El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha remitido un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le facilite los números de teléfono y de IMS/IMEI y la titularidad de las tarjetas de los dispositivos móviles intervenidos en el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, informa EFE.
Hurtado ha dictado una providencia para solicitar a la UCO esa información que figura en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general, investigado por la presunta filtración de un correo en el que el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumía haber defraudado a Hacienda.
En la providencia, Hurtado, instructor de la causa, señala que adopta esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo.
Este mismo lunes, una de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha solicitado ampliar la imputación del fiscal general en un escrito en el que ha puesto el foco en el posible cambio de números de teléfono de miembros del equipo de García Ortiz.
En su opinión, es necesario saber si el fiscal general "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad y "los IMEI afectados" porque "la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo".
Dichos días son clave en la investigación pues el 14 de marzo por la mañana se publicó por primera vez la carta íntegra de reconocimiento de delitos que venía en el correo en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto al fiscal.
Las eléctricas, petroleras y gasistas españolas han cargado este lunes contra la decisión del Gobierno de extender a 2025 el gravamen a las grandes energéticas a través de un real decreto-ley que, dicen, "resta competitividad industrial" y "deteriora la reputación" de España ante los inversores.
En un comunicado conjunto, las asociaciones sectoriales Aelec, AOP y Sedigas, respectivamente, tildan de "preocupante" el hecho de que el Ejecutivo "cuestione hoy así la decisión de derogar esta figura impositiva, tomada la semana pasada por el pleno de la Cámara Baja".
A su modo de ver, el texto aprobado por el Consejo de Ministros "resta competitividad industrial, incrementa la inseguridad jurídica del sector energético, deteriora la reputación de nuestro país ante la comunidad inversora nacional e internacional y ofrece una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización".
En cualquier caso, Aelec, AOP y Sedigas, que se encuentran a la espera de conocer los detalles completos del documento, recuerdan que el real decreto-ley deberá ser convalidado en las próximas semanas por el Congreso de los Diputados.
La extensión a 2025 del gravamen energético —con la posibilidad de deducirse las inversiones en descarbonización— es un compromiso del Gobierno con ERC, Bildu y BNG, al que se oponen PNV y Junts por diversos motivos, entre ellos que se puedan poner en riesgo las inversiones de estas compañías en España.
En su balance del año, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que al introducir la deducción por inversiones verdes se demuestra "que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde".
EH Bildu ha anunciado que se ha acordado una disposición adicional que obliga a concertar este impuesto a lo largo de 2025 con País Vasco y Navarra, por lo que considera que el PNV no debería oponerse a su convalidación.
El Gobierno no tiene, de momento, garantizados los votos necesarios en el Congreso, pero "no da el balón por perdido", ha dicho Sánchez, que ha reconocido la "complejidad del Parlamento".
El primer ministro francés, François Bayrou, desveló este lunes la composición de su Gobierno, un equipo continuista respecto al de su malogrado predecesor, Michel Barnier, con pesos pesados de la derecha y del macronismo, y con el exsocialista Manuel Valls en el Ministerio de Ultramar.
La lista de ministros fue anunciada por el secretario general de la Presidencia, Alexis Kohler, en el Palacio del Elíseo, y salvo la inclusión de Valls, que solo apareció en las quinielas a última hora, confirmó a grandes líneas los nombres que venían sonando durante los últimos días, en los que Bayrou trató sin éxito ampliar sus apoyos.
Es el caso de la ex primera ministra macronista Élisabeth Borne, cuyo desempeño estuvo sobre todo marcado por la polémica aprobación de la reforma de las pensiones de 2023 y que vuelve con Bayrou al Gobierno al frente de la cartera de Educación y como número dos del Ejecutivo.
También regresa el extitular de Interior, Gérarld Darmanin, peso pesado del ala más conservadora del macronismo, para hacerse cargo del Ministerio de Justicia.
La fundamental cartera de Economía fue asignada a Éric Lombard, empresario y hasta ahora director general de la Caisse des Dépôts, una institución financiera pública dedicada a actividades de interés general para el Estado y otras entidades territoriales francesas
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes sendos reales decretos por los que ha nombrado presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Carlos San Basilio, y vicepresidenta a Paloma Marín, según consta en la referencia oficial.
Los dos candidatos, propuestos por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibieron el respaldo de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, el pasado 17 de diciembre.
Previamente, el 10 de diciembre, el Consejo de Ministros había aprobado sus candidaturas.
San Basilio y Marín sustituirán en el cargo a Rodrigo Buenaventura y a Montserrat Martínez Parera, que el pasado 16 de diciembre concluyeron sus mandatos.
En un mensaje en la red social X, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado las gracias a Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez por "su gran labor en la CNMV", "clave para fortalecer la confianza en los mercados financieros", y ha dado la bienvenida a Carlos San Basilio como presidente y a Paloma Marín como vicepresidenta.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes en un discurso ante el Parlamento (Knéset) que hay progresos en las negociaciones para la liberación de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, aunque advirtió que no sabe cuánto tiempo llevarán.
“En primer lugar, (el líder de Hamás Yahya) Sinwar ya no está con nosotros; Hamás esperaba que Hizbulá e Irán vinieran en su ayuda, pero están lamiéndose las heridas (...) Así que hay avances. No sé cuánto tiempo llevará, pero estamos haciendo esfuerzos”, dijo el primer ministro en el discurso, difundido por su Oficina.
En tal sentido, insistió que el Gobierno está tomando medidas "a todos los niveles" para recuperar a los secuestrados.
"No les revelaré los detalles de las negociaciones ni los procedimientos que estamos siguiendo", agregó sobre las conversaciones con Hamás, sometidas a una gran opacidad.
El Senado se personará en todos los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía presentados por comunidades autónomas, en una decisión que ha adoptado este lunes la Mesa, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE este acuerdo, que implica que la Cámara Alta solicite personarse en los recursos interpuestos por parte de las once comunidades autónomas en las que gobierna el PP y de Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page se convirtió en el único barón socialista en recurrir el texto.
A este acuerdo de la Mesa se han opuesto los senadores del PSOE, pues según este grupo el PP quiere no solo que el Senado se persone, sino también que tenga capacidad de presentar alegaciones, lo que a su juicio es un uso partidista del Senado porque las Cámaras, sostienen fuentes socialistas, no hacen alegaciones.
Por unanimidad, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la semana pasada los recursos presentados por gobiernos autonómicos, los de los Parlamentos de Murcia y Cantabria, así como dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Sobre la mesa de este órgano de garantías, que actualmente tiene mayoría progresista, están también un recurso del Partido Popular y el primero de todos, el que marcará la línea a seguir, la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Supremo.
El Gobierno ha propuesto entre los candidatos a nuevos consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a Pere Soler, que fue director general de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1-O, por el que fue procesado y posteriormente absuelto.
El Ejecutivo ha elegido este lunes vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Ángel García Castillejo y ha propuesto la designación de otros cuatro consejeros de este organismo, cuyos mandatos vencieron en 2023 y no eran renovables.
Se trata de María Vidales, Enrique Monasterio, Pere Soler y Rafal Iturriaga, según la propuesta trasladada por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y aprobada por el Consejo de Ministros en su última reunión del año.
El abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Tribunal Supremo que amplíe la investigación en torno a los dispositivos del fiscal general para buscar si hay mensajes relacionados con su causa por presunto fraude fiscal con una asesora de Moncloa y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.
La representación letrada del empresario Alberto González Amador ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que pide nuevas diligencias de investigación, entre ellas la imputación del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.
González Amador es acusación particular en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos en torno a la filtración de un correo en el que la defensa del empresario admitía en su nombre haber defraudado a Hacienda para llegar a un pacto con el fiscal.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha remitido un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le facilite los números de teléfono y de IMS/IMEI y la titularidad de las tarjetas de los dispositivos móviles intervenidos en el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, informa EFE.
Hurtado ha dictado una providencia para solicitar a la UCO esa información que figura en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general, investigado por la presunta filtración de un correo en el que el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumía haber defraudado a Hacienda.
En la providencia, Hurtado, instructor de la causa, señala que adopta esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo.
Este mismo lunes, una de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha solicitado ampliar la imputación del fiscal general en un escrito en el que ha puesto el foco en el posible cambio de números de teléfono de miembros del equipo de García Ortiz.
En su opinión, es necesario saber si el fiscal general "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad y "los IMEI afectados" porque "la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo".
Dichos días son clave en la investigación pues el 14 de marzo por la mañana se publicó por primera vez la carta íntegra de reconocimiento de delitos que venía en el correo en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto al fiscal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha cargado con dureza contra la oposición, a la que acusa de estar metida de lleno en un "tornado de crispación y bulos". "Tratan de ganar en las tertulias lo que no pudieron en las urnas y el parlamento", ha lanzado el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, pese a las "zancadillas, noticias falsas y deslealtad de algunos", ha querido dejar claro que España "progresa y avanza".
"Con esta oposición que tenemos, habrá otra mayoría progresista en las urnas", ha señalado Sánchez, quien ha acusado al PP de haber "renunciado" a plantear un "proyecto político" para centrar su estrategia en la "destrucción del adversario político". "Eso está condenado al fracaso", ha apuntado.
El presidente del Gobierno también ha destacado durante su intervención el fortalecimiento de la cohesión territorial. "Más allá de los pataleos de algunos, el nivel de entendimiento del Gobierno con las comunidades autónomas no se veía desde hace tiempo", ha aseverado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el crecimiento económico de España durante su balance anual. "España es el país que más crece de las principales economías del mundo. Lo hacemos triplicando la tasa de crecimiento económico de los Veintisiete y superando las previsiones de los organismos internacionales", ha apuntado el líder del Ejecutivo, al tiempo que ha señalado que en nuestro se está creando "más empleo que Alemania e Italia juntas".
Pese al "éxito económico", Sánchez ha pedido no caer en la "autocomplaciencia" porque aún quedan "muchas tareas pendientes". En este sentido, ha mencionado el problema de la vivienda. Y ha recordado que aún se registran "niveles de desigualdad y pobreza infantil inaceptables".
En relación con el fortalecimiento del Estado del bienestar, el presidente del Gobierno ha apuntado que la "inversión pública" en materia educativa "no ha parado de crecer": "Hemos destinado un máximo histórico para becas y hemos reforzado la formación profesional". Del mismo modo, ha hecho mención al apoyo a la cultura. En este sentido, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha otorgado la Gran Cruz de Isabel la Católica a la "excepcional y extraordinaria" actriz Marisa Paredes, que falleció la pasada semana.
Un Consejo de Ministros en el que, además, se ha aprobado una subida del 2,8% de las pensiones contributivas.