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El PP acudirá a la justicia si ve indicios de delito en la quita que ha hecho el banco público valenciano al grupo mediático en el que tiene acciones Ximo Puig

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El PPCV ha solicitado toda la documentación relativa a la operación financiera del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con un grupo empresarial en el que tiene acciones el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en referencia al Grupo Zeta y al periódico Mediterráneo, y una vez lo analicen sus abogados "si hay indicios de delito acudirá a los tribunales o a la Fiscalía", informa Europa Press.

Así lo ha asegurado su presidenta, Isabel Bonig, que ha afirmado que no va a ser "tan irresponsable" como en su día lo fueron Ximo Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, hacia el PP, y hasta que no analice el expediente no dirá si ve responsabilidades judiciales.

Ellos, ha criticado, "acusaron a todo el mundo, a veces con razón y hay condenas, pero muchísimas otras la gente ha sido absuelta", y no ha visto que "hayan pedido un poquito de perdón", recordando como último ejemplo el caso Valmor.

En todo caso, y más allá de estar a la espera de poder analizar el expediente, Bonig ha reclamado nuevamente la comparecencia de Puig para dar explicaciones políticas. Ha celebrado que otros partidos, en alusión a Ciudadanos, lo hayan pedido, y ha indicado que el PP, "como líder de la oposición, va a estar a esas explicaciones" y las va a pedir todos los días porque "cada día que pase sin comparecer, es un presidente que se esconde". "No le acuso", ha precisado la líder del PPCV, que ha reiterado que solo quieren explicaciones.

El IVF tiene desde marzo la capacidad para negociar y reestructurar deuda gracias a un decreto aprobado por el Gobierno valenciano, informa eldiario.es. La única operación que el banco público ha hecho durante este tiempo con estos nuevos poderes ha sido la que beneficiaba a un grupo de comunicación del que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es accionista: tiene el 1,2 % de la propiedad en acciones, 177.886,8 euros. 

Bonig se ha referido también a la rueda de prensa que ofreció este miércoles el presidente del IVF, Manuel Illueca, una persona que tiene para ella "la máxima consideración y respeto, no solamente personal y profesional".

"Dijo algunas cosas importantes, dijo que sí se había interesado el presidente Puig. Acusaban al presidente (Francisco) Camps de interesarse, no le acuso, pero quiero que me explique por qué se interesó", ha dicho. Illueca apuntó que habló con el president de este caso porque se trata de una cuestión que "aparecía en prensa permanentemente", y porque suele explicarle los temas "más complicados".

Para Bonig, hay "serias dudas" sobre ese decreto del Consell –para clarificar las actuaciones del IVF en los supuestos, entre otros, de reestructuración de duda– "genérico pero que tenía efectos retroactivos y que el propio Illueca dijo que hasta que eso no se aprobó él no actuó".

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Ha subrayado que "no se ha hecho una operación igual que esta, dijo que solo se había hecho esta, con Pecsa para que lo comprara Prensa Ibérica". "Jurídicamente no lo calificaré, pero no parece ni muy ético ni muy estético que, además, ese decreto tenga efectos retroactivos para aplicarlo a una sola empresa, a una sola operación que, además, se aprobó en un pleno del Consell donde parece que estaba el presidente, que tiene intereses legítimos". Bonig ha añadido que "parece que debió abstenerse por ética y estética".

"Tiene acciones, tiene una cantidad importante de acciones", ha dicho, algo a lo que tiene derecho, no es delito, pero "tiene que responder" políticamente, como exigía en su día al PP.

Bonig ha insistido en no querer pronunciarse sobre si habría indicios de delito, pero ha asegurado que en las declaraciones de Illueca, a su entender, "hay cosas que no concuerdan". Asimismo, sobre el hecho de que este haya dicho que no tenía conocimiento de que Puig tuviera acciones en ese medio, que aparecen en su declaración de bienes, "es público y notorio". "Si dice que no lo conocía, él sabrá, todo el mundo lo sabíamos", ha indicado.

El PPCV ha solicitado toda la documentación relativa a la operación financiera del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con un grupo empresarial en el que tiene acciones el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en referencia al Grupo Zeta y al periódico Mediterráneo, y una vez lo analicen sus abogados "si hay indicios de delito acudirá a los tribunales o a la Fiscalía", informa Europa Press.

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