Eclipsado por el conflicto catalán, el primer gran juicio sobre Gürtel, el mayor caso de corrupción destapado en España, enfiló este lunes su recta final con dos mensajes paralelos y opuestos. Mientras la Fiscalía Anticorrupción emprendía en la Audiencia Nacional la exposición de su informe definitivo retratando la relación simbiótica que permitió a la trama lucrarse con contratos públicos a cambio de sobornar a distintos cargos del PP y financiar al partido, el portavoz conservador, Pablo Casado, remachaba desde la sede central de Génova el discurso oficial, que exime al PP de responsabilidad de cualquier tipo sobre lo sucedido.
En la rueda de prensa posterior al comité de dirección y cuando ya habían trascendido los argumentos esgrimidos durante el primer tramo de su informe final por la fiscal Concepción Sabadell –el trámite continúa este martes–, Casado perseveró en la línea oficial: que los hechos que afectan al partido, en riesgo de ser condenado como partícipe a título lucrativo de la red corrupta o, lo que es lo mismo, beneficiario económico, se reducen a dos campañas en "dos ayuntamientos". Y que sobre esas campañas, realizadas "hace 14 años", la dirección nacional "no tenía ninguna responsabilidad ni de coordinación ni de financiación".
El vicesecretario de comunicación del PP se refería a los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo, cuyos alcaldes recibieron, según la Fiscalía, sobornos del grupo que dirigía Francisco Correa. A cambio de lucrarse con contratos públicos, sostuvo la fiscal, la trama financió además sus campañas electorales. Pero aunque Anticorrupción circunscribe la responsabilidad civil del PP –pide que el partido pague 328.440 euros– al beneficio obtenido en las campañas locales de 2003 de Majadahonda y Pozuelo, donde las pruebas se perfilan abrumadoras, la fiscal Sabadell no ciñó sus acusaciones a esas dos poblaciones.
Muy al contrario, Sabadell se remitió a la confesión efectuada por el propio Correa en el arranque del juicio, hace ahora un año, para enfatizar que el sistema de adjudicación de contratos a cambio de comisiones del 3% o el 4% constituía una norma. Aquel fue "un modo de vida duradero". En total, y solo en lo que se refiere al ámbito madrileño, la trama consigió contratos públicos por ocho millones de euros. La fiscal presentó Majadahonda como paradigma de los mecanismos aplicados por los implicados en la trama Gürtel. Y fue directa al grano: en connivencia con el entonces alcalde, Guillermo Ortega –el juicio solo examina la etapa comprendida entre 1999 y 2005–, Correa y los suyos utilizaron ese ayuntamiento para enriquecerse y, en contrapartida, no solo pagar cohechos a sus responsables públicos sino "financiar" y "ahorrarle costes" al PP. "Constituida para delinquir", definió la fiscal, Correa y su grupo "esquilmaron arcas públicas" allí donde entraron en acción.
Dos horas antes que Casado pero en un escenario muy distinto –el juzgado de instrucción 18 de Valencia– y en calidad de investigada o imputada por el llamado caso Imelsa, la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, había desplegado un discurso casi idéntico: desde Génova, declaró Navarro, no se auditaban las cuentas del grupo municipal valenciano, una de las cuales fue presuntamente utilizada para financiar campañas electorales. Según la agencia Europa Press, la tesorera ha reiterado ante el juez que la cúpula del partido no tenía obligación de fiscalizar la contabilidad municipal y ha aludido tanto a la Ley Electoral como a distintas resoluciones del Tribunal Constitucional para respaldar sus argumentos.
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Los informes que tras cada convocatoria electoral emite el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos analizan como un todo indisoluble el gasto de campaña declarado en el conjunto del Estado. Son las direcciones estatales –salvo si se trata de formaciones de ámbito autonómico o aún más limitado– las que presentan la contabilidad consolidada.
El razonamiento común vertido este lunes por Casado y Navarro apunta a que la cúpula del PP mantendrá esa misma estrategia –colocar el balón en el tejado de las direcciones regionales o locales– en los otros casos donde la financiación del partido ocupa un espacio central: la pieza valenciana de Gürtel, pendiente de juicio y en la que nueve empresarios ya han confesado que financiaron campañas electorales; la de los papeles de Bárcenas, cuya instrucción quedó reabierta tras la declaración judicial de Correa; los más recientes de Púnica y Lezo y el ya citado de Imelsa, más conocido como el del pitufeo o blanqueo de donaciones ilegales a pequeña escala.
Eclipsado por el conflicto catalán, el primer gran juicio sobre Gürtel, el mayor caso de corrupción destapado en España, enfiló este lunes su recta final con dos mensajes paralelos y opuestos. Mientras la Fiscalía Anticorrupción emprendía en la Audiencia Nacional la exposición de su informe definitivo retratando la relación simbiótica que permitió a la trama lucrarse con contratos públicos a cambio de sobornar a distintos cargos del PP y financiar al partido, el portavoz conservador, Pablo Casado, remachaba desde la sede central de Génova el discurso oficial, que exime al PP de responsabilidad de cualquier tipo sobre lo sucedido.