Fue por la mínima. 170 votos a favor y 169 en contra. Pudo ser peor, porque en un principio la votación del real decreto ley de estabilización de los interinos que se había sometido a convalidación se encontró con un empate a 170. Un callejón sin salida que, de haberse mantenido, habría acabado echando por tierra la primera iniciativa del recién estrenado nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que llega a votación en el Congreso. Pero no ocurrió. Una diputada de Unidas Podemos, Rosa Medel, votó en contra en la primera votación, rompiendo la disciplina de voto, disconforme con la iniciativa. En la segunda, tras ser recriminada por sus compañeros, ni siquiera apretó el botón.
Lo ocurrido sirvió para demostrar la entidad de las dificultades que el Gobierno, y con él el PSOE, tienen a la hora de construir complicidades y tejer acuerdos con los grupos de la llamada mayoría de la investidura. Ya le ocurrió el año pasado cuando, dando por supuesto el respaldo de la izquierda parlamentaria, sometió a votación un real decreto ley sobre la utilización del llamado superávit de los ayuntamientos que acabó en una derrota estrepitosa para la promotora de la iniciativa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La casualidad quiso que este miércoles fuera también ella la que tuviese que subir a la tribuna a defender el real decreto de los interinos pese a que su autor fue en realidad Miquel Iceta, cuyas competencias en materia de función pública han pasado, con la crisis de Gobierno de hace unos días, a la cartera de Hacienda. Iceta, que hoy es titular de Cultura y Deportes, selló un acuerdo con UGT, CCOO y CSIF, pero no logró aliados entre los grupos parlamentarios para sacarlo adelante.
O, si hacemos caso a la versión de los portavoces de la llamada mayoría de la investidura, ni siquiera lo intentó. Y la paciencia de estos grupos, desde Esquerra a EH Bildu, pasando por el PNV, Más País o Compromís, empieza a agotarse. Están hartos de que el Gobierno siga actuando como si tuviera mayoría absoluta y acuda al Congreso con sus reales decretos “dando por hecho” su respaldo.
Esta vez fue Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, el que dio la voz de alarma el martes por la mañana. El decreto no iba a conseguir votos suficientes para salir adelante. Fuentes de Esquerra sostienen que en ese momento daban por segura la derrota del Gobierno porque las posiciones estaban muy distantes. Peligraba incluso el apoyo de Unidas Podemos, socio de Gobierno, cuyos portavoces no ocultaban la víspera su incomodidad con un decreto que consideraban muy por debajo de sus pretensiones.
Hacienda debió verle las orejas al lobo. El riesgo evidente de que el recién estrenado “Gobierno de la recuperación” se encontrase con una sonora bofetada en el Congreso que retratase su debilidad parlamentaria, a las puertas del inicio de la preparación del proyecto de presupuestos para 2022 obligó, al equipo de Montero, al PSOE y a los nuevos responsables de relaciones con las Cortes —donde destaca el hasta ahora secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas— a emplearse a fondo en una negociación de ultimísima hora.
El gobierno acabó haciendo de la necesidad virtud. Aceptó el grueso de las reivindicaciones de ERC, en parte también de Unidas Podemos y consiguió convencer a los republicanos de que cambiasen su anunciado ‘no’ por un ‘sí’. Un giro en los acontecimientos que a la postre resultó decisivo para salvar la situación in extremis, por un solo voto de diferencia.
En contra, junto a los ya habituales —PP, Vox, Ciudadanos, Foro, UPN y Coalición Canaria— se alinearon esta vez EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP y BNG. Al lado del Gobierno su situaron, además de PSOE y Unidas Podemos y la aportación decisiva de ERC, Compromís, Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias. Se abstuvieron PNV y Más País.
Más allá de la cuestión de fondo –cómo poner fin a la elevadísima temporalidad del empleo público, como exige desde hace 20 años Bruselas—, los reproches al Gobierno fueron una constante, sobre todo dirigidos a Iceta más que a Montero. Así como la decisión de resolver el problema mediante real decreto ley, uno más que se une a la ya larga lista de los que lleva aprobados el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los últimos tres años.
Los cambios
A cambio de su apoyo, Esquerra consiguió el compromiso del PSOE y Unidas Podemos de hacer varias modificaciones en el proyecto de ley durante la tramitación de urgencia que va a llevar a cabo el Congreso y que no debería prolongarse más allá del mes de octubre. En primer lugar, que la fase de oposición no sea eliminatoria, según el criterio que marque cada comunidad autónoma, para facilitar a los interinos más antiguos que su experiencia y los años acumulados tengan peso real a la hora de decidir su futuro laboral. “Será un concurso-oposición con una valoración del 40% en el concurso”, señaló la ministra.
ERC también logró que el Gobierno aceptara que los interinos que lleven al menos diez años en un puesto estructural para el que nunca se hayan convocado plazas no tengan que verse sometidos a competir en un concurso-oposición: se quedarán con el puesto de forma automática.
De momento no sufre cambios el destino previsto para quienes no superen el concurso oposición. Los que tengan puntuación suficiente, pero se queden fuera, pasarán a una bolsa de interinos, El resto, serán indemnizados con 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce meses, el mínimo previsto en la reforma laboral del PP que el Gobierno se ha comprometido a derogar. Una cantidad que mereció críticas de casi todos los grupos y que tanto ERC como Unidas Podemos tratarán de modificar durante el trámite parlamentario.
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“Esto es un aviso a navegantes”, subrayó la portavoz republicana en el debate, Pilar Vallugera (ERC). Hay que pactar con los grupos parlamentarios, recordó a la ministra.
Al consenso se abrieron también otros grupos, pensando en la tramitación del proyecto en el Congreso. Incluso los que votaron que no, como EH Bildu. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, echó en cara a Montero que llevasen el real decreto a la Cámara “sin conversación previa, sin contar con nadie. Esperando que las fuerzas progresistas lo aprobemos porque sí. Así no se hacen las cosas. Me gustaría que entendiese que son ustedes lo que deben ganarse el apoyo de los grupos y ser permeables a las propuestas de las fuerzas de izquierdas y no esperar a que les apoyemos porque sí”.
Una opinión compartida por Unidas Podemos, socio del Gobierno. Su portavoz, Antonio Honrubia, reprochó a Montero su estrategia. “Se sabían perfectamente las posiciones y los problemas que iba a plantear un texto como este. Por favor, antes de presentar un proyecto tan importante, que tiene unos plazos”, rogó, “háganlo hablando también con los grupos de esta Cámara”. Tiene que venir al Congreso “con la garantía de que va a salir adelante sin necesidad una negociación de última hora y contrarreloj”.
Fue por la mínima. 170 votos a favor y 169 en contra. Pudo ser peor, porque en un principio la votación del real decreto ley de estabilización de los interinos que se había sometido a convalidación se encontró con un empate a 170. Un callejón sin salida que, de haberse mantenido, habría acabado echando por tierra la primera iniciativa del recién estrenado nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que llega a votación en el Congreso. Pero no ocurrió. Una diputada de Unidas Podemos, Rosa Medel, votó en contra en la primera votación, rompiendo la disciplina de voto, disconforme con la iniciativa. En la segunda, tras ser recriminada por sus compañeros, ni siquiera apretó el botón.