El día negro que la esfera judicial deparó ayer al PP en Baleares empezó con una nueva condena para Jaume Matas, esta por soborno aunque no implica cárcel, y terminó con la decisión del juez José Castro de iniciar los trámites para juzgar al exgerente regional del partido y cuñado de Matas, Fernando Areal, por varios delitos que se resumen en cuatro palabras: financiación ilegal del partido.
Salvado por el Tribunal Supremo, que en julio rebajó de seis años de cárcel a nueve meses una condena previa por corrupción, y sentenciado ahora solo a devolver 42.000 euros y a pagar 9.000 de multa, Matas no estará en el banquillo de este nuevo caso. Será el hermano de su mujer quien lo haga. Pero la sombra que el proceso proyecte sobre el PP balear será un puro troquel de su cara. Y sobre la escena política volverá a planear la imagen de Matas, quien jamás se imaginó cazado por la Justicia. De hecho, se compró una planta entera con derecho a jardín exclusivo en un palacete pegado a la sede del tribunal de cuentas balear, la Sindicatura. En otras palabras, el órgano que vela por la legalidad con que el Govern gasta el dinero público.
El mitin que Mariano Rajoy ofreció en Palma de Mallorca el 18 de mayo de 2007 figura entre los actos de la campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas de aquel año cuyo coste pagó una fundación del Govern balear –Illesport– a través de facturas falsas endosadas por una firma de publicidad que trabajaba para esa formación.
Según lo investigado, el Govern balear desembolsó 24.000 euros por servicios donde el cliente real era el PP.
Simultáneamente, el PP pagó otros 72.000 euros en dinero negro a su agencia de campaña, la empresa de publicidad Nimbus. Un testigo de excepción, Miguel Romero, el propietario de Nimbus, ya ha confesado que cobró “en efectivo y sin libramiento de facturas” parte de la campaña para que el PP no superase los límites fijados por ley para el gasto electoral. Todo lo anterior queda reflejado en el auto de ayer con la salvaguarda de que aún se trata de presuntos delitos.
El publicista Romero está igualmente imputado y se arriesga, como el exgerente del PP Fernando Areal, a penas de cárcel por dos de las tres figuras delictivas que enuncia el auto: falsedad documental, malversación y delito electoral. En España, y tras sucesivas reformas del Código Penal, la financiación ilegal de partidos continúa sin estar tipificada por sí misma como delito.
La resolución dictada ayer por Castro no menciona la presencia del hoy presidente del Gobierno en aquella arenga electoral del 18 de mayo de 2007 que tuvo por escenario el velódromo Palma Arena, germen del caso del mismo nombre y de las 27 piezas separadas que cuelgan del tronco central.
Una de ellas, la más célebre por la envergadura social de sus protagonistas, es el caso Nóos, por el que Iñaki Urdangarin permanece imputado desde diciembre de 2011 y en el que no se descarta un nuevo auto de imputación para su mujer, la infanta Cristina de Borbón. La fundación pública utilizada para financiar actos de la campaña del PP balear en 2007, Illesport, es justamente la que otorgó a dedo 2,3 millones de euros a la pretendida ONG del yerno del rey, Instituto Nóos, para organizar dos cumbres turístico-deportivas.
El auto del juez Castro detalla cómo tanto la empresa de publicidad implicada, Nimbus, cobró a la Fundación Illesport 19.127 euros mediante dos facturas que no se corresponden con ningún trabajo real y que, por tanto, eran falsas. Esas facturas, sostiene el magistrado,“encubren el pago de servicios particulares realizados (…) para el Partido Popular de Baleares con ocasión de la campaña electoral del 27 de mayo de 2007”.
Otras dos empresas locales, y es aquí donde entra en escena el mitin de Rajoy, facturaron a Fundación Illesport 4.802 euros. Lo hicieron “por servicios prestados con ocasión del mitin del Partido Popular celebrado precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007”.
Matas cometió cohecho con el contrato ficticio de su mujer
Lo peculiar del asunto no es aquí la cuantía, ridícula en comparación con las magnitudes que el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach ya han sacado a la luz en el caso Palma Arena sino que el Govern balear no planteó la menor objeción a pagar la limpieza y la vigilancia del velódromo… para el mitin de un partido: el de Mariano Rajoy. Su anfitrión de aquella jornada, Jaume Matas, se dio de baja como militante del PP en marzo de 2010 cuando ya había caído sobre su cabeza una imputación a plomo por el desvío multimillonario en el presupuesto del velódromo, que pasó de los 48 millones iniciales a los más de 110 finales.
Al ordenar que el caso se siga tramitando por la vía del procedimiento abreviado, el magistrado cruza el punto de no retorno. Ahora, y una vez notificado el auto, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía de la Comunidad Autónoma deberán pedir en diez días la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa. El trámite no plantea incógnitas salvo un hipotético pero remoto viraje en la postura de la Fiscalía Anticorrupción.
Matas no está imputado en esta pieza separada del caso Palma Arena. Pero sí en otra donde también ha aflorado la presunta financiación ilegal del PP. Esa pieza es la conocida como Over Marketing, por el nombre de la empresa que aplicó en Baleares la misma táctica que la trama Gürtel en Madrid, Valencia y Castilla y León.Gürtel El dueño de Over, Daniel Mercado, reconoció en una de sus declaraciones no solo que había financiado al PP balear sino que, como reveló infoLibre, había logrado contratos amañados también en Madrid, Valencia y Castilla y León. La escena se repite aunque, a diferencia del caso Gürtel, el propietario de la empresa involucrada ha decidido aquí colaborar con la justicia.
El día negro que la esfera judicial deparó ayer al PP en Baleares empezó con una nueva condena para Jaume Matas, esta por soborno aunque no implica cárcel, y terminó con la decisión del juez José Castro de iniciar los trámites para juzgar al exgerente regional del partido y cuñado de Matas, Fernando Areal, por varios delitos que se resumen en cuatro palabras: financiación ilegal del partido.