Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial y según la revista Forbes el tercer español más rico con un patrimonio de 3.800 millones, cobró en noviembre una subvención pública de 48.013 euros para la mejora de las líneas de alta tensión de una finca de su propiedad en Castilla-La Mancha. La subvención se incardinaba en el lote de ayudas otorgadas por el Gobierno de esa comunidad en cumplimiento de la normativa estatal que busca proteger la avifauna frente a choques y electrocuciones en el tendido eléctrico.
Sufragada con fondos europeos, la convocatoria distribuyó cuatro millones entre 96 beneficiarios. La Orden que regulaba la convocatoria fijó la cuantía máxima a conceder en 75.000 euros. Los datos oficiales indican que Del Pino se quedó en la posición 38 de la tabla. Es decir, recibió más que otros 58 beneficiarios.
Portavoces de Ferrovial confirmaron a infoLibre que es correcta la información sobre la cuantía de la subvención (48.013,1 euros), la fecha de la concesión (29 de noviembre de 2012) y el objeto de la ayuda (adaptar las líneas aéreas de alta tensión para proteger a las aves).
Según las mismas fuentes, fue el anterior propietario del dominio rústico quien solicitó la ayuda. Ferrovial rehusó aclarar cuándo adquirió Rafael del Pino esos terrenos, ni en qué provincia se localizan. Asimismo, sus portavoces declinaron responder a la pregunta de si, considerada la tercera persona más rica de España -la 708 del mundo-, Del Pino se planteó renunciar a la subvención de forma que el dinero quedase así disponible para otros ciudadanos.
Entre los gastos subvencionables se incluían los establecidos para el conjunto del país: la adecuación y sustitución de crucetas –las piezas que sostienen los aisladores– que entrañen un peligro claro para la electrocución de las aves; el aislamiento de conductores y otros elementos de tensión mediante funda plástica; y la instalación de lo que se conoce como salvapájaros o señaladores visuales.
A tenor de lo que se lee en la orden regulatoria y como han confirmado fuentes del Ejecutivo castellano-manchego, a los solicitantes de una subvención de la clase descrita no se les imponía ningún límite de ingresos anuales. En el caso del presidente de Ferrovial, la ayuda otorgada equivale a lo que en 2022 percibía él mismo de Ferrovial en 3,3 días de trabajo. Porque su retribución como presidente ascendió a 5,2 millones. Es decir, a 14.246 euros por jornada, una cifra a escasa distancia del salario mínimo anual para 2023: 15.120 euros.
Del aviso de la OCDE a los paraísos fiscales oficiosos
En diciembre, y ya casi en el olvido mediático la etapa en que Vox despreciaba las subvenciones calificándolas de “paguitas” mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, definía como “mantenidos subvencionados” a quienes acudían a las colas del hambre, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) publicó un estudio sobre el reparto de ayudas públicas en 36 países. Según el informe [pincha aquí y accede al gráfico de la página 8], en España el 20% más rico obtiene casi el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre.
Que Rafael del Pino se encuadre en la lista de subvencionados con dinero público se conoce apenas mes y medio después de la difusión de aquel informe y cuando su nombre se ha instalado en los titulares diarios tras anunciar Ferrovial su mudanza a los Países Bajos en busca de “seguridad jurídica”. Aunque oficialmente carece del turbio rango de paraíso fiscal, Holanda aplica una menor presión tributaria. Y como fuentes de Moncloa vienen remarcando desde que la compañía anunció su mudanza, resulta innegable que desplazando su sede social a Amsterdam Ferrovial pagará menos impuestos.
También tributaría menos su presidente en la hipótesis –ni confirmada ni desmentida a día de hoy– de que se instalase en Holanda y obtuviera así la residencia fiscal en aquel país. De aplicar esa opción, el mismo Del Pino que acaba de obtener una subvención de cuantía simbólica dadas sus finanzas pero de origen netamente público quedaría exento del impuesto de grandes fortunas aprobado el año pasado por el Gobierno central.
La familia Del Pino maniobró con las acciones heredadas de su padre para rebajar el pago del IRPF y Sucesiones
Que la tributación le ha quitado el sueño a la familia se observa en la maniobra con las acciones heredadas de su padre y con la que los hermanos Del Pino trataron de rebajar el IRPF y el impuesto de Sucesiones. Desvelada por infoLibre, aquella jugada fracasó una vez intervino el TSJ de Madrid. El tribunal dictaminó que los cuatro hermanos Del Pino –Rafael, María, Leopoldo y Joaquín– diseñaron una “operación compleja” para “sortear los efectos fiscales” de sus ganancias patrimoniales en 2009. Solo al presidente de Ferrovial le tocaba pagar por Sucesiones 1,66 millones.
Como publicó El País, Ferrovial ha acumulado desde 1991 contratos públicos por 8.868,3 millones. Y desde 2020 no ha pagado el impuesto de Sociedades.
Pero la boyante situación de una empresa que primero se nutría de adjudicaciones de carreteras y puertos y fue luego expandiéndose con obras y concesiones ferroviarias y aeroportuarias no disuadió a Rafael del Pino de operar a través de Suiza, Luxemburgo y Países Bajos. Es decir, tres países cuya posición geopolítica les exime de llevar la vitola de paraíso fiscal pero que, en la práctica, lo son como ya se ha expuesto en lo que respecta a Holanda. El presidente de Ferrovial mantuvo dos holdings en el Gran Ducado entre 2007 y 2010 y otro en el país helvético desde 1991 y hasta 2013. Mediante la luxemburguesa Vial Holding controlaba el 1,24% de Ferrovial. Pero ahora posee el 20,44% de la constructora a través de una firma holandesa, Rijn BV.
Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial y según la revista Forbes el tercer español más rico con un patrimonio de 3.800 millones, cobró en noviembre una subvención pública de 48.013 euros para la mejora de las líneas de alta tensión de una finca de su propiedad en Castilla-La Mancha. La subvención se incardinaba en el lote de ayudas otorgadas por el Gobierno de esa comunidad en cumplimiento de la normativa estatal que busca proteger la avifauna frente a choques y electrocuciones en el tendido eléctrico.