El pasado viernes el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció en rueda de prensa que el Gobierno estaba estudiando una "apoyatura legal" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder convocar oferta de empleo público en 2017 en educación, el ejército y la Guardia Civil. Es decir, una fórmula legal que permita dar seguridad jurídica a las oposiciones a estos cuerpos ante la incertidumbre existente sobre la aprobación de las cuentas públicas para este año.
La convocatoria de las ofertas de empleo público en los diferentes ámbitos de la Administración, de la que miles de personas están pendientes en toda España, va ligada a los Presupuestos porque es en esa ley en la que se fija la tasa de reposición –el porcentaje de vacantes que se cubren en estos procesos competitivos, principalmente, por jubilación o enfermedad–, que es clave para fijar el número de plazas ofertadas.
No obstante, ese porcentaje también se puede fijar a través de un real decreto, que es la fórmula en la que ahora trabaja el Gobierno y la que varias comunidades venían solicitando desde hace semanas. La propuesta del Ejecutivo, sin embargo, llega "tarde", tal y como señalan a infoLibre portavoces de las consejerías de Educación de varios ejecutivos autonómicos. Lo habitual es que en esta época del año ya se sepa tanto el número total de plazas como su reparto por especialidades y que en junio, coincidiendo con el final de curso, comiencen los exámenes. También subrayan que le falta "concreción", pues ni siquiera para la aprobación de un texto que tendría después que validar el Congreso.
De hecho, las ocho comunidades autónomas que habían anunciado su decisión de no convocar este año oposiciones a maestro o profesor en los colegios e institutos españoles como consecuencia del bloqueo a los presupuestos mantienen su suspensión hasta el año que viene. Es el caso de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Navarra. Entre todas ellas tenían pensado convocar alrededor de 3.800 plazas.
Varios portavoces autonómicos confirman a este diario que el Ministerio de Educación les había advertido en las últimas semanas de que si convocaban las oposiciones con la tasa de reposición todavía sin fijar, estas podrían ser impugnadas por el Gobierno e incluso por cualquier otro interino u opositor, lo que tendría consecuencias directas sobre las personas apuntadas a las pruebas, que habrían pasado varios meses preparándose para obtener una plaza. De hecho, así ocurrió en 2012, cuando el Ministerio de Hacienda llevó al Tribunal Constitucional la convocatoria de oposiciones de la Junta de Andalucía al entender que incumplía las restricciones presupuestarias.
Principio de solución
Ahora el Ejecutivo parece haber puesto de la mesa un principio de solución, pero las citadas ocho autonomías mantienen que es demasiado tarde. Fuentes del departamento de Educación del Gobierno aragonés, que pretendía sacar este año 158 plazas de Secundaria; mantienen que ya se han agotado los plazos y que la decisión está tomada porque no se puede tomar a la ligera "un tema tan serio en el que se juegan su futuro miles de opositores".
"El aplazamiento es irreversible", dijo el martes, por su parte, el consejero asturiano, Genaro Alonso, quien cargó contra el Ejecutivo de Rajoy por haber intentado tener a las comunidades "como rehenes" para negociar los presupuestos. "El Gobierno ha conseguido su objetivo, lo que ha conseguido es que no podamos convocar oposiciones por su irresponsabilidad y su falta de sensibilidad con los aspirantes y opositores", lamentó. Asturias pretendía haber sacado este año una 330 si la tasa de reposición era del 100%.
También Canarias mantiene la decisión de aplazar al menos un año la convocatoria de 800 plazas en la especialidades de Primaria, inglés y francés del cuerpo de maestros (Primaria); y de música, artes escénicas y artes plásticas del de profesores (Secundaria), tal y como acordó con los sindicatos el Ejecutivo canario a principio de este mes. El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, también pactó con los sindicatos una suspensión de la convocatoria de oferta de empleo público, que tenía previsto fuera superior a 1.000 plazas. "Tomamos la decisión después de que tras, dos reuniones en el ministerio, nos insistieran en que no había seguridad jurídica", dice un portavoz.
El Gobierno de Castilla y León, del PP, también ha renunciado a convocar este curso las 800 plazas previstas en Secundaria, que es la cifra aproximada de los profesores que se jubilan. "No da tiempo", se limita a explicar a este periódico una portavoz. Misma explicación en Extremadura, donde la Junta sostiene que el anuncio de Méndez de Vigo llega tarde. En esta comunidad estaba previsto que salieran a concurso 145 plazas de 15 especialidades de Secundaria.
En Murcia, donde también gobiernan los conservadores, tampoco habrá oposiciones docentes este año. "El Ministerio de Hacienda todavía no ha aprobado el decreto ley [adelantado por Méndez de Vigo] ni está tomada totalmente la decisión", dijo en rueda de prensa este lunes el director general de Planificación Educativa, Enrique Ujaldón. El compromiso del Ejecutivo murciano era ofertar alrededor de 400 plazas de maestro.
"El ministerio lleva desde diciembre diciendo que va a solucionar esta situación y todavía no ha hecho nada. Sólo con intenciones no podemos poner en marcha un proceso que implica a tanta gente como este", se queja, por su parte, un portavoz el Ejecutivo navarro, que también ha aplazado a 2018 la convocatoria de 247 plazas en Secundaria previstas para este curso.
Sí habrá oposiciones
Las comunidades convocan más de 18.500 plazas de docentes para 2018
Por contra, otras cinco comunidades sí dicen estar dispuestas a convocar oposiciones. Entre ellas están Andalucía, Baleares, Cataluña y Euskadi, que ya habían expresado su voluntad de poner en marcha una oferta de empleo público docente antes incluso del anuncio de Méndez de Vigo; y Galicia, que esperó a este pronunciamiento para confirmar la convocatoria de 1.043 plazas. Madrid y Cantabria, por su parte, todavía mantienen la incertidumbre sobre si convocarán o no oposiciones este 2017. La Comunitat Valenciana y La Rioja, por otro lado, ya habían fijado su convocatoria en 2018 sin que esté relacionado con este asunto del bloqueo a los Presupuestos.
En Andalucía, su presidenta, Susana Díaz, dijo en febrero que convocaría oposiciones "sí o sí" para 2.486 docentes. El Ejecutivo andaluz viene insistiendo en que tiene competencias plenas en Educación y en que la convocatoria no afecta ni a las limitaciones de plazas impuestas por el Gobierno central ni al cumplimiento del déficit. También en Baleares, donde hace cinco años que no se convocan oposiciones, habrá oferta pública docente. Por el momento, la propuesta es que sean 425 puestos para cubrir las jubilaciones, aunque el Ejecutivo autonómico confía en poder aumentar esa cifra hasta cerca del millar para reducir la alta tasa de interinos, que es del 31% en el archipiélago.
Cataluña, por su parte, prevé aprobar unas 2.000 plazas, si bien la convocatoria oficial no se hará hasta que no se apruebe el presupuesto autonómico tal y como anunció el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y Euskadi, por otro lado, ya ha convocado para 2017 una Oferta Pública de Empleo de 740 plazas, "el máximo permitido", para profesorado de Educación Infantil y Primaria.
El pasado viernes el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció en rueda de prensa que el Gobierno estaba estudiando una "apoyatura legal" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder convocar oferta de empleo público en 2017 en educación, el ejército y la Guardia Civil. Es decir, una fórmula legal que permita dar seguridad jurídica a las oposiciones a estos cuerpos ante la incertidumbre existente sobre la aprobación de las cuentas públicas para este año.