A quien no conozca Huelva, la capital de la provincia andaluza homónima, la imagen puede sorprenderle. No hace falta una visita: basta con asomarse a Google Maps o a cualquier otro programa de cartografía. Al lado de la ciudad, una enorme extensión de un material blanco cuyas dimensiones no palidecen comparadas a las de la propia urbe. Se trata de balsas de fosfoyeso, un residuo procedente de la generación de fertilizantes, que ocupan, aproximadamente, unas 1.200 hectáreas en las diversas marismas que forma –o formaba– el río Tinto a su paso por la localidad.
El material almacenado supera las 70 millones de toneladas en montañas que alcanzan los 25 metros de alto. "Es un desastre de primera magnitud", califica Rafael Gavilán, de la Mesa de la Ría, organización convertida en formación política que lleva desde 2002 denunciando la situación. Pero el debate no es de principios de siglo: se remonta a 1967, año en el que Franco decide convertir a Huelva en una potencia industrial y concede los terrenos para ser usados como vertedero. La concesión caducó en 2003, y hasta 2010 no se dejaron de depositar residuos allí.
El próximo 6 de noviembre, la Mesa de la Ría de Huelva, compuesta por organizaciones y asociaciones de distinta condición –pero con un único objetivo– ha convocado una manifestación que se prevé multitudinaria. "Contamos, después de tantos años, con todo el respaldo social", asegura Gavilán, el único concejal de la formación en el pleno del Ayuntamiento. La reacción social ha despertado por el reciente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que califica los terrenos –y otros muchos– como radioactivos, aunque sin peligro aparente para la salud. La mesa, sin embargo, asegura que la movilización ya estaba pensada: se cumple el 15 aniversario de la primera gran marcha en contra de las balsas de fosfoyesos. Los avances, desde entonces, han sido discretos.
Para entender el conflicto en su totalidad hay que volver a tirar de mapa. La ciudad de Huelva, una de las más antiguas de Europa occidental, está flanqueada por dos ríos, el Odiel y el Tinto. El primero deja a su paso el paraje natural, reserva de la Biosfera, de las marismas del Odiel: como todo humedal, un auténtico santuario de la biodiversidad. El Tinto, además de arrastrar metales y contaminación de las extintas y luego reabiertas minas, forma marismas como las del Pinar, las del Rincón y la de Mendaña: aquí, sin embargo, no hay espacio para ningún ecosistema. Millones de toneladas de fosfoyeso ocupan su lugar. Los residuos vienen del llamado polo químico, ubicado en la punta de la península entre las rías: un conjunto de industrias entre las que se encuentra Fertiberia, que produce fertilizantes y es la responsable del material depositado en la orilla del río.
Vista aérea de la ciudad de Huelva, con las balsas de fosfoyesos al sureste.
Fertiberia está obligada desde hace años a restaurar el ecosistema, bajo mandato de la Ley de Costas. Concretamente, desde 2003, año en el que caduca la concesión y el Ministerio de Medio Ambiente de la época insta a Fertiberia a dejar de verter fosfoyesos. El Gobierno tomó esa decisión ante, rezaba la orden, los "incumplimientos" de la empresa. La concesión limitaba las acumulaciones a montículos de unos metros de altura, no de 35: y prohibía subcontratar el espacio, algo que hizo, sirviendo de vertedero incluso para los residuos del accidente de Acerinox en Cádiz, contaminados del elemento radioactivo cesio-137. La compañía recurrió la decisión, y la determinación del Ejecutivo fue ratificada primero en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Supremo.
Desde 2010, en base a la sentencia de la Audiencia Nacional, Fertiberia tiene prohibido verter más fosfoyeso a las marismas del Tinto. Pero también le impuso la obligación de llevar a cabo la "regeneración ambiental" de la zona y presentar un plan cuyo aval ascendió hasta los 65 millones de euros: ratificado tras otro recurso desestimado de la empresa. Le ha ido bastante mal a la compañía de fertilizantes en los tribunales: en su primera acción judicial, a raíz de la decisión de 2003, argumentaba que los terrenos donde se encontraban las balsas no podían ser considerados dignos de protección porque, gracias a sus residuos, ya no eran marismas. "La alteración de las condiciones geofísicas del terreno perteneciente al dominio público marítimo terrestre, debido a la acción del hombre, concretamente la desecación de la marisma, es una cuestión ajena a la concesión y al recurrente concesionario pues, reiteramos, no adquiere derecho alguno derivado de dicha circunstancia", alegó la Audiencia.
El plan presentado por Fertiberia para la "regeneración ambiental" de la zona (concretamente de 700 de las 1200 hectáreas de balsas, las afectadas por la sentencia) consiste, en resumidas cuentas, en echar tierra por encima de la acumulación de fosfoyesos y plantar árboles. "La expresión 'regeneración ambiental' es ambigua", lamenta Gavilán, que pone un ejemplo para mostrar el rechazo de la Mesa de la Ría a las intenciones de la empresa: "Es como si edifico un chalet en una zona prohibida, me retiran el permiso y dejo allí los escombros". El Gobierno de Rajoy, con Tejerina (exdirigente de Fertiberia) como ministra de Medio Ambiente, consideró "idóneo" el proyecto. Sin embargo, en la actualidad, la restauración planeada requiere del visto bueno en primer lugar del Ejecutivo de Sánchez, y en segundo lugar, y como último recurso para los opositores, de la autorización de la Junta de Andalucía.
Los motivos del rechazo
¿A qué se debe el rechazo de organizaciones e instituciones a las balsas de fosfoyesos de Huelva? Los argumentos son medioambientales y de salud pública. En primer lugar, por la recuperación de lo que en algún momento fueron marismas, de incalculable valor ecológico. Hay, entre los onubenses, un recuerdo lejano de la zona como accesible y disfrutable para el baño: y un deseo de ver la zona parecerse, aunque sea mínimamente, a lo que son las marismas del río vecino, el Odiel. Y en segundo lugar, por el peligro intrínseco a los fosfoyesos.
"Los fosfoyesos son un enorme reactor químico en el que interactúan diversos residuos industriales como ácidos débiles arsenicales, los fosfoyesos negros, la ilmenita inacatada, las cenizas de pirita, los yesos rojos de Tioxide, el material contaminado con el isotopo radioactivo Cesio-137, etcétera… para los que nunca hubo autorización para su vertido", afirma la Mesa de la Ría. "El arsénico, considerado agente de cáncer, entra en contacto con el agua de la ría mediante filtraciones y contamina la cadena trófica", explica Rafael Gavilán.
No es nueva la búsqueda de relación entre el cáncer y las balsas de fosfoyesos. Según recogía El País el año pasado, muchos habitantes de las casas cercanas al depósito de residuos están convencidas de que sus dolencias y las de sus amigos, vecinos y familiares son responsabilidad de Fertiberia. Huelva es una de las provincias con mayor incidencia del cáncer del país: sin embargo, es complejo demostrar una vinculación causa-consecuencia, puesto que este conjunto de enfermedades se ven influenciadas por otros factores más vinculados con el nivel socioeconómico, los hábitos de vida o la contaminación atmosférica.
Lo que sí está demostrado es que, mediante un proceso llamado lixiviación, la ría queda intoxicada por las balsas, que se construyeron en la orilla del estuario sin ninguna barrera impermeable. Fue la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Universidad de Huelva, junto al CSIC, en un estudio publicado en mayo de 2018. Hay otros peligros, vinculados a los posibles fenómenos meteorológicos extremos que puede sufrir la zona (y que aumentarán en intensidad y frecuencia por el cambio climático): los riesgos de inundaciones, subida de nivel del mar, grandes temporales o –incluso– tsunamis provocados por terremotos.
La Comisión de Expertos nombrada por el Ayuntamiento de la ciudad andaluza asegura en su informe que, además de que los montículos de más de 30 metros sufren fallas estructurales y riesgos de colapso, el vertedero industrial es mucho más sensible a los tsunamis que lo que reconocía el informe encargado por Fertiberia para su plan de cubrir con tierra los fosfoyesos. Los expertos tachan el documento presentado por la empresa de "lleno de imprecisiones", especialmente en el capítulo destinado a los fenómenos extremos. El documento viene a demostrar que, pese a no contener pólvora, las balsas son un auténtico polvorín.
La defensa de las empresas
Las empresas del polo químico de Huelva están organizadas para defender sus intereses bajo el paraguas de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). Su gerente, Rafael Romero, escribió en 2005 un libro titulado Fosfoyesos de Huelva: ni son residuos, ni son radioactivos. Ahora contesta a las preguntas de infoLibre. Sobre el proyecto de restauración de Fertiberia, asegura: "Es el que la Audiencia Nacional ha elegido como idóneo. En las alegaciones se han presentado otras propuestas y la Audiencia se ha decantado por este que Fertiberia se ha limitado a desarrollar y plasmar para su ejecución siguiendo sus instrucciones".
Niega que los fosfoyesos sean un residuo, sino un "subproducto" a emplear "donde sea rentable". Relativiza las filtraciones a la ría, asegurando que no suponen más de un 1% "del aporte del Tinto y Odiel en el peor de los casos posibles indicados en esos estudios" y afirma, además, que el proyecto de la compañía pretende reducirlas al 0%. Defiende que las marismas estaban degradadas antes de la llegada del polo químico a la ciudad, ya que "a finales del siglo XIX se trataron con pirita, cenizas y aceites para eliminar el paludismo, que era endémico", como asegura. Echa la culpa a la minería de la zona: "Todos los suelos afectados por las aguas del Tinto y Odiel en sus orillas tienen un alto contenido de metales procedentes del drenaje ácido Minero durante miles de años y que continúa por las minas abandonadas, es una característica de los lodos y orillas de estos ríos", afirma.
El Gobierno manda un ultimátum a Fertiberia para que pague los 66 millones que le exige la justicia tras décadas de vertidos
Con respecto a los diversos varapalos que ha recibido Fertiberia en sede judicial, Romero los achaca a una falta de "entendimiento" entre diversas administraciones, y asegura que para establecer un régimen de circuito cerrado en el que se consiguiera el "vertido cero", intención de la empresa en los 90, había que ampliar el límite de la concesión, creando montañas de decenas de metros en la zona.
Reunión con el Gobierno
La Mesa de la Ría tuvo una primera entrevista con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a principios de octubre. La sensación de la organización, afirma Gavilán, es que el Gobierno entrante no era demasiado consciente del conflicto social y el problema medioambiental. Sin embargo, el Ejecutivo les ha citado a otra reunión el próximo 5 de noviembre, en la víspera de la manifestación: ahí los activistas sí que esperan buenas noticias. O, al menos, el avistamiento de una solución para un problema que lleva décadas varado. Del Gobierno depende dar el visto bueno a la "capita de tierra" (como la Mesa de la Ría afirma irónicamente) que Fertiberia pretende poner sobre las balsas, o, por el contrario, rechazar el proyecto y exigir una restauración completa y mejor.
A quien no conozca Huelva, la capital de la provincia andaluza homónima, la imagen puede sorprenderle. No hace falta una visita: basta con asomarse a Google Maps o a cualquier otro programa de cartografía. Al lado de la ciudad, una enorme extensión de un material blanco cuyas dimensiones no palidecen comparadas a las de la propia urbe. Se trata de balsas de fosfoyeso, un residuo procedente de la generación de fertilizantes, que ocupan, aproximadamente, unas 1.200 hectáreas en las diversas marismas que forma –o formaba– el río Tinto a su paso por la localidad.