“No contemplo ninguna otra opción que no sea llevar [al Congreso de los Diputados] una Ley de Vivienda en línea de la que se firmó”. Así respondió este martes desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz María Jesús Montero a Pablo Iglesias, que horas antes había advertido al PSOE de que era un "error tensionar" el Ejecutivo al plantear en la nueva Ley de Vivienda que se pueda "traicionar la palabra dada" e "incumplir el acuerdo" para regular los precios del alquiler.
La redacción de una ley de vivienda, compromiso de la coalición reforzado, además, en un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de presentar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado en vigor es un elemento que mantiene tensionada a la coalición desde hace semanas. En Unidas Podemos critican que la patronal esté apretando las tuercas a la parte socialista del Gobierno para rebajar el contenido de la legislación y que no se estén cumpliendo los plazos. Y los socialistas responden que es importante que el texto definitivo tenga “seguridad jurídica” y que no pueda ser derribado en los tribunales, prácticamente lo mismo que sostienen sobre la ley trans.
En un momento de su intervención antes los periodistas, Montero mantuvo que las “discrepancias” existentes en el seno de la coalición son sobre las “herramientas” para articular la ley, pero que esto, en ningún caso, es un problema. De hecho, mantuvo que el hecho de que haya debate es “saludable”.
La titular de Hacienda insistió en que el Ejecutivo está comprometido con que haya un “parque de vivienda pública”, con que salgan al alquiler las viviendas vacías y con incentivar el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables. Pero recordó que cuando se empezó a hablar de esta ley, hace más de un año, la pandemia no había tenido todavía efectos, por ejemplo, sobre el sector de los pisos turísticos. Y que no hay que perder de vista que “la composición del mercado del alquiler”, sobre todo en las zonas tensionadas, se ha visto “alterada”, de ahí que incidiera en que el covid-19 ha impuesto un “compás de espera”. También señaló la necesidad de que le legislación que sea definitivamente aprobada no tenga un efecto desincentivador a la hora de que los propietarios pongan los inmuebles en alquiler.
En este sentido, recalcó que el “objetivo” del Gobierno no ha variado, que la “hoja de ruta” no ha cambiado y que se va a seguir trabajando para evitar “subidas abusivas” del alquiler.
En el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, las dos fuerzas integrantes del Gobierno de coalición acordaron llevar un texto conjunto a un Consejo de Ministros antes de que finalizase febrero con respuestas en materia de desahucios, control de precios de alquiler y grandes propietarios. En Unidas Podemos aseguran que su socio no está cumpliendo "nada" de lo pactado. Apuntan a que el ministro José Luis Ábalos tiene "muy buena voluntad" pero que las presiones de la patronal inmobiliaria son "muy fuertes".
Los tres elementos principales de tensión están radicados en los desahucios, la consideración de gran tenedor y el control de los precios, admiten en Vivienda. El ministerio de José Luis Ábalos se opone a que pueda ser considerado como gran propietario a la persona que sea dueña de cinco inmuebles, como pretende el partido de Iglesias, y está negociando con los grandes fondos la cesión de un 30% de su cartera de pisos para el alquiler social a precios por debajo del índice de referencia.
Desde Unidas Podemos insisten en que no van a parar hasta que se cumpla lo firmado y en que no se están cumpliendo los plazos. En todo caso, de momento, la formación morada no tiene en mente trasladar al Congreso la iniciativa de forma independiente, como sí hizo el PSOE con la ley de igualdad de trato.
En la formación de Pablo Iglesias confían en que el PSOE dé su brazo a torcer cuando repare en que las demandas de Unidas Podemos cuentan con el respaldo del resto de fuerzas de izquierda de la Cámara y los sindicatos de inquilinos.
Desbloqueo de órganos constitucionales
Iglesias acusa al PP y a los grandes poderes mediáticos de estar "comprados" por las patronales inmobiliarias
Por otra parte, la portavoz del Gobierno mantuvo que esperan poder cerrar esta semana un acuerdo con el PP para renovar todo el paquete de órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, RTVE o el Defensor del Pueblo.
"Ojalá en el transcurso de esta semana se pueda llegar a un acuerdo sobre estas instituciones", destacó al tiempo que dejó claro que los encargados de negociar con el PP lo están haciendo en nombre de todo el Gobierno, es decir, también en nombre de Unidas Podemos, como integrante de la coalición. En el argumentario del partido de Pablo Casado para el desbloqueo insititucional, los conservadores mantienen que el partido morado debe quedar al margen de este proceso si Pedro Sánchez quiere contar con su apoyo.
Fuentes de la dirección de Podemos consultadas por infoLibre aseguran que, tras el anuncio de un acuerdo inminente entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ, sus socios de coalición les han "garantizado" que no cederán a la exigencia de Casado de apartar a Unidas Podemos.
“No contemplo ninguna otra opción que no sea llevar [al Congreso de los Diputados] una Ley de Vivienda en línea de la que se firmó”. Así respondió este martes desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz María Jesús Montero a Pablo Iglesias, que horas antes había advertido al PSOE de que era un "error tensionar" el Ejecutivo al plantear en la nueva Ley de Vivienda que se pueda "traicionar la palabra dada" e "incumplir el acuerdo" para regular los precios del alquiler.