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España se arriesga no sólo a perder los fondos europeos de reconstrucción sino a ser sancionada como Poloniasancionada si no acepta cambiar la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que doce de los 20 vocales de este órgano sean elegidos directamente por los jueces sin participación alguna del Congreso y el Senado.
Esta es la tesis que sostiene el líder del PP, Pablo Casado. La misma que ha defendido en varias ocasiones en reuniones al más alto nivel del PP europeo, en presencia de primeros ministros como Angela Merkel o de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.
Esta misma semana volvió a insistir: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aseguró en una entrevista emitida por la la cadena COPE, propiedad de la iglesia católica, acaba de decir “que al menos la mitad del Consejo del Poder Judicial de Polonia tenía que ser elegido directamente por los jueces”. Es, según Casado, una sentencia que dice “exactamente lo que estamos pidiendo: que renovemos el CGPJ permitiendo que los jueces elijan a los jueces”, remarcó. “La sentencia de Estrasburgo sobre lo que ha pasado en Polonia lo deja muy claro”, había dicho el lunes en un acto en Pamplona.
La realidad es muy distinta. La situación en Polonia, que en julio dio lugar a una resolución del TJUE exigiendo la suspensión cautelar de las medidas adoptadas en aquel país en materia judicial, no tiene nada que ver con el bloqueo que sufre el CGPJ en España por más que Casado compare una y otra vez ambas situaciones.
El conflicto entre la UE y Polonia se remonta a 2020, cuando Bruselas abrió un expediente disciplinario al gobierno ultraconservador de Varsovia después de conocer la reforma del Poder Judicial que había puesto en marcha. La norma se conoce popularmente como ley bozal porque prevé medidas disciplinarias contra los jueces que acudan al Tribunal de Justicia de la UE para plantear cuestiones prejudiciales sobre normas polacas, algo que socava, en opinión de la Comisión Europea, “la independencia de los jueces y viola el Derecho comunitario”. Las sanciones, de acuerdo con la reforma polaca, se dictarían a través de una sala especial que la UE no considera independiente.
A petición de Bruselas, el TJUE dictó en julio una resolución de medidas cautelares para que, en tanto no dictara sentencia definitiva, el Gobierno de Polonia suspendiese la aplicación de la reforma. El régimen disciplinario impuesto en Polonia, decía aquel auto, “permite que el contenido de las decisiones judiciales adoptadas por los jueces de los tribunales ordinarios sea calificado como infracción disciplinaria, por lo que podría ser utilizado para ejercer control político sobre las decisiones judiciales o para ejercer presión sobre los jueces con el fin de influir en sus decisiones y podría socavar la independencia de los tribunales en cuestión”.
“La mera existencia de disposiciones nacionales que permitan que el sistema disciplinario sea utilizado como sistema de control político del contenido de las resoluciones judiciales puede suscitar dudas en el ánimo de los justiciables y de los demás Estados miembros en cuanto a la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, lo que podría ocasionar un perjuicio grave e irreparable”, aseguraba el auto.
Pero el Ejecutivo polaco hizo caso omiso de la resolución del TJUE, lo que obligó a la Comisión Europea a pedir sanciones. Y eso es exactamente lo que acaba de determinar el tribunal: una multa de un millón de euros diarios a Polonia multahasta que suspenda el régimen disciplinario impuesto a los jueces del país.
El auto, firmado por el vicepresidente del TJUE, recuerda que las medidas provisionales dictadas el 14 de julio deben ser respetadas para evitar un daño “grave e irreparable” al orden jurídico de la Unión Europea y a los valores que cimientan la Unión, “en particular el Estado de derecho”.
La sanción diaria se aplicará a partir de este jueves y hasta que Polonia cumpla con las medidas cautelares dictadas en julio o hasta que el Tribunal, con sede en Luxemburgo, dicte sentencia definitiva sobre el caso.
Varsovia mantiene desde hace tiempo que trabaja en una nueva reforma para antes de que acabe el año y que entre los cambios que pondrá en marcha figura la supresión del régimen disciplinario denunciado por Bruselas. Pero eso no es suficiente, en opinión del tribunal, porque la “intención de anular, de aquí a un año, una serie de medidas” no supone “evitar, a falta de medidas inmediatas”, el perjuicio "grave e irreparable" al orden jurídico de la UE.
El caso del CGPJ
El caso del CGPJ, en cambio, no tiene nada que ver con el de Polonia. No sólo porque no existe iniciativa alguna de Bruselas en relación a la legislación española, ni judicial ni política, sino porque lo que la Unión Europea ha pedido a España, más allá de haber hecho una reflexión general sobre la conveniencia de que este tipo de órganos sean elegidos por los jueces, es que los partidos cumplan con sus responsabilidades constitucionales y procedan urgentemente a renovar su composición, tal y como establece la Carta Magna.
Casado recuerda que Ayuso fue una "apuesta personal" suya pero que "no es momento de mirarnos el ombligo"
En cualquier caso, y a diferencia de lo que sucede en Polonia con el régimen disciplinario impuesto a los jueces, en España no está en peligro la independencia del Poder Judicial, como han reconocido en numerosas ocasiones el PP y el propio Casado. Porque la independencia de los jueces es personal. No está afectada por la composición del CGPJ, sean sus vocales elegidos parcialmente por los jueces, como propone la derecha, o por el Congreso y el Senado a partir de las propuestas de los jueces, como lleva ocurriendo desde 1985 sin que eso haya supuesto nunca ningún problema para el PP cuando estaba en el Gobierno.
“Los jueces españoles son, somos, rabiosamente independientes”, aseguró la mano derecha de Casado en materia de justicia, Enrique López, juez antes de convertirse en consejero de Isabel Díaz Ayuso. “Más independientes que muchos de los jueces europeos: el 97% de los jueces en España le deben su cargo judicial a su mérito y csapacidad, a su antigüedad y a su especialidad. Y el 3% que nombra directamente el CGPJ”, añadió en la reciente convención del PP ante el propio casado, no son “ni menos capaces ni menos independientes ni con menos mérito”.
La renovación del Consejo no se ha llevado a cabo tal y como marca la ley porque Casado se niega a cumplirla a menos que el Gobierno acceda previamente a su reforma, algo que solo apoyan PP, Vox y Ciudadanos y que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó en sesión plenaria hace apenas un mes.
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