Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Presentada este miércoles en la Audiencia Nacional, la querella cifra en más de 60 millones las pérdidas que entre 2006 y 2015 acumularon Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA) y el fondo Inicap I. Siempre bajo control accionarial del Ejecutivo madrileño, CRM e Inicap se embarcaron en sucesivas operaciones que no solo resultaron ruinosas para el erario autonómico sino que, por sus características, implicaron según los querellantes un auténtico y deliberado desvío de fondos.
Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.
Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público
El empresario Javier López Madrid aparece como figura central en uno de los apartados clave de la querella: el funcionamiento del fondo de capital riesgo Inicap. Constituido en 2006, una empresa participada por el yerno de José Miguel Villar Mir, Möbius SGECR, asumió desde el inicio la dirección del fondo por adjudicación del Gobierno madrileño. A su vez, Möbius encomendó la gestión directa de Inicap a una segunda empresa de la que López Madrid era único accionista, Financiera SIA Capital.
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Bajo investigación judicial después de que el arrepentido David Marjaliza declarase que esa fue la empresa utilizada por López Madrid para canalizar comisiones ilegales del Metro de Madrid, SIA cobró de Möbius 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014, como desveló este periódico en enero. De esos 1,76 millones, al menos 600.000 euros procedían directamente de Inicap. El fondo público madrileño dejó de presentar cuentas al Registro Mercantil en 2010. A partir de ese año, sus inversiones constituyen un misterio. Según el Ejecutivo autonómico, que ostentaba el 66% de las acciones del fondo mientras que el otro tercio estaba en manos de la Cámara de Comercio, Inicap acarreó al erario madrileño pérdidas de 9,3 millones. Los querellantes, que sustentan sus acusaciones en documentos mercantiles públicos, computan las pérdidas globales de Inicap, más de 17 millones.
La querella también pone el foco sobre las inversiones efectuadas por CRM en distintas empresas del sector textil y de la moda que acarrearon a la empresa pública pérdidas millonarias. En algunos casos, las empresas beneficiadas acababan de constituirse con aportaciones no dinerarias –especialmente marcas de moda– que, según los querellantes, se sobrevaloraron para justificar elevadas primas de emisión en la compra de títulos adquiridos con el dinero de la Comunidad de Madrid. Entre los modistas que CGT y CODE consideran corresponsables de la presunta malversación figuran dos de los diseñadores más conocidos de las pasadas décadas, Javier Larrainzar y Miguel Palacio, que tras el estallido de la crisis se confesaron arruinados. La querella también afecta a los principales responsables de Artesanos Camiseros, que cerró a finales de 2012, y a los principales accionistas de Grupo Nupcial Novíssima.
Entre aquellos contra quienes se dirige la querella se cuentan los cuatro consejeros de Economía que dirigieron ese departamento entre 2006 y 2015: Fernando Merry, Antonio Beteta, Pervival Manglano y Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.