Una semana después de presentar en el palacio de la Moncloa el informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha convocado en la tarde de este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas (CPFF). Se trata de una cita que originalmente no tendría que producirse y que fue convocada después de que el Gobierno se diera cuenta del enfado que había provocado en los diferentes territorios –incluidos los gobernados por el PP– la presentación del mencionado texto.
El malestar radica, en primer lugar, en las formas empleadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la hora de trasladar el resultado del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). El pasado miércoles los consejeros de Presidencia de las diferentes comunidades fueron convocados a la Moncloa para que asistieran al acto en el que Mariano Rajoy iba a presentar el texto. Un texto que, por cierto, está plagado de recomendaciones para las regiones. Las autonomías no entendieron por qué se les convocaba para algo que les afecta –aunque no les obliga a priori– sin explicaciones sobre las líneas generales de la futura ley.
La versión del Gobierno, sin embargo, es otra. Para contrarrestar el enfado de las comunidades aseguran que todas estaban al tanto de los trabajos que la CORA venía realizando desde el mes de octubre.
El segundo lugar, el texto del informe, que pasó la semana pasada por el Consejo de Ministros, también ha levantado ampollas. Comunidades como Andalucía, País Vasco, Canarias, Asturias y Cataluña ya han dejado claro en público su oposición a algunos puntos de la futura norma. Un texto que, inspirado en el principio de “una administración, una competencia”, recomienda a los territorios la “supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional, como las Asambleas Legislativas o los Defensores del Pueblo”.
Más explícito es el texto en el párrafo en el que sostiene que “tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad, se plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia, entre otros". Unas observaciones que preocupan a algunas comunidades y tras la que ven un "intento recentralizador" por parte de Rajoy. "intento recentralizador"
La reforma de las administraciones públicas de Rajoy amenaza a las pymes
Este es el escenario que se encontrará Montoro en la tarde de este jueves en el CPFF. A lo largo de la semana pasada, el titular de Hacienda esbozó a qué se arriesgan las comunidades que no cumplan con las "sugerencias" del texto, pero no fue muy claro en si puede haber algún tipo de instrumento sancionador. Sólo mencionó, de pasada, que las regiones cumplidoras podrían ser premiadas en el momento en el que se fijen los objetivos de cumplimiento de déficit. podrían ser premiadas en el momento en el que se fijen los objetivos de cumplimiento de déficit.
El déficit, para otro día
Precisamente, la cita de este jueves no tocará otro de los asuntos que mantiene enfrentados en dos grupos a los barones del PP: el de el establecimiento de objetivos de déficit diferenciados. Es el denominado "déficit a la carta". Para tratar este asunto en exclusiva será necesaria la convocatoria de otro Consejo de Política Fiscal y Financiera a lo largo del mes de julio. Lo que sí les trasladará hoy Montoro es que deberán cumplir con un objetivo global de déficit del 1,3 por ciento en 2013, según anunció este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Una semana después de presentar en el palacio de la Moncloa el informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha convocado en la tarde de este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas (CPFF). Se trata de una cita que originalmente no tendría que producirse y que fue convocada después de que el Gobierno se diera cuenta del enfado que había provocado en los diferentes territorios –incluidos los gobernados por el PP– la presentación del mencionado texto.