La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona conocida este martes de confirmar el procesamiento del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra por percibir retribuciones exageradas sitúa al que fuera número dos del Gobierno de Felipe González entre 1991 y 1995 como el segundo vicepresidente del Gobierno de la democracia, tras Rodrigo Rato, al que se le va a juzgar por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Serra y al resto de exdirectivos de Caixa Catalunya de haber cometido el delito de administración desleal, mientras que la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) añade el delito de apropiación indebida para Todó, que afronta una posible pena de diez años de cárcel. La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, reclamará cuatro años de prisión para Serra.
Rodrigo Rato está siendo enjuiciado por gastar 99.084 euros con su tarjeta blackblack de Caja Madrid, pero también por ser el responsable de mantener de forma irregular las Visa tras la creación de Bankia. Y todo ello al margen de los órganos de Gobierno de la entidad financiera que presidió hasta que tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de euros.
En el caso de las tarjetas black, tanto Rato como Miguel Blesa y otros 63 exdirectivos y exconsejeros están siendo enjuiciados como presuntos autores de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito, que también está personada como acusación en el caso de Narcís Serra, reclama diez años de cárcel para Rato y Blesa.
Retribuciones "desproporcionadas"
La Audiencia barcelonesa ha acordado enviar al banquillo a Narcís Serra, al exdirector Adolf Todó y a otros 30 exmiembros del consejo de administración de la entidad por sus subidas de sueldos, rechazando un total de 11 recursos de las defensas. Según la Fiscalía Anticorrupción, en Caixa Catalunya existieron retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", especificó en su denuncia el fiscal Fernando Maldonado Clavero.
En concreto, Serra percibió en siete años 1,2 millones, destacando los ejercicios 2008 y 2009, en los que percibió 260.440 euros en cada uno. Estos ingresos, que incluían retribuciones y dietas, eran muy superiores a los cobrados en 2004, que fueron de 24.801 euros.
Por eso, Anticorrupción asegura que Serra y el resto de directivos actuaron con "evidente abuso del cargo", ya que utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y transcendencia públicas, "en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".
Extenso relato
En el auto de la Sección 21, adelantado por Europa Press, los magistrados rechazan los recursos interpuestos por las defensas para solicitar el sobreseimiento del caso, porque el auto en el que se cerraba la instrucción del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, del 16 de diciembre de 2014, "cumple sobradamente los requisitos generales de motivación" y contiene un extenso y detallado relato de los hechos.
Considera la Audiencia que de las diligencias de instrucción se desprenden indicios suficientes para atribuir a los recurrentes el delito de administración desleal, que se concretan en los acuerdos que en 2010 adoptaron los imputados, permitiendo "incrementos de las retribuciones salariales que no eran acordes a la situación real de la entidad".
La Audiencia de Barcelona considera, además, que en el momento en el Serra y los otros directivos se aprobaron las subidas de sueldos la situación financiera de la entidad era "especialmente delicada" ya que desde 2007 a 2009 se habían reducido considerablemente sus beneficios, y en el año 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas en total, además de que recibieron 1.250 millones de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).
"Espúreo manejo de fondos"
"En el anterior contexto económico, las retribuciones de los máximos directivos de la entidad: Adolf Todó, como director general; Jaume Masana, como director general adjunto, aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Frob", prosigue la Audiencia.
Según Anticorrupción, esta forma de actuar de los exejecutivos de Caixa Catalunya "denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".
En el auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ahora ratificado, en el que cerraba la instrucción, se consideró que todos los acusados actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales".
900 millones de pérdidas
El juez abre juicio por los sobresueldos de Caixa Catalunya contra su expresidente Narcís Serra
El juez acusó, por tanto, a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad recibía dinero público por su grave crisis financiera, al ver indicios de un delito de administración desleal.
El fiscal, Fernando Maldonado Clavero, también investiga a Serra y a otros exdirectivos de Caixa Catalunya tras la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario (Frob) en el marco de una investigación por pérdidas de 900 millones900 millones generadas a través de operaciones hipotecarias.
Según el diario El Mundo, el también exministro de Defensa declaró ante la Guardia Civil el 22 de enero pasado en relación a 16 operaciones financieras presuntamente delictivas.
La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona conocida este martes de confirmar el procesamiento del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra por percibir retribuciones exageradas sitúa al que fuera número dos del Gobierno de Felipe González entre 1991 y 1995 como el segundo vicepresidente del Gobierno de la democracia, tras Rodrigo Rato, al que se le va a juzgar por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.