Las sorprendentes revelaciones de la contabilidad entregada por el PP al juez Pablo Ruz constatan que el partido burló durante años el espíritu de las leyes de incompatibilidades estatales y autonómicas, todas ellas coincidentes en un punto: el de que, salvo excepciones tasadas y previamente autorizadas, ningún alto cargo o parlamentario puede percibir más retribución que la asignada a su puesto público.
Una de las leyes marco en esta materia, la Loreg, establece como excepción el desempeño de actividades privadas no vetadas expresamente. Pero impone la obligatoriedad de que, "previa petición expresa del interesado", el ejercicio de esas actividades sea autorizado por las comisiones que en el Congreso y el Senado velan por que los parlamentarios cumplan las leyes. ¿Algún diputado ha solicitado a lo largo de los años la compatibilidad para cobrar de su partido? A esa pregunta, fuentes del Congreso respondieron días atrás a infoLibre de forma oblicua: el asunto de las remuneraciones partidarias "quedó aparcado" tiempo atrás y la Cámara "no llegó a regularlo".
Un ejemplo de cómo las cuentas del PP hacen añicos el espíritu de las normas promulgadas para garantizar la dedicación exclusiva de los políticos en activo lo constituyen los presidentes de Murcia y Aragón, Ramón Luis Valcárcel y Luisa Fernanda Rudi. Ambos admiten haber cobrado del partido. Y ambos sostienen que las "compensaciones" económicas obtenidas no son ni salario ni retribución. Son "compensaciones" por presidir el PP de sus respectivas comunidades.
Camuflados como “gastos de representación” o “dietas”, los sobresueldos han pasado sin tropiezos -o sin control- el filtro del Congreso y el Senado pese a lo estipulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que en su artículo 157 dice lo siguiente: “El mandato de los diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”.
De cualquier otra forma, y por citar varios ejemplos señeros el hoy presidente del Senado, Pío García-Escudero, declaró haber recibido del PP 96.800 euros en 2010 de forma adicional a su sueldo oficial como portavoz de su grupo (76.000 euros). La ministra de Sanidad, Ana Mato, cobró 122.225 euros en 2011 además de su retribución como diputada (50.000 euros como mínimo, de los que 11.000 no tributan). Mariano Rajoy, que en 2010 cobró 41.270 euros del Congreso, ingresó ese año otros 181.098 brutos del partido.
Igualmente, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se encuadra en esa categoría. Pero, a diferencia de sus correligionarios antes citados, la diputada autonómica y senadora Sánchez-Camacho cobra como si prestara servicios profesionales independientes al PP. En 2011 facturó a su partido 133.633 euros, más del doble que el año anterior.
En el otro extremo del país, el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también obtuvo ingresos del partido en 2011 y, como los de Sánchez-Camacho, quedaron catalogados como actividades profesionales. Zoido facturó al PP 24.840 euros mediante varias facturas, la última de ellas contabilizada el 29 d ejulio de ese año, un mes después de haber tomado posesión como alcalde de la capital andaluza.
Forzado por la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas, el destape contable del partido en el gobierno ha verificado no solo que múltiples diputados y senadores han esquivado cada año la Loreg para obtener del partido un sueldo sino que al menos dos presidentes autonómicos también perciben retribuciones de esa índole: Luisa Fernada Rudi, presidenta de Aragón desde 2011 y que, según el balance interno, ingresó del partido 15.000 euros en 2011; y Ramón Luis Valcárcel, que preside Murcia desde 1995 y cuyo nombre aparece identificado como RLV en las cuentas regionales del PP de 2010 pero no en las estatales. Según su propia declaración pública de bienes, ingresó 18.030 euros ese año “como gastos de representación de la presidencia”. La contabilidad oficial muestra que el dinero salió del grupo parlamentario del PP en la Asamblea Regional.
En Murcia, el Estatuto Regional de la Actividad Política, vigente desde 1994, estipula un férreo marco de incompatibilidades. Tras prohibir, en términos muy similares a la Loreg, el desempeño de cualquier otra actividad pagada, la norma señala cinco excepciones. A los altos cargos, y Valcárcel es el más alto en esa comunidad, les está permitido, por ejemplo, “el desempeño de cargos representativos, sin retribución, en partidos políticos”.
Cobrar 18.030 euros en un año, una cifra que duplica casi de forma exacta el salario mínimo, implica a primera vista tener una actividad retribuida. El PP murciano no lo entiende así. Ayer, y a la pregunta de por qué el presidente Valcárcel incumple la normativa sobre incompatibilidades, su equipo envió la siguiente respuesta, que se transcribe de forma literal: “El presidente no cobra retribuciones salariales del Partido Popular, sino una compensación para gastos de representación y protocolo, lo que es muy distinto”. El PSOE ha pedido la comparecencia de Valcárcel en la Asamblea de Murcia para que explique la situación. El PP se ha valido de su mayoría absoluta para imponer el veto.
A diferencia de la norma murciana, la aragonesa es mucho más ambigua. Elaborada en el último mandato del PSOE y en el artículo 35, relativo a las actividades compatibles, la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón permite el ejercicio de cargos políticos pero deja en el aire el asunto de las retribuciones.
En este sentido, hace un mes, IU denunciaba que Francisco Álvarez-Cascos violó en su momento la ley al cobrar sueldo del PP y como diputado, tal como publicó El Mundo. Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares señalaron que el ex número dos de Aznar no especificó su remuneración de 10.000 euros del PP porque, de haberlo hecho, habría incurrido en incompatibilidad. "Una cosa es una dieta de un viaje o una charla y otra recibir una cantidad fija y mensual de un partido: eso es un sueldo", afirmó el responsable de Comunicación de IU, quien recuerda que la ley prohíbe cobrar un salario por otra actividad a la vez que la retribución como parlamentario.
Las sorprendentes revelaciones de la contabilidad entregada por el PP al juez Pablo Ruz constatan que el partido burló durante años el espíritu de las leyes de incompatibilidades estatales y autonómicas, todas ellas coincidentes en un punto: el de que, salvo excepciones tasadas y previamente autorizadas, ningún alto cargo o parlamentario puede percibir más retribución que la asignada a su puesto público.