modo que la mesa en torno a la cual se sentaron PP y Vox para negociar el Gobierno de Andalucía tampoco contraviene ninguna ley ni lo hubiese hecho de haber contado con un mediador o un relator.
Basado en estas afirmaciones falsas, el documento leído este domingo en la madrileña Plaza de Colón por tres periodistas en nombre de los partidos convocantes, y que se ha convertido en una especie de manifiesto fundacional de la unidad de acción de la fragmentada derecha española, afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado “a cumplir con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución”, algo que de ser cierto constituiría un grave delito que deberían trasladar inmediatamente a los tribunales, lo mismo que cabría exigir sobre la gravísima acusación de "traición", delito previsto en la propia Constitución. El hecho de que no hayan presentado denuncia —una estrategia habitual en el caso de Vox— es la prueba más evidente de que lo que dicen no es verdad.
Basándose en estas “traiciones“ y “concesiones” que sencillamente no existen, PP, Cs y Vox proclaman que no están dispuestos a “tolerarlas” porque “la unidad nacional no se negocia”.
La segunda técnica de desinformación de la que hay numerosos ejemplos en el manifiesto de Colón es la que sitúa el mensaje que se transmite en el contexto de la contraposición entre el “nosotros” y el “ellos”, de manera que todo lo que se predica de “nosotros” se deduce que es rechazado, perseguido o negado por “ellos”.
El PP defiende que el manifiesto de Colón tenía "gran parte de veracidad" y alguna "inexactitud"
De hecho el manifiesto está plagado de tesis que el Gobierno de Sánchez y el PSOE comparten punto por punto pero que expuestas en el marco de la dialéctica entre “nosotros” —los ciudadanos de bien que defienden la unidad de España— y “ellos” —la izquierda dispuesta a vender la soberanía con tal de mantenerse en el poder— tratan de describir a un presidente del Gobierno que no quiere “una España constitucional, unida y en libertad”, o que no comparte “que la soberanía nacional pertenece al conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
El manifiesto defiende, como si fuesen exclusivamente de la derecha, ideas que el PSOE hizo suyas hace años y que el Gobierno de Sánchez repite desde que comenzó su mandato, hace ocho meses. La defensa de “la Constitución de 1978 como marco de convivencia y como fundamento de nuestra democracia”, la idea de que “cada español está amparado por la Constitución para pensar lo que considere y lo que le exprese su conciencia”, aunque sólo sean “válidas las propuestas que se atengan a su letra y a su espíritu”.
La expresión “dentro de la Constitución, todo tiene cabida“ y “fuera de ella, nada es ni será nunca aceptable”, extraída textualmente del manifiesto, es de hecho el núcleo del argumentario de Sánchez para Cataluña.núcleo Al igual que la defensa de la “vigencia del Estado de Derecho como garantía de nuestras libertades individuales, del imperio de la ley y de la separación de poderes”, y la reivindicación de que todos los españoles “son iguales en derechos y deberes”.
El periodismo clásico, y particularmente el académico, detesta utilizar la expresión inglesa fake news para referirse a las afirmaciones falsas. La razón es que constituye un oxímoron, una contradicción terminológica insuperable. Por definición no puede haber noticias falsas porque una noticia, para serlo, tiene que ser verdadera. Del mismo modo que no puede existir una noche soleada ni un grito silencioso.