El cuartel general del Partido Popular hace tiempo que tiene preparada la hoja de ruta con la que pretende torpedear la ley de amnistía, cuya tramitación ha pactado el PSOE con Junts a cambio del apoyo de esta formación a la investidura de Pedro Sánchez. Los detalles de la futura ley no se conocerán hasta la semana que viene, pero los de Alberto Núñez Feijóo están convencidos de que hallarán en su articulado elementos suficientes para denunciar su contenido, primero ante el Tribunal Constitucional y después en la ventanilla de las instituciones europeas, incluidos los tribunales europeos de justicia. “Lo haremos con todos nuestros recursos, ante todas las instancias y en todos los ámbitos”, advierte el líder del partido desde hace semanas, aunque en realidad casi todas sus esperanzas están puestas en Bruselas.
Es allí, en las reglas de cumplimiento del estado de Derecho, cuya aplicación en todos y cada uno de los 27 países miembros vigila la Comisión Europea, donde el PP cree que puede hallar un asidero para obligar a Pedro Sánchez a dar marcha atrás.
La esperanza del PP no está puesta en que la Unión Europea se preocupe por la cancelación de las consecuencias judiciales y administrativas de las personas que de una u otra forma tuvieron algo que ver con el procés independentista, aunque ese asunto también formará parte del argumentario que preparan para trasladar al gobierno comunitario y, en su caso, a los tribunales de la Unión. Es un asunto de “competencia nacional”, tal y como ha señalado repetidamente el comisario de Justicia, Didier Reynders, dando pocas esperanzas a los contrarios a la amnistía.
Donde sí creen que pueden captar la atención de Bruselas es en la cancelación de las condenas y causas abiertas en relación con delitos económicos relacionados con el procés y que el Código Penal español tipifica dentro de la malversación de dinero público. “En Europa estamos muy involucrados en la lucha contra la corrupción”, advierte Reynders cuando se le pregunta por este asunto.
En busca del descrédito
Del cumplimiento de las normas sobre el estado de Derecho, entre las que está la lucha contra la utilización del dinero público para fines no previstos, depende la llegada del dinero de los planes de recuperación de la Unión, pero no solo. Una eventual sanción por este motivo tendría consecuencias en la reputación de España y daría lugar a multas como las que han tenido que afrontar países como Polonia y Hungría.
Donde la derecha tiene pocas esperanzas de impedir la aplicación de la ley de amnistía es a través del Tribunal Constitucional, a pesar de que uno de sus principales argumentos es que el perdón que PSOE y Junts propondrán al Congreso es contrario al principio de igualdad y a la independencia judicial consagrados por la Carta Magna.
La razón es que consideran que se trata de un “tribunal de parte”, como señaló este viernes el vicesecretario de Organización del PP y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado. “Pedro Sánchez y su Gobierno lo han invadido todo”, aseguró en una entrevista en TVE en la que consideró “evidente” esta afirmación basándose en “el comportamiento que ha tenido el Constitucional y las injerencias del Gobierno”. Y olvidando, deliberadamente, que el TC tiene ahora una mayoría progresista, como la tuvo conservadora durante años, en aplicación de la misma ley reguladora.
En su ofensiva europea, el PP —y también Vox, que defiende la misma estrategia— da por hecho que contará con el apoyo, en paralelo, de las asociaciones de jueces y del Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría mantiene ilegalmente bajo control desde hace cinco años, pero al que paradójicamente reconoce más legitimidad que al Constitucional. Los de Feijóo dan mucho valor al comunicado que la judicatura difundió en contra del pacto PSOE-Junts, del que deducen un acuerdo para que el legislativo se entrometa en las decisiones de los tribunales que no existe en el documento suscrito por ambas formaciones.
Abrir una vía de agua
Este es uno de los motivos por los que Génova confía en que los tribunales de justicia, en particular el Supremo, le ayuden a boicotear la aplicación efectiva de la futura ley de amnistía y, a través de ella, abrir una vía de agua en la legislatura. En el PP están convencidos de que la legislatura que viene “será ingobernable” y se preparan a contribuir todo lo posible a que Sánchez no tenga más remedio que convocar elecciones anticipadas.
Entretanto, el PP se esforzará todo lo posible en deslegitimar la iniciativa y aplicar a su tramitación todas las dificultades posibles. Los de Feijóo se opondrán a que la mesa del Congreso le dé trámite y, cuando llegue al Senado —donde controlan la Cámara—, tendrán que tomar ellos mismos una decisión delicada, porque se encontrarán con un escrito de Vox pidiéndoles que se nieguen a tramitarla.
La posición de la extrema derecha es de máximos. Su líder, Santiago Abascal, llama a la policía a incumplir las órdenes de sus superiores y anticipa un grave desafío: esto solo puede acabar de dos maneras, dijo esta semana en rueda de prensa: “O con el dictador en el banquillo, o con los que nos oponemos en la cárcel”.
Para retrasar la ley, el PP se ha embarcado en una reforma urgente y, según algunos expertos, ilegal, para cambiar el reglamento del Senado, las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara Alta. Con su la mayoría absoluta que le dieron las urnas el 23 de julio podrá además rechazar el proyecto en su totalidad, pero, muy a su pesar, no tiene en su mano impedir que la iniciativa vuelva al Congreso y sea allí definitivamente aprobada, porque es la Cámara Alta la que dice siempre la última palabra sobre las normas legislativas.
Movilización
Entretanto, y para dar más entidad a su oposición a la amnistía, el PP, con la ayuda de Vox, se centra en una combinación de planes que incluye movilizaciones en la calle y la exhibición del poder que ha acumulado en comunidades autónomas y ayuntamientos.
Los gobiernos autonómicos del PP de Cantabria, Balears, Murcia y Galicia ya han solicitado públicamente una reunión de la Conferencia de Presidentes para mostrar su rechazo a los acuerdos que el PSOE ha firmado con Junts y Esquerra, especialmente en materia de financiación y de amnistía. Todas las comunidades del PP apoyarán la propuesta, empujadas desde Génova, suficientes para obligar al presidente del Gobierno a convocar un encuentro.
El PP: "El Constitucional es un tribunal de parte porque Sánchez y su Gobierno lo han invadido todo"
La Conferencia de Presidentes no puede impedir la aprobación y aplicación de la amnistía, porque no está entre sus competencias. Como tampoco entra dentro de las que tienen atribuidas los parlamentos autonómicos o los ayuntamientos. Pero ofrece al PP una plataforma más desde la que oponerse a Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios. A través de las instituciones, igual que con movilizaciones en la calle —este domingo han convocado concentraciones en las 52 capitales de provincia—.
El objetivo en ambos casos no es otro que instalar en la opinión pública el núcleo de los argumentos del PP contra los pactos que ha suscrito el PSOE con otras fuerzas parlamentarias de cara a la investidura.
A corto plazo, de aquí a la votación que previsiblemente reelegirá presidente a Sánchez, el PP incrementará la presión sobre los diputados socialistas, especialmente sobre aquellos cuyos líderes territoriales critican abiertamente la amnistía, como es el caso de los que fueron elegidos por las circunscripciones castellanas manchegas. No tanto porque confíen en una traición a su partido como porque les ayude a alimentar la narrativa de unos acuerdos perjudiciales para el conjunto de España y de un presidente supuestamente sometido al chantaje de los independentistas.- En palabras de la fundación FAES, que preside José María Aznar, “el margen para las declaraciones de los que realmente se oponen a esta indignidad está ya más que agotado. Ya sólo cabe juzgar hechos, no palabras”.
El cuartel general del Partido Popular hace tiempo que tiene preparada la hoja de ruta con la que pretende torpedear la ley de amnistía, cuya tramitación ha pactado el PSOE con Junts a cambio del apoyo de esta formación a la investidura de Pedro Sánchez. Los detalles de la futura ley no se conocerán hasta la semana que viene, pero los de Alberto Núñez Feijóo están convencidos de que hallarán en su articulado elementos suficientes para denunciar su contenido, primero ante el Tribunal Constitucional y después en la ventanilla de las instituciones europeas, incluidos los tribunales europeos de justicia. “Lo haremos con todos nuestros recursos, ante todas las instancias y en todos los ámbitos”, advierte el líder del partido desde hace semanas, aunque en realidad casi todas sus esperanzas están puestas en Bruselas.