El recorrido de las leyes desde su primera aprobación en Consejo de Ministros hasta su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado suele ser largo, complejo y lleno de trabas. Hay iniciativas que llevan meses e incluso años varadas en el Congreso, en una suerte de limbo parlamentario también conocido como plazo de ampliación de enmiendas.
Es el caso de la Ley de Igualdad LGTBI —también conocida como ley trans— que consagra la libre determinación de género y que ya lleva dos ampliaciones desde que el Congreso dio luz verde a su tramitación definitiva. Esta norma fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), y después de cuatro meses desde su aprobación en Consejo de Ministros sigue varada en el plazo de ampliación de enmiendas, gracias a un acuerdo entre el PSOE, el PP y Vox.
Algunas voces del PSOE planteaban enmendar el artículo 65 que hace referencia a la violencia intragénero y el tema de la autodeterminación de género, especialmente en los menores. Sin embargo, fuentes socialistas han asegurado este jueves que no modificarán el punto de la autodeterminación. Sus enmiendas estarán orientadas hacia "la equiparación de otras formas de violencia con la violencia de género", una premisa sobre la que pesan "dudas" en el texto, añaden estas fuentes.
Lo de ampliar el plazo de enmiendas es un recurso que se utiliza cuando no hay consenso para sacar un texto adelante o interés por parte de las formaciones del Gobierno. Así, se autorizan sucesivas ampliaciones de ese plazo (en ocasiones, decenas), como si se tratase de un problema de tiempo para el estudio técnico de la norma y no falta de acuerdos, aritméticas insuficientes o problemas de oportunidad.
Es el caso de normas como reforma de la ley de secretos oficiales —registrada por el PNV a finales de 2019— la de bebés robados en el Estado español —que llegó a la Cámara Baja en febrero de 2020—, el proyecto de ley sobre fondos europeos— desde febrero de 2021—, la reforma de la LECrim—registrada en junio de 2021— o la ley general de salud mental —en plazo de enmiendas desde septiembre de 2021—, entre otras.
Ley de secretos oficiales
La actual Ley de Secretos Oficiales fue publicada en el BOE el 6 de abril de 1968. Desde esa fecha, sólo se ha modificado una vez, en octubre de 1978. El Ejecutivo de coalición aprobó, en agosto de este año, un anteproyecto para desclasificar informaciones reservadas, aunque será complicado que salga adelante en esta legislatura por los plazos que se manejan. Pese a ello, el Congreso mantiene varada desde hace casi tres años la proposición de ley de reforma registrada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Desde entonces, se ha ampliado el trámite de enmiendas más de ochenta ocasiones. Puede decirse que el PNV es experto en esta materia. Lleva desde 2016 registrando proposiciones de ley similares La iniciativa tiene como objetivo "abordar, como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación, su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad".
Ley de bebés robados
La primera norma estatal sobre el robo de bebés no consigue alzar el vuelo en el Congreso. Dos años y medio después de superar el primer filtro en la Cámara Baja con la toma en consideración, que recibió luz verde de todos los grupos parlamentarios salvo el de la extrema derecha, el texto se encuentra actualmente atascado en la Comisión de Justicia. Lleva desde septiembre de 2020 en plazo de ampliación de enmiendas, que ya se han ampliado más de ochenta veces.
Fuentes consultadas por infoLibre señalan que parte de dicho retraso tiene que ver con algunas diferencias existentes entre PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición, alrededor de este asunto. En concreto, apuntan esas mismas fuentes, en cuestiones como el derecho a la justicia de las víctimas o la interpretación del robo de bebés como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Mientras, los colectivos siguen esperando: "Es incomprensible que una ley con un consenso político y social tan grande esté parada". Este domingo se celebra una manifestación frente al Congreso para denunciar esta parálisis.
Ley que regula los fondos europeos
La norma que regula el funcionamiento de los fondos europeos acumula más de 60 prórrogas en el Congreso. Los grupos aceptaron convalidar el Real Decreto-ley 36/2020, aprobado el 30 de diciembre de 2020, a cambio de que fuera tramitado como proyecto de ley con la intención de mejorar el texto a través de enmiendas. Sin embargo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno lleva desde febrero de 2021 atascado a base de ampliaciones del plazo de enmiendas parciales. Formaciones como el PNV han denunciado este bloqueo.
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez ha ignorado las peticiones de sus socios y, recientemente, aprovechó el Real Decreto-ley del plan de choque contra los efectos de la guerra en Ucrania para introducir varias modificaciones en el marco legal del Plan de Recuperación como la flexibilización del calendario de cierre de ejercicio y la autorización para contratar.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) recoge las normas legales que regulan las actuaciones judiciales relativas a cualquier proceso penal. En la actualidad la norma contempla los permisos de maternidad y paternidad como causa para la suspensión de las vistas judiciales, pero no hay paralelismo en los procedimientos penales, donde esta suspensión queda al arbitrio del juez. Por ese motivo ERC y Bildu registraron, en junio de 2021, una modificación para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral. La modificación sigue en plazo de enmiendas y acumula casi 60 ampliaciones.
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Esta reforma se tramita en paralelo al anteproyecto de reforma que fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, calificó la reforma como "la madre del cordero de esta legislatura”. Uno de los principales cambios que conllevaría es que los fiscales serán los que lleven la batuta de las investigaciones, ahora en manos de los jueces. Era una histórica reivindicación del Ministerio Público, que se fijaba en los sistemas vigentes en países de nuestro entorno más inmediato como son Francia, Italia, Portugal o Alemania. La actual ministra del ramo, Pilar Llop, ha pedido este mismo jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le remita "cuanto antes" el informe con su opinión.
Ley de salud mental
Hace un año la Cámara Baja tramitó una proposición de ley de salud mental presentada por Unidas Podemos y que contó con el apoyo del PSOE, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Ciudadanos. La norma recoge explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales, al mismo tiempo que demanda acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos. El plazo de ampliación de enmiendas se ha prorrogado en 40 ocasiones.
A principios de este mes, la portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en el Congreso, Rosa Medel, urgió al PSOE a "recapacitar" en aras de desbloquear la ley de salud mental. La dirigente morada alegó que el PSOE ha priorizado el Plan para la Salud Mental sobre su propia ley: "Una ley obligaría a cumplir con ella, mientras un plan o una estrategia son como recomendaciones que no llevan detrás un presupuesto", lamentó.
El recorrido de las leyes desde su primera aprobación en Consejo de Ministros hasta su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado suele ser largo, complejo y lleno de trabas. Hay iniciativas que llevan meses e incluso años varadas en el Congreso, en una suerte de limbo parlamentario también conocido como plazo de ampliación de enmiendas.