Fue, sin dudas, una de las declaraciones vertebrales del último mensaje de Navidad del jefe del Estado: "Quiero transmitiros, como rey de España [...], la seguridad de que asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad". La promesa, reconocida en primera persona por el monarca, sirvió como sucedáneo a toda referencia al caso Nóos y a la eventual segunda imputación de la infanta. Y este sábado, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista en TVE, volvió a prometer que la institución cumplirá "con la letra y el espíritu" de la Ley de Transparencia y llegó a calificar de “injusto” que la acusen de "opacidad".
Pero, por ahora, esa autoexigencia no se traduce en hechos concretos. No hay mayor apertura de la Zarzuela, ni más respuestas a las incógnitas que aún quedan por despejar, ni más datos económicos que trasladar. Lo que queda es el compromiso genérico de que la Corona aplicará "con generosidad" la Ley de Transparencia, según explicó un portavoz a infoLibre, que se negó a responder a las preguntas concretas planteadas por este periódico.
La realidad es que la Corona ha ido abriendo sus puertas y ventanas en los últimos años de forma extremadamente lenta, muy medida y siempre como reacción a las insistentes reclamaciones de los grupos parlamentarios de izquierdas y como cortafuegos a las incesantes informaciones del caso Nóos y de escándalos como la cacería de lujo del rey en Botsuana.
Primero fichó, en 2007, a un interventor, Óscar Moreno, para que fiscalizase sus cuentas, aunque sin hacer públicos sus informes. Años después, cuando ya se percibía como inminente la imputación de Iñaki Urdangarin, en diciembre de 2011, la institución reveló el sueldo del monarca –292.752 euros brutos– y de su hijo –justo la mitad–, y desgranó en líneas generales cómo gasta la asignación del Estado que le llega a través de los Presupuestos. También intentó explicar, como pudo y sin dar la mayoría de los datos, la millonaria herencia que le dejó el conde de Barcelona, Juan de Borbón, al jefe del Estado.
Los puntos oscuros
Este diario preguntó por escrito a la Casa del Rey en qué se traduciría concretamente la promesa del monarca expresada el 24 de diciembre, qué pasos se iban a dar a partir de ahora. Y, yendo al detalle, inquirió si iba a dar a conocer ya el desglose de la partida presupuestaria de 2014 (7,77 millones, un 2% menos que el ejercicio anterior), si iba a facilitar el gasto de distintos ministerios en la Jefatura –y si, en caso de no tenerlos, los iba a requerir al Gobierno–, si contaba con algunos detalles más de la cuantiosa herencia de Juan de Borbón –por ejemplo, el volumen exacto del legado o si pudo comprobar fehacientemente que se pagaron los impuestos cuando el dinero se repatrió–, o si tenía previsto dar a conocer el patrimonio del rey y de su familia y publicitar las agendas de los miembros de la familia real, más allá de las audiencias públicas. Otra pregunta [ver cuadro adjunto] hacía referencia al uso de residencias propiedad de Patrimonio Nacional pero de utilización privativa del monarca y su familia. El Gobierno en su día alegó que no podía informar de la residencia que pudo emplear la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga de Juan Carlos, en la finca La Angorrilla del recinto de El Pardo, precisamente porque sólo da cuenta de aquellos monumentos y jardines a los que puede acceder el público.
Un portavoz de la institución contestó esto: "Los compromisos de transparencia y ejemplaridad enunciados por el rey en el mensaje de Navidad suponen la constatación de un proceso desarrollado durante los últimos años y que se intensificarán en el futuro. La Casa Real pidió voluntariamente estar incluida en la primera Ley de Transparencia aprobada en España y la piensa aplicar con generosidad, atendiendo no sólo a la letra, sino también al espíritu de la ley. A lo largo de 2014 y 2015, una vez que entre en vigor la ley, se irá ampliando la información económica que ofrece la Casa".
El paraguas de la ley
La monarquía, paradójicamente, se encuentra a resguardo por la propia Ley de Transparencia. En primer término porque, en efecto, aunque la norma ya está publicada en el BOE, no ha entrado en su integridad en vigor. Lo que ya está vigente es el Título II, el relativo al código de buen gobierno, exigible a los cargos públicos de los tres niveles del Estado (Gobierno central, ejecutivos autonómicos y locales). Pero el grueso del texto, los títulos I y II, que afectan a la información que deben proporcionar las administraciones públicas e instituciones (entre ellas la Corona) y que crean el Consejo de Transparencia –el órgano que debe velar por el cumplimiento de la ley–, no estará operativo hasta el 10 de diciembre de 2014. Si es que se cumplen los plazos, claro.
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No sólo eso. La disposición adicional sexta de la ley establece un filtro previo. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar todas las peticiones de información que obren en poder de la Casa del Rey.
Además, de la Jefatura del Estado –igual que de otras instituciones como Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas– se conocerán sólo sus actividades "sujetas a Derecho Administrativo". Es decir, se conocerá lo que gastan los ministerios en el sostenimiento de la monarquía, pero no el patrimonio o cuentas personales de sus miembros (una reclamación que incluso asumió el PSOE), cosa que sí ocurre con los parlamentarios, por ejemplo. Además, las peticiones de información a estas instituciones sólo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante el Consejo de Transparencia.
Por lo demás, la Casa del Rey hace hincapié en que el monarca ya empezará a tener una "agenda normalizada" tras sus dos últimas operaciones de cadera, dirigidas por Miguel Cabanela, cirujano de la estadounidense clínica Mayo. Sin embargo, no podrá prescindir de apoyos hasta la primavera. Juan Carlos presidirá hoy lunes, 6 de enero, la Pascua Militar en el Palacio Real –su primer acto público fuera de la Zarzuela tras su última intervención–, y el miércoles 8 recibirá al ministro nipón de Exteriores, Fumio Kishida, con motivo del Año Dual España-Japón. "Habrá mucha agenda oficial, del rey y del resto de miembros de la familia", subrayan fuentes de la Zarzuela.
remitió las siguientes siete preguntas al palacio de la Zarzuela. Como respuesta global a todas ellas, un portavoz aseguró que los compromisos de "transparencia y ejemplaridad" expresados por el rey en su discurso de Nochebuena son la "constatación de un proceso desarrollado durante los últimos años y que se intensificarán en el futuro", sin más concreción. La Casa Real promete "aplicar con generosidad" la letra y el espíritu de la Ley de Transparencia y, a lo largo de 2014 y 2015, irá "ampliando la información económica" de la institución.
Las cuestiones trasladadas a la Zarzuela y que ésta no responde son las siguientes:
1. ¿En qué se va a traducir concretamente ese compromiso del monarca enunciado en su mensaje de Navidad? ¿Qué gestos va a hacer a partir de ahora la Jefatura del Estado para demostrar esa apertura anunciada por el rey? ¿Hasta dónde llega la voluntad de la institución?
2. ¿Podemos conocer ya el desglose de la asignación presupuestaria de 2014, como en años anteriores? Si no es así, ¿cuándo lo va a proporcionar?
3. La Ley de Transparencia ya está aprobada y es cierto que los títulos I y III no entrarán en vigor hasta finales de 2014. No obstante, ¿puede facilitar la Zarzuela el gasto de diversos ministerios en la Jefatura del Estado? ¿Conoce la Corona el gasto, por ejemplo, de Defensa, Interior, Presidencia, Exteriores…? Si no cuenta con esos datos, ¿los va a reclamar al Gobierno para poder publicarlos en la web, de forma proactiva, y adelantarse así al cumplimiento de la ley?
4. En verano, la Casa del Rey explicó que no pudo “contrastar” si se cumplieron con todas las obligaciones tributarias una vez que el monarca repatrió la herencia de su padre, porque no había “papeles” que acreditasen el pago de esos impuestos, aunque existía la “convicción” de que así se había hecho. ¿Dispone la Zarzuela hoy de nueva documentación sobre el legado del conde de Barcelona, cifrado en unos dos millones de euros (375,62 millones de pesetas)? ¿Se ha podido precisar con detalle en qué se invirtió esa cantidad? Lo que se comunicó en julio es que se utilizó para pagar “deudas y obligaciones de los condes de Barcelona y en otros destinos”, básicamente en los cuidados de Juan de Borbón y de María de las Mercedes.
5. ¿Va a hacer público el rey (y el resto de la familia real) su patrimonio y sus bienes, de manera semejante a como hacen diputados y senadores, tal y como han reclamado los grupos de la oposición? ¿Se podrá tener acceso a su declaración de la renta, como han hecho, por ejemplo, el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición?
6. ¿La Ley de Transparencia va a permitir que se conozca el uso de residencias propiedad de Patrimonio Nacional pero de uso privativo del monarca o seguirá como hasta ahora, de forma que Patrimonio sólo informa de palacios y jardines abiertos al público?
7. ¿La Corona va a dar a conocer la agenda de reuniones de sus miembros, más allá de las audiencias públicas?