La mejoría que consagran las grandes cifras económicas sigue sin llegar a todos los hogares. Así lo certifica la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE [consultar, aquí], que subraya que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social asciende al 26,6% de las personas que viven en España. Este porcentaje se consolida por encima del 25% por octavo año consecutivo, lo que da una idea de la dificultad que tienen quienes se encuentran en situación más vulnerable para percibir los efectos de la mejoría económica.
Esa tasa, que era del 24,7% en 2008, es el principal indicador que utiliza la oficina estadística europea, Eurostat, para medir el peso de las personas menos favorecidas en una sociedad. El término –también denominado Arope, del inglés, at risk of poverty or social exclusion– se compone de tres variables: riesgo de pobreza (calculado con el método Eurostat, que mide la población que gana un 60% menos de la mediana), situación laboral de los hogares y carencia material severa. Pues bien, de acuerdo con los datos de población de 2016 (46,5 millones), unos 12,4 millones de personas cumplirían alguno de estos criterios.
Afortunadamente, esta tasa sí ha experimentado un descenso progresivo respecto al ejercicio de 2013, cuando alcanzó el 29,2%, que es el pico más alto de toda la serie. Esto se explica porque las consecuencias que el desempleo tiene en estos indicadores se empiezan a notar entre uno y dos años después de la pérdida del trabajo, cuando ya se han agotado prestaciones y subsidios. A partir de ahí cayó al 28,6% en 2014 y al 27,9% en 2015. En todo caso, el porcentaje de 2016, de cuando son los datos tomados como referencia para este último estudio, sigue estando por encima de las cifras registradas antes de la crisis: 26,1% en 2009 y 24,7% en 2008.
Crece la desigualdad
Otro indicador relevante que recoge el estudio del INE es el de la tasa de riesgo de pobreza, que es uno de los tres indicadores de Arope y mide la desigualdad, es decir, cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. En 2016, este umbral se situó en 17.896 euros para una familia estándar de dos adultos y dos menores. Pues bien, según los últimos datos, el 21,6% de la población residente en España en 2016 lo hacía en hogares con ingresos inferiores a esa cantidad. Este porcentaje también ha caído respecto a 2015, cuando esta tasa fue del 22,3%, pero sigue siendo superior al de los momentos precrisis (20,4% en 2008).
Además, llama especialmente la atención la evolución por grupos de edad. Por ejemplo, entre los menores de 16 años ese porcentaje aumenta hasta el 28,1%, 6,5 puntos por encima de la media. Para la ONG Save the Children, estas cifras muestran que "es urgente dotar los planes de lucha contra la pobreza infantil del presupuesto necesario si no queremos ver cómo los niños y niñas más vulnerables siguen heredando la pobreza de sus hogares".
La mayor vulnerabilidad también afecta a los parados, con una tasa del 44,6%, 13,3 puntos por encima de la registrada en 2008. Entre estos perfiles de riesgo también están las familias monoparentales, en su gran mayoría formadas por mujeres solas que tienen que sacar adelante a sus hijos. De hecho, el 40,6% de estos hogares tuvo durante 2016 ingresos que están por debajo del umbral de pobreza, 16,5 puntos más que aquellos hogares con dos adultos y niños.
Ante este panorama, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, cree que es necesario poner en marcha medidas para ayudar a estas familias. En concreto, a través de rentas mínimas de ámbito estatal, prestaciones por hijo a cargo y apoyo para el acceso a la vivienda. "Las políticas de protección social también son medidas de desarrollo económico, no su consecuencia", señala. De hecho, expertos y ONG vienen advirtiendo de que son las familias con hijos las que de forma más desproporcionada han sufrido las consecuencias del paro y los recortes de los años de crisis.
Asimismo, los hogares con carencias severas alcanzan el 5,1%, lo que significa, por ejemplo, que sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro conceptos de una lista en la que se incluyen la imposibilidad de comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; de afrontar gastos imprevistos; de poner la calefacción en invierno; o de tener coche, teléfono, televisión o lavadora. Este indicador ha ido reduciéndose desde 2014 –la mayor tasa fue en 2013, cuando alcanzó al 7,1% de la población–, pero sigue estando por encima del porcentaje de 2008, cuando fue del 3,6%.
Más de 200.000 familias no pueden permitirse llevar a sus hijos a una escuela infantil
Devaluación salarial
Por otro lado, el INE también certifica que la devaluación salarial es una de las grandes secuelas de la crisis económica. Los ingresos medios anuales netos de los hogares se situaron en 27.558 euros en 2016, un 8,3% por debajo de la cifra registrada en 2008, cuando alcanzaron los 30.045 euros. La nota positiva es que la renta media registra una evolución al alza desde 2014. El año con ingresos medios más bajos fue 2013, con 26.154 euros.
Además, aunque hay indicadores que reflejan cierta mejoría, otros muestran que sigue habiendo familias con obstáculos. Por ejemplo, el 9,3% revela que tiene "mucha dificultad para llegar a fin de mes", mientras que el 7,4% ha experimentado en el último año "retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal". Una de cada tres familias asegura que no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año y cuatro de cada diez que viven al día y, en consecuencia, no pueden afrontar gastos imprevistos.
La mejoría que consagran las grandes cifras económicas sigue sin llegar a todos los hogares. Así lo certifica la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE [consultar, aquí], que subraya que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social asciende al 26,6% de las personas que viven en España. Este porcentaje se consolida por encima del 25% por octavo año consecutivo, lo que da una idea de la dificultad que tienen quienes se encuentran en situación más vulnerable para percibir los efectos de la mejoría económica.