Radiografía judicial sobre la inmigración: más menores extranjeros no acompañados, CIE bajo sospecha e incremento de los delitos de odio

En el año 2016 llegaron a España 588 menores extranjeros no acompañados, una cifra que supone un 42,02% más que el año 2015 y un 163% más que en 2014. Así se desprende de la memoria de la Fiscalía General del Estado presentada este martes, en la que se añade que, de esta cifra, el 95,01% eran hombres, en su mayoría de Argelia (un 37%), Marruecos (un 31,29%), Costa de Marfil (10,54%) y Guinea (5,44%). 

Según los datos de la Fiscalía, a fecha 31 de diciembre de 2016 figuraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 3.997 niños, que se encuentran en tutela o acogidos por los servicios de protección estatales. Esta cifra supone un incremento de un 19.63% respecto a 2015, cuando el número de registrados fue de 3.341 menores.

Este significativo aumento del número de menores extranjeros que llegaron a España sin la compañía de un adulto fue calificada de "muy preocupante" por el propio organismo y por organizaciones no gubernamentales. De esta manera, Paula San Pedro, responsable de incidencia humanitaria de Oxfam Intermón, ya declaró que España tiene que abandonar "su actitud vergonzosa en este tema, se comprometa a acoger más refugiados y ofrezca protección a los menores no acompañados".

De la misma manera, la organización Save the Children ya denunció el año pasado la vulneración de derechos y la desprotección que sufren los menores extranjeros no acompañados y los refugiados en España. "España no está cumpliendo con su obligación legal de proteger a los niños que llegan a nuestro país, anteponiendo su condición de inmigrantes a la de menores de edad.  No existe voluntad política ni personal especializado en infancia para identificar a los niños que se encuentran en peligro y darles la protección necesaria", escribió la ONG en un comunicado. "No todos los niños que llegan solos son tutelados, en muchas ocasiones el sistema les excluye y les abandona sin ningún apoyo", añadieron.

El Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados, cuestionado

En este sentido, en el año 2014, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy firmó un protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) destinado a regular las actuaciones de las administraciones y la coordinación de las mismas a la hora de atender a este colectivo de refugiados de especial vulnerabilidad. La normativa establece que, cuando un joven llega a España sin documentación y su minoría de edad no es evidente, habrá que realizar uns serie de pruebas médicas que determinen su edad. Sin embargo, en la práctica, varias ONG denuncian que este procedimiento se llevan a cabo aunque estas personas lleguen a España con pasaporte o con algún otro tipo de identificación. 

El Defensor del Pueblo, de esta forma, criticó en el año 2015 que se sometiera a este tipo de pruebas a jóvenes no acompañados cuya minoría de edad se desprendiera de la documentación que les acompañaba. Pese a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que prohibía estas prácticas, la institución denunció entonces que se continuaban llevando a cabo. "Un inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad", estableció el tribunal. 

De manera paralela, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó a trámite una demanda presentada por la Fundación Raíces, que consideraba una "clara contradicción", según informó Europa Press, la jurisprudencia sentada por el Supremo y las prácticas realizadas al amparo del protocolo de 2014. Esta normativa no daba por válidos los documentos de los menores, según entendía la Fundación, realizando pruebas médicas que, con el margen de error, podían provocar que un joven de 15 años pasara por uno de 19. 

Según explica la Fiscalía en su memoria, tras ser desestimado el recurso de la Fundación en la Audiencia Nacional, en este momento el Tribunal Supremo se encuentra resolviendo el recurso de casación. 

En este sentido, la memoria presentada este martes refleja que durante el pasado año 2016 se iniciaron 2.971 diligencias destinadas a determinar la edad de los jóvenes que llegaban a España sin la compañía de un adulto, lo que supone un incremento de un 17,01% (432 casos más si se explica en términos absolutos). 

Por otro lado, de todos los menores no acompañados llegados a España, según la memoria de la Fiscalía consta que 825 menores han abandonado voluntariamente los servicios de protección, es decir,  figuran "en fuga" y con un paradero desconocido.

Pruebas de ADN para evitar la trata de seres humanos

De forma paralela, en el año 2016 se produjo un repunte del 81,35% del número de bebés o niños de corta edad –un total de 107– que han llegado a las costas españolas a través de pateras acompañados de adultos que afirmaban ser sus padres o madres.

Esta relación biológica se confirma a través de pruebas de ADN orientadas a evitar la trata de seres humanos con fines sexuales, laborales o delictivos, ya que un resultado negativo en estos exámenes podría significar que estos menores han sido secuestrados. El año pasado, según la Fiscalía, se realizaron 248 pruebas de este tipo que confirmaron la relación biológica entre el menor y el adulto acompañante en un total de 244 ocasiones. 

Aumenta el número de extranjeros internados en los CIE

Durante el año 2016, los fiscales emitieron un total de 9.198 informes relativos al internamiento cautelar de los inmigrantes llegados a España. De esta manera, según se desprende de la memoria, se mantiene la tendencia alcista iniciada en 2015 con un aumento del 12,47% de los informes a favor del internamiento y un descenso del 39,54% de aquellos contrarios a esta medida. 

Así, según la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), un total de 7.597 personas ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De ellos, 6.305 fueron expulsados de España, es decir, el 82,99%. 

Los motivos de este aumento, según los propios fiscales, tiene relación directa con la cantidad de inmigrantes que se encontraban en un proceso de devolución por haber sido localizados "al tratar de entrar clandestinamente en España, especialmente por vía marítima", según la memoria correspondiente a 2016. 

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son señalados tras ser visitados por los fiscales

En cuanto al estado en el que se encuentran los inmigrantes en los CIE, la Fiscalía señala que, tras 17 visitas efectuadas a los siete centros españoles –en Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia–, se han encontrado numerosas deficiencias que dificultan la vida de los extranjeros. Así, el CIE de Barcelona y el de Murcia tuvieron que estar cerrados varios meses por obras de acondicionamiento y mejora que se estaban realizando. No obstante, tras la posterior apertura del centro de Barcelona, la Fiscalía advirtió del mal estado de las dependencias del servicio sanitario, así como de la escasez de mobiliario que facilite la habitabilidad de los dormitorios de los internos y de los espacios dedicados al recreo y al ocio.

Además, el CIE de Algeciras se ha visto obligado a cerrar habitaciones y patios por su mal estado de mantenimiento, obligando a reducir el número de inmigrantes que se encontraban allí. Estas personas fueron trasladadas de manera excepcional a un edificio anexo, aunque la Fiscalía informa de que esta "excepcionalidad" ya dura varios años. 

De manera contraria, el centro de Madrid se encuentra sobresaturado, por lo que los fiscales solicitan "la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones, compuesto de instalaciones amplias adecuadas a las necesidades de los internos para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar". 

Por su parte, los centros de la ciudades de Valencia y Tenerife tuvieron que ser cerrados también para resolver sendas plagas de chinches.

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La Fiscalía, por otro lado, también ha alertado del aumento de los delitos de odio, incluyendo en éstos los ataques por motivos racistas, xenófobos, antigitanos y homófobos. Según apunta en su memoria, este tipo de delitos han experimentado un "cierto incremento" al amparo de Internet y las redes sociales. Éstas, a su entender, "permiten no sólo la organización de grupos racistas y xenófobos, sino también la amplia e inmediata difusión de su ideología de odio y, en la mayoría de los casos, su impunidad o cuando menos la extraordinaria dificultad de investigación".

De esta manera, durante todo el año 2016, la Fiscalía ha abierto un total de 82 diligencias relativas a delitos de odio, lo que representa un 26% del total de las investigaciones iniciadas. Por tanto, se mantiene la tendencia alcista que comenzó en 2013 (con 10 expedientes abiertos) y continuó en 2014 (23 investigaciones) y 2015 (con 50 expedientes). 

En total, la Fiscalía realizó un seguimiento sobre 415 procedimientos judiciales sobre delitos de odio cometidos a través de medios físicos u online, de los cuales 37 fueron por provocación al odio, la violencia o la discriminación. En cuanto a los motivos de la discriminación, los fiscales indicaron que se pueden señalar de manera fundamental al racismo y a la xenofobia, tras los cuales se situarían la orientación y la identidad sexual.